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Día mundial del Agua
El derecho
de acceso al agua
es el
derecho a la vida |
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Denis Meléndez |
En ocasión del Día Mundial del
Agua, Nicaragua se enfrenta a un gran reto y al mismo tiempo, a un gran
peligro.
La Asamblea
Nacional va a terminar en estos días de aprobar la Ley General de Aguas
Nacionales y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
Sanitarios (ENACAL) pretende implementar una política pública sobre
el recurso hídrico. Las diferentes organizaciones de la sociedad civil se
han movilizado para presentar sus planteamientos frente al futuro de ese
recurso tan esencial para la vida, pero también para denunciar su
explotación indiscriminada y los abusos que se siguen perpetrando. Además,
alertaron sobre el peligro de que estas medidas institucionales que se están
tomando sin un diálogo abierto con la ciudadanía, puedan abrir el camino a
la privatización, lo que consideran sería un verdadero crimen social.
La
Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua (CODA) y el Comité
de Acción Global organizaron un foro-debate con la participación de
diferentes actores sociales comprometidos con la lucha por el derecho de
acceso al agua y dieron a conocer una carta abierta que enviaron al
presidente de la República, Daniel Ortega, sobre ese tema. En esta
carta plantearon que “el
agua es un recurso natural, limitado, esencial para la vida de las personas
y el medio ambiente. El agua es un derecho humano, y por tanto el Estado
tiene la obligación de su suministro en cantidad y calidad. El agua es un
derecho universal irrenunciable, al cual todas las personas tenemos derecho
a acceder en calidad y cantidades necesarias. En Nicaragua, a
partir de la aprobación en lo general de la Ley General de Aguas Nacionales
en febrero del 2005, se corre el riesgo de que miles de personas no tengan
acceso a este vital liquido. El 23 de noviembre 2006 se aprobó en lo
particular hasta el artículo 45 de dicha norma. Con este acto, quedan
establecidas las bases para que la privatización de los recursos hídricos
sea una realidad en Nicaragua en detrimento de la calidad de vida que
nos merecemos los y las nicaragüenses”.
Según los organizadores del Foro, el
artículo 4
de la nueva ley establece que “el servicio de agua potable no será objeto de
privatización alguna, directa o indirecta, y será considerado siempre de
carácter público. Su administración, vigilancia y control estará bajo la
responsabilidad y tutela del Estado a través de las instituciones creadas
para tales efectos o de las que se creen en el futuro”. La modificación que
propusieron y que no fue tomada en cuenta por los legisladores, tenía el
objetivo de que no sólo se garantizara la no privatización del servicio de
agua potable, sino también del recurso Agua y del servicio de saneamiento,
plasmando esta propuesta de la siguiente forma: el agua y su ciclo
hidrológico como patrimonio nacional no serán objeto de privatización
alguna, directa o indirecta.
El agua
potable para uso doméstico, medicinal y para acueductos, y los servicios o
actividades relacionados con esos usos, como el saneamiento, no serán
entregados bajo figura ni forma alguna a la empresa privada. Estos servicios
son de carácter público bajo prestación exclusiva del Estado o las
Municipalidades. Su administración, vigilancia y control estará bajo la
responsabilidad y tutela del Estado a través de las instituciones creadas
para tales efectos”. Al ser aprobado de la manera en que está planteado, las
organizaciones pedirán al presidente de la República de que vete la ley para
que sea reformada.
Atentado contra los recursos
hídricos
El foro no
planteó solamente el riesgo de una privatización del agua y de la creación
de una política pública que no ha sido consultada con la población, sino que
el problema del agua hay que verlo de manera integral.
Carmen Ríos,
presidenta de la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia
Renal Crónica (ANAIRC) recordó como “en el occidente de Nicaragua,
a causa de los agrotóxicos sintéticos que se utilizan en los cañaverales, se
ha contaminado el manto acuífero y han muerto miles de personas. Otras miles
están sufriendo de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y el Ingenio San
Antonio ha perforado unos 300 pozos para abastecer sus cultivos y su
producción. Nadie ha estado cuidando de ese recurso ni se ha interesado por lo
que estaba pasando. Esta situación se repite en todo el país y no podemos
seguir sólo quejándonos de que no hay agua, sino que tenemos que denunciar
que las grandes empresas se están aprovechando de ese recurso y lo están
destruyendo. No podemos seguir teniéndoles miedo sólo por el hecho de que
nos dan trabajo, porque además de darnos trabajo, nos están quitando la
vida”.
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Gustavo Ruiz |
El problema
de la contaminación por agrotóxicos no se limita al occidente del país. El
profesor Gustavo Ruiz de la Red en Acción de Plaguicidas
presentó el caso del Río Aranjuez, que se encuentra dentro de una
microcuenca protegida legalmente como reserva natural y designada para
suministrar agua potable a la ciudad norteña de Matagalpa. En el 2005, el
Ministerio del Ambiente (MARENA) detectó en dos puntos del río
fuertes presencias de DDE (metabolito del DDT), Endosulfan, DDT, Heptaclor y
de Lindano. Tres de estos contaminantes están prohibidos en Nicaragua
y en gran parte del mundo y hasta la fecha no se tiene conocimiento de las
acciones emprendidas por el gobierno pasado, para investigar los hechos y
mitigar el desastre ambiental.
Según
Denis Meléndez del
Centro de
Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) “el país
necesita una Ley General de Aguas Nacionales, porque los grandes usuarios de
aguas, las grandes empresas que explotan el recurso hídrico, no pagan nada.
Las maquilas, los ingenios azucareros, los arroceros, las empresas
embotelladoras, las licoreras, las cerveceras, las industrias lácteas, todos
ellos perforan sus pozos, se abastecen del agua y no pagan. Es importante
que comiencen a pagar lo que consumen y que inviertan parte de las
utilidades en la “cosecha del agua”, es decir, remediar parcialmente el daño
ocasionado”.
Además,
Meléndez denunció el hecho de que la Política Pública sobre recursos
hídricos que ENACAL pretende aprobar es algo que se elaboró en total
secretismo y sin la participación de la ciudadanía, que no va a tener
ninguna posibilidad de pronunciarse sobre esa política. “Pedimos también
–concluyó Meléndez– que en todas estas políticas se recojan las
necesidades del campo, porque es donde el problema del agua es más urgente y
complejo. Ahora se va a poner más difícil con los proyectos que se están
comenzando a impulsar para producir biodiesel, a través de la siembra de
palma aceitera y caña. Se está impulsando también la siembra de eucaliptos y
en diferentes lugares, ya las bombas no levantan el mismo chorro de agua de
antes y en el futuro el problema va a ser mucho más grave. Para nosotros es
importante poder incidir. Tenemos ideas concretas y queremos aportar, porque
de eso se trata cuando hablamos de participación ciudadana ”.
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En Managua,
Giorgio Trucchi
© Rel-UITA
22 de marzo de 2007 |
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Fotos: Giorgio Trucchi
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