La conciencia de que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental viene despertando en la población mundial y enfrenta la ola privatizadora que están impulsando los estados nacionales. Estas privatizaciones implican beneficio exclusivo para unas pocas transnacionales que quieren apoderarse de este indispensable recurso natural para la vida de la humanidad y del planeta en su conjunto.

 

La UITA ha trabajado intensamente el tema del agua como uno de los derechos fundamentales de la humanidad, librando en el pasado reciente una campaña de educación e información, por ejemplo, sobre el Acuífero Guaraní en el sur latinoamericano. En la actualidad se ha incorporado con mucha fuerza, como también lo ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a la gran campaña de apoyo al referéndum constitucional colombiano para consagrar el derecho humano fundamental al agua potable, un mínimo vital gratuito, la gestión indelegable y directa del agua y la protección especial para los ecosistemas esenciales para el ciclo hídrico. De esta forma, la UITA y la CUT pasan a forman parte del Comité Nacional de la Defensa del Agua y la Vida en Colombia.

 

El referéndum por el agua se apoya en la pretensión de desarrollar el Título Primero de la Constitución que trata “De los principios fundamentales” de la siguiente manera:

 

“TITULO PRIMERO: DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. El Estado debe garantizar la protección del agua en todas sus manifestaciones por ser esencial para la vida de todas las especies y para las generaciones presentes y futuras. El agua es un bien común y público”.

 

El asunto de los derechos humanos siempre ha estado asociado a la condición especial de cada ser, a su dignidad, y de ella se desprenden un sinnúmero de libertades y derechos que, en conjunto, buscan salvaguardar la esencia de cada hombre y cada mujer, poniendo en algunos casos limites, obligaciones y deberes al Estado y a los demás sujetos que conviven dentro de una comunidad.

 

Estos derechos han sido el fruto de la lucha incansable de la humanidad por alcanzar unas condiciones de vida adecuadas, no sólo a nivel individual, sino también colectivo, y por ello se buscó su consagración expresa como tales, a través de declaraciones universales y de normas de obligatoria observancia y respeto, para lograr una mayor garantía y protección.

 

Pero el tema de los derechos humanos fundamentales trasciende los modelos políticos y jurídicos creados por las sociedades organizadas. Es un asunto de ética, de decencia, de naturaleza, que no puede supeditarse a la elaboración previa de un mandato normativo. Su existencia es simultánea con la vida misma.

 

El agua, por ser esencial para los seres humanos, se encuentra íntimamente relacionada en cuanto a su acceso, suministro y potabilidad al desarrollo de la vida en condiciones dignas. La carencia de líquido, la falta de un abastecimiento continuo para los usos personales y domésticos, la negación a su acceso por razones de sexo, raza, edad, condición social o factores de tipo económico, sus usos no adecuados a las prácticas y costumbres de las comunidades y su insalubridad, son factores que atentan directamente contra la vida de las personas y de las poblaciones. El líquido debe ser garantizado en todos estos aspectos, pues su negación por acción u omisión o por falta de acciones positivas del Estado para su garantía, clara y ostensiblemente, atentan contra la dignidad de todos los seres humanos sin distinción alguna.

 

Las situaciones anteriores dan muestra de que el líquido no puede ser concebido como un simple compuesto, ni como un elemento importante para la elaboración de estrategias, ni como un recurso natural renovable, ni como un bien comercial, una mercancía, ni exclusivamente como bien económico, concepciones todas unilaterales que en algunos casos han impuesto políticas públicas y marcos normativos que no contienen una visión humana, social y sostenible de la relación entre los seres humanos y el agua

 

Por ello, considerar el agua potable como un derecho humano garantizado a través de un mínimo vital gratuito, implica un manejo público transparente y participativo del agua, frente a los riesgos de la privatización. Reconocer el valor cultural del agua para todo el pueblo colombiano, y en particular para las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas, que incluso la consideran sagrada, y finalmente reclamar la protección especial de los ecosistemas estratégicos en el ciclo hidrológico, constituye en un camino cierto para la construcción de una sociedad y un Estado más justos, democráticos y ambientalmente sustentables.