"La empresa, sus accionistas y sus empleados tienen la ambición y la ilusión de seguir inaugurando muchas más obras en el futuro para darle agua y cloaca a la población que lo necesita", aseguró ayer el director general de Aguas Argentinas, Jean-Bernard Lemire.

Las declaraciones del directivo se producen en medio de las tensas negociaciones entre la distribuidora y el Gobierno argentino para acordar nuevas condiciones al contrato de concesión firmado en 1993.

La puja entre el Gobierno y los accionistas de la firma se centra en las tarifas, que están congeladas desde inicios de 2002, cuando estalló una severa crisis económica en el país.

"Hoy se habla mucho de responsabilidad social de las empresas. Pensamos que es nuestra responsabilidad acompañar a las autoridades y pensar juntos soluciones", dijo Lemire al inaugurar obras de expansión de la red cloacal a las afueras de Buenos Aires.

"Como empresa, somos parte de esta comunidad, y con nuestra experiencia y nuestras capacidades no sólo podemos sino también queremos participar activamente de la construcción de un futuro mejor y sostenible para todos", añadió.

Entretanto, los trabajadores de la empresa convocaron para este martes, a una huelga y una marcha hasta la sede de la compañía para reclamar aumentos salariales y en "defensa de los usuarios" por la "precariedad" del servicios de aguas y cloacas debido a la falta de inversiones.

Con todo, Lemire aseguró que los 4.000 empleados de la compañía "están orgullosos del trabajo realizado en los últimos doce años, que permitió sacar adelante un servicio que estaba al borde del colapso".

El directorio de Aguas Argentinas instó el martes pasado al Gobierno a que, en un plazo de treinta días hábiles, "tome las medidas conducentes para restablecer el equilibrio del contrato, dejando abiertas instancias de diálogo durante tal período".

Ninguna de las partes ha divulgado hasta el momento detalles de las últimas propuestas de renegociación intercambiadas.

El capital de Aguas Argentinas está en un 39,93 por ciento en manos del grupo francés Suez, un 25,01 por ciento en poder de Aguas de Barcelona y el 10 por ciento pertenece a los trabajadores por medio del Programa de Propiedad Participada.

Con participaciones minoritarias, les siguen el Banco Galicia argentino (8,26 por ciento), la francesa Vivendi (7,55 por ciento), la Corporación Financiera Internacional (5 por ciento) y la británica Anglian Water (4,25 por ciento).

Suez y Aguas de Barcelona denunciaron en junio de 2003 al Estado argentino ante un tribunal arbitral, dependiente del Banco Mundial, por las pérdidas ocasionadas por la congelación de las tarifas, pero el Gobierno de Buenos Aires puso como condición para alcanzar un acuerdo que la empresa desista en esta demanda.

A finales de 2003, el Gobierno argentino abrió el diálogo con las compañías para renegociar los 62 contratos de concesión de los servicios públicos, proceso que debe ser ratificado en cada caso por el Parlamento.

EFE

2 de agosto de 2005