La "estatización" prevista en la reforma constitucional que se votará en octubre puso los pelos de punta a parte del empresariado extranjero y criollo. Y promete un debate que sacudirá la modorra de esta campaña electoral: cómo gestionar un recurso finito tan codiciado como el petróleo.

En varios países la escasez de agua potable es grave. En Europa, por ejemplo, de 55 ríos sólo cinco no están contaminados. En Uruguay, la riqueza hídrica es envidiable y el agua apta para consumo humano es despilfarrada para lavar el auto, la vereda o regar el jardín.

De todos modos, los particulares usan bastante menos que las empresas: sólo un 15 por ciento del consumo de agua tiene un fin doméstico. El resto es utilizado por el sector agropecuario (78 por ciento) y la industria (7 por ciento), según un estudio presentado por la ONG Redes Amigos de la Tierra y el programa Uruguay Sustentable.

Frente a este panorama un escozor se apoderó de parte del empresariado al conocer la reforma constitucional sobre el agua -impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida*-, que se votará en octubre junto con las elecciones. En grandes trazos la reforma plantea que toda el agua del territorio nacional "forma parte del dominio público estatal" y que los servicios de saneamiento y de agua potable "serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales". También propone que todas las autorizaciones, concesiones o permisos que vulneren varios principios -como que los servicios deberán prestarse "anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico"- serán anulados. Y estas cancelaciones "no generarán indemnización por lucro cesante, reembolsándose únicamente las inversiones no amortizadas".

Esto echa por tierra concesiones como la de Uragua y Aguas de la Costa en Maldonado (ambas controladas por capitales españoles) y otras 20 empresas que prestan estos servicios en pequeñas localidades del Interior.

El texto a plebiscitar también plantea que sólo el Parlamento "por los tres quintos del total de componentes de cada cámara podrá autorizar el suministro de agua a otro país", siempre que esté "desabastecido" y sea "por motivos de solidaridad".**

Los empresarios sostienen que esta "estatización" afectará al sector productivo que utiliza ríos, arroyos, cañadas, manantiales o vetas subterráneas: las embotelladoras de agua y refrescos, curtiembres, arroceros, establecimientos turísticos termales y un sinfín de empresas que no utilizan el agua que suministra OSE. Es decir, que no pagan todos los meses por los grandes volúmenes hídricos que utilizan.

El primer grito en el cielo lo puso el especialista en derecho administrativo Carlos Delpiazzo -ex ministro de Salud Pública en el gobierno de Luis Alberto Lacalle y asesor de varias empresas-, sobre los efectos negativos, a su juicio, de esta reforma, en especial por el impedimento para formar sociedades de economía mixta en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento.

Si los recursos subterráneos -o manantiales- pasan a manos del Estado, y tanto el agua potable como el saneamiento no podrán ser gestionados por privados, las empresas se verán afectadas, sostuvieron también los constitucionalistas Ruben Correa Freitas, del Partido Colorado, y Gonzalo Aguirre, del Partido Nacional. En cambio, para otro constitucionalista de renombre, Horacio Cassinelli Muñoz, la reforma no traerá ningún inconveniente.

El presidente de la Cámara Mercantil de Productos del País, Ricardo Seizer, cree que el nuevo escenario jurídico será negativo "para las industrias que se abastecen de sus propios pozos de agua" (El Observador, martes 8). Un informe elaborado por el asesor jurídico de esta cámara empresarial, Enrique Lussich, advierte que la enmienda constitucional "es gravemente perjudicial para el país" porque "ahuyentará las inversiones".***

Este informe señala que no poder suministrar agua a otros países (salvo que el Parlamento así lo apruebe) lesiona el desarrollo económico "en una actitud que resulta incomprensible y absurda".

Pero lo que más preocupa a los empresarios es que al "estatizar" el agua se afectará el "derecho inviolable" a la propiedad consagrado constitucionalmente. Y esto, para la Cámara Mercantil, afectará a "importantes empresas que comercializan y exportan agua extraída de manantiales ubicados en diferentes zonas del país, en especial el departamento de Lavalleja, cuyos derechos esta reforma dejaría en total incertidumbre y hasta habilitaría una expropiación, al mejor estilo de otros regímenes estatales totalitarios".

UN ADITIVO EN CAMPAÑA

El debate sobre el futuro de los recursos hídricos ya se está dando en casi todas las naciones desarrolladas, donde no se duda en tratarla como el "petróleo del siglo XXI". La discusión en Uruguay aterrizó en medio de un debate electoral caracterizado por su vuelo rasante. Por eso promete sacudir la modorra y obligará a los candidatos a tener que asumir una postura sin ambigüedades sobre el tema.

El vicepresidente de la República, Luis Hierro, se puso en sintonía con el empresariado y aseguró que esta reforma solidifica "una hostilidad contra la inversión extranjera y una violación de los contratos" que tienen Uragua y Aguas de la Costa. "Es la ruptura más dura que hay en materia de certidumbre jurídica en este país", afirmó.

El precandidato colorado Guillermo Stirling tiene una postura similar: "Es uno de los peores mensajes que el país puede emitir para los inversores" (Búsqueda de ayer, jueves). En la misma línea se pronunció el precandidato blanco Luis Alberto Lacalle, aunque anunció que no hará campaña ni a favor ni en contra: "Hay que proteger el recurso y administrarlo con cuidado, pero lamentablemente el proyecto le quita al gobierno instrumentos para la utilización del agua de una manera absolutamente totalitaria".

Del otro lado del mostrador el candidato de la izquierda, Tabaré Vázquez, se comprometió con los dirigentes del PIT-CNT a tomar el plebiscito por el agua como uno de los ejes de su campaña. El otro precandidato con chances, el senador blanco Jorge Larrañaga, también firmó para impulsar esta consulta popular y, a título personal, prometió su respaldo. Pero el miércoles 9 comenzó a desandar el camino cuando en un desayuno de trabajo organizado por ADM sostuvo: "Hay que compaginar el texto de la reforma para evitar interpretaciones que afecten la inversión extranjera en el país", y propuso "aportar una ley interpretativa que se plebiscite en forma conjunta con la reforma".

EL AGUA NO ES MERCANCÍA

La vicepresidenta del sindicato de OSE e integrante de la comisión, Adriana Marquisio, dijo a BRECHA que los temores del empresariado nacional son "infundados" y adelantó que ya se solicitaron reuniones con varias cámaras industriales y agropecuarias.

Para Marquisio el espíritu de esta reforma es frenar "el uso indiscriminado de un recurso que es de todos y que no debe ser tratado como una mercancía". Además, servirá para ejercer "un verdadero control" sobre la exportación de agua que fue permitida por este gobierno gracias a la ley 17.277 de noviembre de 2000, que modificó la carta orgánica de OSE. Dicho en forma más clara, se trata de evitar que el agua de los manantiales uruguayos siga llenando las mesas de países con severos déficit hídricos y los bolsillos de algunas multinacionales.

Mientras diversos organismos internacionales y foros mundiales alertan sobre el preciado valor del agua potable en este siglo, "el gobierno da luz verde para que se venda a otros países sin ningún tipo de control, lo que puede afectar severamente nuestros manantiales y vetas subterráneas, aun cuando estén en campos privados", explicó Marquisio.

Pero el dato más revelador lo aportó a BRECHA el abogado Guillermo García Duchini, uno de los redactores del proyecto de reforma: en Uruguay, durante el gobierno de Jorge Pacheco, el agua estuvo bajo control estatal y ningún empresario se quejó. En efecto, el artículo 260 de la ley 13.737 de enero de 1969 establece claramente que "las aguas que satisfagan, o sean susceptibles de satisfacer las necesidades de carácter colectivo, son del dominio público". Algo muy similar a lo que propone esta reforma.

Esta ley estuvo vigente diez años, hasta el 1 de marzo de 1979 cuando, en plena dictadura, los militares elaboraron el Código de Aguas que continúa vigente, con algunas modificaciones realizadas en 1992.

Este código, de todas formas, es bastante impreciso sobre los "dueños" del agua. El artículo 15 establece que "integran el dominio público o el fiscal, en su caso, todas las aguas y álveos que no estuvieran incorporados al patrimonio de los particulares a la fecha de vigencia de este código". Y el artículo 43 señala que "quien extrajere aguas subterráneas de un predio de propiedad particular con permiso de su propietario y con autorización (...) se hará dueño de las aguas extraídas, salvo que otra cosa se hubiese pactado con el propietario del predio". Pero no queda claro de quién es el agua que no se extrae y sigue fluyendo, en silencio, debajo del predio privado.

 Pablo Alfano

Convenio Brecha / Rel-UITA

 15 de junio de 2004

NOTAS

* Esta comisión fue creada en 2002 y contó con el apoyo inicial del EP-FA, el sector de Jorge Larrañaga y decenas de sindicatos y organizaciones sociales y ambientalistas.

** El texto completo de la reforma puede verse en www.redes.org.uy/agua.html

*** El informe completo está disponible en www.camaramercantil.com.uy