Diputados y procuradores de Centroamérica concluyeron hoy, jueves, un taller de dos días en Managua en el cual hicieron un llamado a respetar el agua como un derecho humano y evitar los procesos que buscan su privatización.

"Declaramos que el acceso al agua potable es un derecho humano y no debe estar supeditado a las reglas de mercado, ni a la privatización, que impida a nuestros pueblos el acceso a ese recurso indispensable para la vida humana, aseguró una declaración final del encuentro firmada por unos 30 participantes.

La reunión fue organizada por el "Tribunal Centroamericano del Agua" (TCA), una organización internacional de carácter ético con sede en San José de Costa Rica.

Según el documento, aunque en la mayoría de los países del istmo hay leyes que reconocen el carácter esencial del agua como un derecho humano, "no existen mecanismos para garantizar un efectivo ejercicio de esos derechos para los sectores mayoritarios".

Los diputados también plantearon su preocupación porque en el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos debido "a que en este tratado están incluidas medidas que podrían conducir a la privatización de los servicios públicos, en particular del agua".

Doris Gutiérrez, diputada hondureña por el Partido Unificación Democrática, dijo, en rueda de prensa, que "en el TLC se abre la puerta a la privatización de los servicios públicos como el agua".

"El agua no puede ser considerada como una mercancía pues es un recurso al que deben tener acceso todos los ciudadanos y no sólo aquellos que puedan pagarla", explicó la legisladora.

Por su parte, el diputado costarricense Quírico Jiménez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que uno de los temas abordados en el taller fue el de las concesiones que se otorgan a empresas privadas.

"Ya hay concesiones operando en todos los países de Centroamérica otorgadas a muchas empresas nacionales pero el recurso hídrico es tan barato que, lamentablemente, lo que esas empresas pagan es muy poco", manifestó el legislador.

Por su parte, el presidente del TCA, Javier Bogantes, puso como ejemplo que una empresa de cerveza en Costa Rica llega a vender en temporada alta hasta un millón de cervezas en dos días pero anualmente paga alrededor de 350 dólares por la explotación de un manto acuífero.

Bogantes explicó que la reunión de los diputados fue provechosa para intercambiar experiencias y conocer cómo avanzan las legislaciones nacionales en relación con el agua y añadió que se espera realizar encuentros similares en el futuro.

Los resultados de este taller serán discutidos en la próxima audiencia latinoamericana del tribunal, la cual se llevará a cabo en México en marzo del próximo año.

EFE

23 de junio de 2005