Después de una privatización conturbada, los chilenos reclaman de la situación del agua potable. El Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos denuncia la difícil situación encontrada en zonas del país después que la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de la VIII Región de Chile, Essbio, pasó a las manos de la multinacional Thames Water, la tercera mayor compañía de tratamiento de agua de todo mundo, fundada en Londres.

La organización defiende que Ricardo Lagos, presidente elegido desde el 2000, dispuso en contra de la población. Una Consulta Ciudadana si dio con la participación de 136.783 personas de 22 comunas. El resultado fue que el 99,1% de ellas no estaba de acuerdo en privatizar el agua potable. Pese las cifras de la consulta, el presidente Lagos llevó a cabo la venta el mismo año que asumió la administración general. Hasta hoy siguen las quejas a cerca de los malos servicios.

La región del Bio Bio contesta las tarifas recogidas por la empresa que, según ellos, se han elevado "desmesurada e irracionalmente" y los servicios, por su parte, se han empeorado. A causa de eso, uno de cada tres trabajadores no tienen más el contrato de abastecimiento: una condición que no respecta las leyes del usuario. Se esperaba también que la empresa hiciese la inversión para construir las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas que faltaban, una promesa del presidente. Al contrario, los consumidores las financian a través de los pagos mensuales, sin que las plantas existiesen.

El Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos dice que obras públicas están perjudicadas por la Empresa Essbio privatizada. Por no realizar modificaciones en transporte de agua necesarias, la extensión de una ferrovía entre las ciudades Chile Concepción y Talcahuano no fue terminada. Otra reclamación es que se perdió el auxilio dado por el Estado para la construcción de conexiones de baños y cocinas en las casas.

Reivindicación más que justa también es la falta de abastecimiento de los grifos de las calles. Los bomberos no pudieron detener un incendio ocurrido en comienzo de este mes de julio en la ciudad de Concepción porque no tenían agua para contener el fuego. Afortunadamente no hubo víctimas humanas.

El manifiesto pide que los abogados, organizaciones sociales y ciudadanos que deseen participar y apoyar iniciativas con este mismo intento comuníquense con la institución. La posibilidad de acciones judiciales contra la empresa privatizada será examinada después de consultas al Servicio Nacional de Consumidor de Chile. La lucha es para revertir el proceso de privatización del agua potable y por otros derechos como el cobre, la educación y la salud.

ADITAL

                      16 de julio de 2004