|
La reforma
constitucional de 2004 que consagró el derecho humano al agua y la definió
como un bien público permitió que se volviera casi por completo al servicio
estatal de agua potable y saneamiento. Pero otros aspectos clave de la ley,
como la gestión integral de los recursos hídricos, avanzan lentamente con la
estructura actual del Estado y, por lo visto, exigen una mayor discusión
sobre qué modelo productivo se quiere para nuestro país.
-¿Cuál es el balance que
hace de lo ocurrido desde la aprobación de la reforma?
-El balance es muy positivo con respecto a la recuperación de
los servicios de agua y saneamiento que habían sido privatizados, más allá
de que algunos temas se mantienen en disputa, como la sociedad de economía
mixta que presta el servicio al este del arroyo Maldonado, donde el capital
privado sigue siendo, en forma inconstitucional, dueño del 40 por ciento de
la empresa. Pero las empresas trasnacionales más importantes que estaban
actuando en el país, como Aguas de Barcelona y Aguas de Bilbao,
que operaban en el departamento de Maldonado, al este de Montevideo, se
retiraron como consecuencia de la reforma constitucional.
-¿Y en cuanto al manejo de
los recursos hídricos?
-Haber incluido este articulado en la Constitución tuvo más
impacto fuera de Uruguay que adentro, porque no existe una normativa
internacional semejante. Sin embargo, aquí se profundizó el modelo de
forestación y, si hacemos un balance de los últimos cuatro o cinco años, las
aguas de nuestras cuencas y las aguas pluviales que se depositan en
territorio uruguayo han sido sumamente comprometidas por ese tipo de
“desarrollo”.
Estamos muy preocupados porque esto avanza. Al principio se
dijo que era una herencia de acuerdos previamente firmados, pero ya no es
así, es una política para sacar al país adelante con este tipo de
inversiones. Entonces, la reforma no ha frenado esta nueva privatización del
agua que es llevársela en los troncos, en los procesos de producción, con
ese valor agregado. Es el caso de la planta de celulosa Botnia,
de origen finlandés, a la que se le entregan gratuitamente
80 millones de litros de agua por día,
lo que equivale a casi un 20 por ciento del agua dulce utilizada en el
verano por OSE para abastecer a la población.
En los países desarrollados que no poseen grandes reservas de
agua dulce las reglas que se aplican son otras. En Estados Unidos la
privatización no llega ni al 10 por ciento de los servicios públicos. En
Inglaterra lo mismo y aplican severas sanciones por deterioro ambiental.
En Europa está prohibida la forestación masiva con eucaliptos y otras
especies. Es una lógica que no rige en sus países pero que la promueven en
los nuestros.
-El tercer gran tema de la
reforma fue el concepto de gestión con base en el modelo de cuencas hídricas
y sustentado en la participación de la población.
-Visto en una perspectiva de cuenca,
el tema del agua tiene que ver con todas las
áreas de la vida,
con el desarrollo, la tierra, la energía, los servicios. Cómo prevenir los
conflictos de cuenca ya debería ser un tema central en la agenda del
Mercosur.
Ya tenemos uno vinculado a Botnia, no supimos
abordarlo y, evidentemente, se ha lesionado a los pueblos, a la gente. ¿Por
qué?, porque no nos dimos la instancia para debatir algo que va a seguir
sucediendo. Ante un recurso escaso
todo lo que se instale sobre cuencas de la importancia del río Uruguay va a
generar conflictos entre países.
Esta es la realidad en Oriente Medio y en todo el planeta. Hablar de la
reforma nos lleva a hablar de la realidad geopolítica y de qué tan maduros
estamos para discutir estas cosas.
El gobierno debía reglamentar este nuevo artículo de la
Constitución. Era muy importante concentrar en una sola entidad todos los
usos de las aguas, porque hoy Uruguay tiene al menos siete
ministerios con competencia en la materia. No hubo consenso político para
reunir todo en un ministerio y se creó la Dirección Nacional de Aguas y
Saneamiento (DINASA), en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente.
-¿Qué ha pasado en el
ámbito de la DINASA con respecto a este tema?
-Fue creada la Comisión Asesora de Agua y Saneamiento (COASA),
que se integra con representantes de organismos públicos y privados, de la
sociedad civil y los usuarios. En la COASA se ha tratado de avanzar
en la definición de una propuesta para sancionar una ley que regule todo lo
referido a los recursos hídricos y la participación social. Hemos logrado
ver las dificultades que existen para avanzar. Es decir, hay una enorme
diversidad de políticas, cuando la política de aguas tiene que ser una, con
una misma concepción y adaptada a la coyuntura.
En esto está el debate y, como todo es lento, mientras tanto
se acumulan los problemas, las urgencias. Estos megaproyectos siguen
entrando en América Latina y se mantiene una impronta de sobreexplotación de
los recursos naturales como la única salida económica para la región. Esto
atado al proyecto IIRSA (la Iniciativa de Infraestructura Regional
Sud Americana), en donde se prevén los corredores de salida a nivel fluvial,
carretero y ferroviario para la exportación de nuestros productos naturales.
Ante eso, realmente, no basta con esta reforma
constitucional.
-La reforma fue producto de
una discusión y una movilización de la sociedad. En términos de
movilización, ¿hoy qué se plantean?
-Ha sido mucho más difícil reconstruir el tejido social en
esta etapa de lo que fue antes de este gobierno. Realmente este gobierno
progresista ha desmovilizado al movimiento social. Más allá de conflictos
puntuales, desmovilizado en el sentido de esa discusión grande, de qué país
queremos, hacia dónde vamos, cuánto de esto es parte de una cadena
productiva, hacia qué proyecto político de cambio estructural real estamos
yendo. Y esto ha costado porque las organizaciones sociales hemos tenido que
atender lo que ha sido el shock de tener grandes liderazgos del movimiento
sindical y social en el gobierno.
Esto desmoviliza porque movilizarse se entiende como un
ataque a esa representación en el gobierno, y estamos recién aprendiendo a
separar las responsabilidades a nivel de gobierno, de la administración, de
los cometidos de un movimiento social o una organización no gubernamental.
Somos muchos, en distintos lugares, buscando definir adónde vamos, para qué,
y si el gobierno integrado por antiguos compañeros está siguiendo
verdaderamente un proyecto de cambio.
-¿Estos temas sobre la
política del agua son acompañados desde el PIT-CNT?
-Poco, realmente poco, a pesar de que tenemos un compañero de
nuestra Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE)
que integra el Secretariado del PIT-CNT y que fue designado para
representarlo ante la COASA. También se instaló la Comisión de
Asuntos Agrarios, que trata sobre el agua y la tierra, pero no hay una
comisión de agua en el PIT-CNT y no estamos teniendo un trabajo
estable a nivel programático sobre este tema en la central.
-¿Y en la preparación del
Congreso del Pueblo?
-Ahí sí, hay un eje central que tiene que ver con tierra,
agua, energía y soberanía. Tenemos una coordinación con la Federación
ANCAP, con FUCVAM y otros movimientos, que surgió naturalmente
ante estas reflexiones en conjunto. Está tomando cada vez más fuerza, de
cara al Congreso del Pueblo y las instancias orgánicas del PIT-CNT.
La central tiene un debate no menor sobre fuentes de trabajo, trabajo y
cadena productiva, cruzado con qué tipo de trabajo, en qué condiciones, para
qué y con qué fines.
Lo que ha sido Botnia, por ejemplo, no va a cambiar,
al contrario, se va a profundizar. Y bueno, esas nuevas fuentes de trabajo
son espejitos de colores, pan para hoy y hambre para mañana. El modelo
forestal hay que pararlo, hay que hacer una ley que diga basta, que el
millón de hectáreas ya plantadas son más que suficientes. Este tema ya lleva
30 años y en el movimiento social no tuvimos la capacidad suficiente para
prever el impacto que esto iba a tener. No lo vimos, como tampoco vimos en
los años 90-92 las privatizaciones hasta no percibir sus impactos.
No vimos que esto
forma parte de un movimiento empresarial muy fuerte a escala mundial, que
busca apropiarse de recursos naturales como el agua para transformarlos en
capital. Se discute cuál es el precio justo del agua, pero una cosa
es el agua de uso doméstico y otra el agua para transformarla en capital.
Estamos hablando de un líquido vital que no tiene sustituto, se está
acabando, se está malgastando, y tenemos estos emprendimientos para
transformar el agua en capital. Este es el debate.
Víctor L
Bacchetta
Brecha
12 de febrero de 2008
|
