SIREL conversó con la diputada Mónica Baltodano sobre los acontecimientos que impidieron la aprobación de esta ley tan vital para el país.

-Ya se había anunciado la aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales. ¿Qué fue lo que pasó ayer?

-El problema es que una parte de los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) están pensando como finqueros y como dueños de grandes extensiones de tierra, que usan el agua para el riego y que no han tenido nunca ninguna regulación para el manejo de las aguas. Estoy hablando de algunos diputados, porque nosotros nos hemos reunido con organizaciones de productores y les hicimos ver las bondades de esta ley y de como su futuro dependía también de que protegiéramos y reguláramos todo el tema del agua. Estos diputados boicotearon la discusión de la ley y rompieron el quórum en la Junta Directiva, logrando que se suspendiera la sesión. Ya pasó lo mismo el año pasado cuando paralizaron la discusión después de haber aprobado el artículo 45.

-Esta ley ha tenido muchas críticas de parte de la sociedad civil. ¿Qué opina de eso?

-Hay que decir que esta ley no es perfecta y tiene grandes deficiencias. Estamos heredando un proceso que ya tiene aprobado los primeros 45 artículos y por ejemplo, los artículos 3 y 4 se prestan a un manejo ambiguo. Por un lado hablan que no se debe privatizar, pero por el otro, favorecen las concesiones que permitirían el manejo privado del agua. Sin embargo, en la Comisión del Medio Ambiente hemos tenido un alto consenso para meter nuevos artículos que permitan disminuir el margen de manejo de la futura Autoridad del Agua, en relación a la autorización de concesiones. Además, estamos introduciendo la prerrogativa de que el Estado sea partícipe en las inversiones en materia de explotación de agua. Esta es una ley que no es como la que yo quisiera, porque para mi debería de quedar una ley en la cual los recursos hídricos no puedan ser privatizados, pero como ya está aprobada por una parte, queremos por lo menos limitar los daños.

-Usted, junto con el diputado del FSLN, Sadrach Zeledón, presentaron unas mociones a la ley. ¿En qué consisten?

-Con respecto al poder que se le quiere otorgar a la Autoridad nacional de Agua estamos estableciendo que, cuando se trate de concesiones que sean de carácter estratégico, que impliquen uso múltiple del agua, que sean concesiones de impacto nacional, se tengan que hacer por la vía de leyes dictadas por la Asamblea Nacional. Esto es para restringir un poco la liberalidad con que está planteado el tema de las concesiones. Al final lo que podemos hacer es tratar de meter ese mecanismo para limitar un poco sus efectos. Además, estamos proponiendo un artículo para impedir la explotación monopólica del aprovechamiento de las aguas. Queremos prohibir el monopolio en cualquier concesión o licencia que se apruebe. Estamos también estableciendo que, cuando se trate de producción hidroeléctrica, el Estado deba de comparecer con un 51 por ciento de presencia en tales inversiones. Esto es para garantizar que las transnacionales no se adueñen del aprovechamiento de las aguas en nuestro país.

-Otro problema que se vive en Nicaragua es la falta casi total de “producción de agua” y esto va a crear grandes problemas en el futuro…

-Entre las mociones hemos incluido un capítulo completo relacionado a la producción de agua y esto fue a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil. La ley no tenía ningún artículo que obligara a los particulares a reinyectar agua, a proteger los acuíferos con mecanismos que existen y que se utilizan en muchos países. Sobre ese punto conseguimos un consenso total en la Comisión del Medio Ambiente. No es una ley perfecta y lo sabemos, pero es mucho mejor de la que se había presentado y sobre todo, urge que se apruebe porque ahora en Nicaragua vale la ley de la selva, la anarquía. Aquí un productor sigue pensando que si un río pasa por su propiedad es de él o que las aguas de los subsuelos son suyas. Esta ley viene a establecer que las aguas son nacionales y que tiene que haber regulaciones para el aprovechamiento y esto a parte de que queda establecida la prohibición absoluta de la privatización del servicio de agua potable.

-¿Ya tienen un consenso sobre estas mociones que van a presentar?

-Hubo un consenso total en la Comisión del Medio Ambiente y ahora hay que tratar de resolver algunos conflictos que se han presentado. El primero es con el art. 9, que tiene  que ver con la cantidad de metros en las costas, a partir de la línea máxima de la marea, que tienen que ser nacionales y no pueden ser privatizados.

El segundo es el tema de los cánones que los productores tendrán que pagar para el uso del agua para riego, porque hasta el momento no han pagado nada. La verdad es que está demostrado que las represas y el riego agrícola están acabando con el recurso agua y hay que regularlo. Mientras no se les pongan cánones de aprovechamiento, los productores van a seguir creyendo que pueden explotar el recurso y sin ninguna medida de producción de agua.

-Las organizaciones de la sociedad civil están sumamente preocupadas por el artículo 4, que ya fue aprobado el año pasado y que podría abrir la puerta a las privatizaciones. ¿Hay todavía un margen para revertir ese artículo?

-Lo único sería a través de un veto presidencial y esto es lo que le sugeriría al Ministerio del Ambiente (MARENA) y a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), para que pidan una intervención del presidente y así poder nosotros promover una mejor redacción y eliminar la ambigüedad que contiene el artículo. Esto presupone una voluntad política del presidente.

-Estas presiones para que no se apruebe la ley, ¿vienen sólo de los sectores empresariales nacionales o también hay presiones de las transnacionales presentes en el país?

-Por el momento lo que hemos sentido es la presión interna a la Asamblea.