Mitterrand, viuda del ex presidente socialista francés François Mitterrand y responsable de la fundación France Libertés, permaneció este miércoles 21 durante unas horas en la capital uruguaya encabezando una delegación que se reunió con las autoridades de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV), que promoviera con éxito una reforma de la Constitución uruguaya para asegurar el dominio público sobre la distribución del agua potable y el saneamiento.

Esa reforma fue aprobada el 31 de octubre pasado por 60 por ciento de los electores en un referéndum que se realizó en simultáneo con las elecciones nacionales que llevaron al poder, por primera vez en la historia de este país, a una coalición de izquierda, el Encuentro Progresista-Frente Amplio.

Además de Mitterrand, la delegación francesa estuvo integrada por Jean Luc Touly (presidente de la Asociación para el Contrato Mundial del Agua-France), Anne Le Strat (presidenta de la Entidad Pública Aguas de París y miembro del Consejo Municipal de París) y Raymond Avrillier (vicepresidente de la municipalidad de Grenoble y responsable del abastecimiento de Agua de la Comunidad Urbana de Grenoble).

La gira de los europeos abarca, aparte de Uruguay, a Argentina, donde ya estuvieron, Bolivia y Brasil, y se enmarca en una campaña internacional de “reconocimiento del agua como bien público y en apoyo a la Coalición para una Gestión Social del Agua en América del Sur”.

En una conferencia de prensa realizada en Montevideo, Mitterrand dijo que varias municipalidades de Francia están decididas a volver a la gestión pública del agua potable.

Por su parte, Avrillier expresó que los convenios entre el Estado y las empresas privadas que pretenden gestionar el agua son firmados por plazos que llegan hasta los 30 años. Muy a menudo, esas firmas “no cumplen los contratos que firman, por ejemplo en lo que tiene que ver con el mantenimiento de los alcantarillados, y si los cumplen se los facturan a los usuarios”. Las privatizaciones, manifestó, implican un “sistema con un lobby importante que en Grenoble terminó en corrupción. Delegar el servicio público a manos privadas fue una práctica que se ha extendido a países de América Latina como Argentina, Bolivia y Uruguay”, destacó.

Avrillier felicitó al pueblo uruguayo y a la CNDAV por su determinación de no permitir la gestión del agua por parte de multinacionales y afirmó que la guerra del petróleo comenzó a sustituirse por la guerra por el agua.

Touly recordó a su vez que fue en su país que nacieron estas multinacionales que consideran al agua como una mercancía y montaron operaciones financieras en contra de los valores democráticos y de la soberanía de los pueblos. “En Francia, la privatización de la gestión del agua a favor de la empresa Suez implicó menor calidad del agua y mayores precios para los ciudadanos”, concluyó.

Anne Le Strat afirmó por su lado que “sólo el servicio público puede garantizar el buen uso de los recursos naturales”, y manifestó la solidaridad de la delegación con “todos los movimientos populares en defensa de la soberanía”.

En Uruguay, la CNDAV está enfrascada en un debate con el gobierno de izquierda, luego que el 20 de mayo el Poder Ejecutivo decretara que la reforma constitucional no tiene efecto retroactivo y permitiera que las empresas que tenían contratos vigentes con el Estado los conservaran hasta la finalización de los mismos.

En esa situación sólo hay una empresa, Aguas de la Costa, dependiente de la francesa Suez Lyonnaise des Eaux, ya que a la otra firma con contrato vigente, Uragua, de capitales españoles, el Estado se lo revocó por diversos incumplimientos. Uragua enjuició al Estado uruguayo por esa decisión y aún permanece en el país.

La CNDAV interpuso un recurso revocatorio al decreto del 20 de mayo, al tiempo que no reconoce como “autoridades válidas, ni le otorga legitimidad alguna para asesorar, ni gestionar los recursos hídricos a nivel local, regional o mundial a Uragua ni a Aguas de la Costa”.

La Comisión rechaza igualmente las directivas de los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que “impulsan y condicionan a los gobiernos para la privatización de los recursos naturales”, y de la comisión “que investiga el Sistema Acuífero Guaraní, que está siendo gerenciada por el Banco Mundial”.

texto y foto:

Carlos Caillabet

© Rel-UITA

22 de setiembre de 2005