La Asociación Mundial del Agua (GWP), ha propuesto como objetivo integral de su visión, el logro de la seguridad hídrica a cualquier nivel, desde los  hogares hasta el mundo en su  conjunto", afirmaron la Lic. Edda G. Bellini y la Cra. Alicia Dietert, en la ponencia sobre "La responsabilidad del Estado en la obra pública", presentada en el "XII Encuentro de Cátedras de Ciencias Sociales y Humanísticas para las Ciencias Económicas", realizado en la  Universidad de Buenos Aires.

Para la Lic. Edda G. Bellini y la Cra. Alicia Dietert, docentes de la Universidad Nacional de Sur, ese concepto significa "que toda persona tenga acceso a suficiente agua potable a un precio asequible que le permita llevar una vida limpia, saludable y productiva, al tiempo que se asegura que el entorno natural esté protegido y se mejore", con la meta de que para el año 2025 "casi todas las mujeres, hombres y niños de las ciudades y pueblos del mundo conozcan la importancia y el valor de este recurso estratégico y dispongan de agua segura y suficiente para vivir y de adecuado  saneamiento."

 Esta perspectiva se coloca el tema del agua como "una cuestión multisectorial", que involucra la participación de "todos los individuos, de los sectores interesados" quienes "en un  mecanismo viable" concreten la gestión integrada de los recursos hídricos.

 Al mismo tiempo, debe conseguirse "una mayor atención a la difusión de conocimientos sobre los recursos hídricos en la escuela primaria, secundaria y también en niveles superiores", teniendo en cuenta los beneficios relacionados "con la salud, energía, biodiversidad, productividad, desarrollo socio-económico y reducción de la pobreza",  por lo que los gobiernos deberían dar a este asunto "una mayor prioridad en su agenda política y asignación de presupuesto asociada."

 Las expositoras recordaron que en marzo de 2003, el informe de las  Naciones Unidas presentado en Tokio, para el 3º Foro Mundial del Agua, se califica   a más de 180 países, encontrándose Argentina en el puesto 13º, con 22   veces más agua por hectárea que los requeridos por Naciones Unidas. Sin   embargo, acotaron Bellini y Dietert, dada la extensión del territorio, "los datos   tan generalizados son relativos, existiendo a lo largo y a lo ancho del mismo  una severa asimetría."

 De la investigación efectuada en el Departamento de Ciencias de la Administración de la  Universidad Nacional del Sur, sobre la gestión  del agua en la Argentina, surge que "el sistema de la Cuenca del Plata concentra el 85% del derrame total medido, mientras que dos tercios de la superficie del país se encuentran bajo condiciones climáticas áridas y existe una amenaza creciente a la sustentabilidad de las fuentes de agua superficiales y subterráneas, por causa de prácticas agrícolas no conservacionistas, el  uso de agroquímicos, carencias de sistemas de depuración, deforestación y particularmente, la creciente urbanización."

 Los principales problemas "surgen por el ineficiente sistema de tratamiento  de las aguas residuales" y "la creciente migración hacia las áreas urbanas, sin consideración de las restricciones de la misma, instalándose los migrantes en las zonas marginales" siendo "particularmente alarmante  la  continua y acelerada degradación de la calidad de las aguas subterráneas", un hecho muy  importante en la Argentina.

 En el caso que se coloca como ejemplo, la Argentina, las expositoras  propusieron que "deberían establecerse políticas que aseguren el  acceso universal a los servicios de agua potable, saneamiento, drenaje  pluvial y protección contra inundaciones en la población pobre" y  establecer "una legislación de recursos hídricos para la gestión del   agua que abarque todo el ámbito nacional."

 Por otra parte, Bellini y Dietert, sostuvieron que hay un  "incumplimiento generalizado", siendo muy bajo el nivel de eficacia y  control del uso del agua para agricultura, industria y consumo  personal" y que, además, "en el interior de las provincias existe  superposición de misiones y funciones ocasionada por la complejidad de  la estructura institucional", a lo que se debe agregar "la falta de  comunicación e intercambio de informaciones entre las distintas  dependencias y la entrada en escena de operadores privados y entes reguladores de los servicios públicos"

 Con respecto a la consideración del agua exclusivamente como un bien,  en  el cual las leyes del mercado permitirían resolver los problemas de escasez, "incluso los conflictos entre los estados", las ponentes afirmaron que ese concepto "es un reduccionismo que sólo destaca una de sus muchas peculiaridades, al enfatizar el valor económico en detrimento de los otros valores" y que subyace la consideración de colocar al mercado "como el principal mecanismo" en un nivel superior "a todos los demás", como son  "la regulación política, cooperación o solidaridad".

 Agregaron que si "uno de los principios distintivos del mercado es la  libertad de elección en el consumidor, es evidente que el acceso al  agua no es una cuestión de elección" ya que "se trata de un bien  social, un bien común básico que no puede subordinarse a un único  principio sectorial de regulación."

 En la ponencia se considera el rol del Estado, sobre el cual, citando prestigiosos estudiosos, se refuta "la paradójica racionalidad  tecnocrática de la que hablaba Brzezinski en la Era tecnotrónica", donde "niega legitimidad a todo aquello que no encaje dentro de una lógica de medios y fines" y se propone "la idea de obsolescencia del Estado-nación y su reemplazo por grandes corporaciones de intereses multinacionales", lejos  de ser un fenómeno histórico natural, es un producto de la  "comunidad internacional de naciones desarrolladas en su lucha y expansión por los  mercados."

 Al analizar la situación de América Latina, luego de señalar "los  efectos socialmente devastadores de la modernización forzada por los  organismos multilaterales de crédito", las investigadoras de la  Universidad de Bahía Blanca, subrayan el replanteo del papel del  Estado en áreas claves como los servicios públicos, defendiendo "la   participación de la ciudadanía, aun en procesos democráticos  cuestionados". Sobre el particular, se apelaron al ejemplo de Bolivia,  donde las recientes  movilizaciones populares "tendientes a evitar legitimar por vía de la institucionalización la pérdida de control y participación de los  ciudadanos en el manejo de recursos energéticos claves, aún en medio de distintos avatares políticos, dan cuenta de un proceso democratizador que se va abriendo paso lentamente."

 En ese contexto, la expositoras proponen la necesidad de analizar las  intervenciones del Estado, como el caso de Argentina, "respecto de la  revisión de las concesiones llevadas a cabo en los servicios públicos  privatizados durante la década pasada y el papel asumido en procesos  de recuperación en algunos de estos servicios, como ocurrió con el  agua potable y saneamiento en la provincia de Buenos Aires".

 Desde esa opción analítica, la Lic Edda G. Bellini y la Cra. Alicia Dietert, explicaron que surgen numerosos interrogantes, como el de si "los  derechos sociales y económicos que en nuestras sociedades continúan siendo una asignatura pendiente" o si "frente al avance de los cambios económicos y tecnológicos que superan los políticos y culturales", debe recuperarse el valor de la ciudad, planteando las preguntas de si "nos hallamos simultáneamente ante la necesidad de responder a las exigencias de los  derechos urbanos, de tercera generación" y si ¿Será esta era de los derechos ciudadanos, la oportunidad para comenzar a restablecer la  justicia  a partir de la ciudad?.

 Agencia de Noticias Prensa Ecuménica / Uruguay RECOSUR

15 de setiembre de 2005