Tal es lo que afirma un informe presentado al parlamento francés por dos diputados ecologistas, Noel Mamére e Yves Cochet, en el que se subrayan igualmente las consecuencias negativas del accionar de esas empresas en el propio país europeo. El Parlamento galo decidió a fines de noviembre último conformar una comisión de 25 miembros para investigar las actividades de esas firmas, que además manejan fondos públicos.

Las compañias transnacionales francesas, entre las cuales destacan Suez-Lyonnaise des Eaux, Saur y Veolia, distribuyen agua y brindan saneamiento a más de 300 millones de personas residentes en alrededor de 130 países de todos los continentes.

El mercado del agua, que el Banco Mundial evaluó en cerca de un billón de dólares, es un “verdadero tesoro por el cual pugnan las transnacionales”, declaró Mamère a la prensa a comienzos de este mes de diciembre.

El sector privado del agua abastece a un 8 por ciento de la población mundial y aspira a cubrir, en los próximos años, el 25 por ciento, la casi totalidad de la población solvente del orbe, señalan ambos legisladores.

Las empresas del sector, sostienen, “aseguran una presencia multiforme del estado francés en los terrenos económico y financiero, establecen lazos al más alto nivel con dirigentes de los países en que operan e interfieren directamente en la política de ayuda pública al desarrollo llevada a cabo por Francia”.

“El Estado debe ser consciente de que el deterioro de la imagen de las compañías francesas del sector redunda negativamente sobre la imagen” global del país, concluyen.

En numerosos países, en particular en Ghana, Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay, han tenido lugar fuertes movimientos sociales de contestación de las políticas desarrolladas por esas firmas en diferentes aspectos, especialmente las alzas continuas de tarifas, apunta el informe presentado por los legisladores.

En ciertos lugares esas luchas han llevado a las compañías a retirarse. Así, Suez se marchó de Argentina y podría hacerlo de Bolivia, al tiempo que centenas de familias chilenas la han llevado a juicio.

En Uruguay, un plebiscito desarrollado en octubre de 2004, junto a las elecciones nacionales que marcaron el triunfo de la coalición de centroizquierda Frente Amplio, incorporó a la Constitución un artículo por el cual los servicios de distribución de agua y saneamiento deben ser estatales.

En su informe parlamentario, los dos legisladores verdes consideran que el agua, “tanto en Francia como en el resto del mundo, no es una mercancía sino un recurso raro y un bien común que jamás puede ser privatizado”.

Las ganancias de estas empresas son fabulosas. En 2004, Suez obtuvo beneficios por más de 1.800 millones de euros, sobre un ingreso superior a los 40.700 millones. Globalmente, las ganancias de estas firmas superan en un tercio a las logradas por el sector farmacéutico, otro de los más pujantes de la economía francesa.

La investigación parlamentaria promovida por los dos legisladores “verdes” apunta a saber, entre otros puntos, si las compañías del sector “actúan de conformidad con las misiones de servicio público que pretenden asumir” y la forma en que administran las ayudas que les han acordado instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial.

Junto a Danielle Mitterrand, fundadora de la Asociación por un Contrato Mundial del Agua, Mamère promovió el año pasado una investigación sobre una presunta sobrefacturación y desvío de fondos públicos de parte de Vivendi, antiguo nombre de la actual Veolia.

Dirigentes de esa firma son acusados de haber manejado de manera fraudulenta, a fines de 1996, un fondo por 4.500 millones de euros de origen estatal y destinado en principio a la renovación de la red francesa de distribución de agua. El dinero fue depositado en Irlanda, uno de los paraísos fiscales europeos.

“En el mundo entero, como lo han hecho en su propio país, las compañías francesas del agua han actuado y actúan de manera abusiva. Debemos frenar ese comportamiento, que afecta la imagen de Francia en el mundo, y al mismo tiempo denunciar la mercantilización creciente de este recurso”, estimó Danielle Mitterrand en 2004, en momentos en que se constituía en París una comisión de investigación parlamentaria para conocer el destino de los 4.500 millones de euros desviados por Vivendi.

A fines del año pasado, la viuda del ex presidente socialista francés François Mitterrand encabezó una delegación francesa que realizó una gira por América latina promoviendo la lucha contra la “mercantilización del recurso agua”.

Daniel Gatti

© Rel-UITA

15 de diciembre de 2005