Enfrentadas a un rechazo cada vez mayor en los países desarrollados, donde son incluso objeto de una campaña de boicot, las empresas trasnacionales que comercializan agua embotellada toman a América Latina como su último (y todavía gigantesco) reservorio.

 

Tras décadas de crecimiento sostenido, el consumo de agua envasada cayó en 2008 en Estados Unidos, y una tendencia similar parece estar diseñándose en algunos países europeos.

 

Según datos que acaba de divulgar la revista especializada Beverage World, el año pasado las ventas en Estados Unidos del líquido envasado retrocedieron en 400 millones de litros respecto a 2007, pasando de 110 a 107 litros anuales per cápita.

 

La caída no es estrepitosa, pero hay que tener en cuenta que se trata de la primera desde fines de los años ochenta. En 1990 el volumen de venta se situaba en “apenas” 115 millones de dólares, en 1997 ya había representado 4.000 millones y en 2006 trepó a la friolera de 10.800 millones de dólares.

Nestlé, la primera trasnacional alimentaria del mundo y la primera también en comercialización de agua envasada, conoció en los seis meses iniciales de este año una disminución de 3 por ciento de sus ganancias, un resultado debido en buena parte a la regresión de las ventas de su división “líquidos”, sobre todo en los países industrializados.

Hay motivos económicos (la bendita “crisis”, el alto precio relativo del agua en botella en Estados Unidos) para explicar la merma, pero también juegan otros como la mayor conciencia ambiental de la población, a la cual han contribuido la divulgación de informes científicos que han echado por tierra el mito de que el agua envasada es siempre más sana y nutritiva que la del grifo y las campañas de boicot a las trasnacionales del sector.

 

Los supuestos aportes alimenticios del agua embotellada han sido puestos en entredicho no sólo por asociaciones ecologistas sino también por estudios científicos. En España, por ejemplo, mientras la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasada, que agrupa a 93 firmas, asegura que el agua embotellada proviene de “acuíferos puros” y otorga “beneficios a la salud”, y que ese es precisamente el motivo por el cual los consumidores la prefieren al agua de la canilla, investigaciones realizadas en 2003 con motivo de la celebración del Año Internacional del Agua Dulce no lograron identificar ninguna “aportación adicional de minerales” en esas bebidas.

 

Los costos ambientales de la producción de agua embotellada no son precisamente pequeños. Según recordó en junio pasado el diario suizo Le Temps, la energía utilizada en todo el proceso de fabricación y posterior deshecho de una botella de agua equivale a llenarla de petróleo en un cuarto. Los propios envases son, en su gran mayoría, fabricados en politereftalato de etileno (PET), un plástico derivado del petróleo.

 

Un estudio de la Universidad de Louisville citado por el corresponsal en Miami del diario argentino La Nación establece que se requieren 17 millones de barriles de petróleo para producir las 30.000 millones de botellas que se venden anualmente en Estados Unidos. “Más grave aún, el 86 por ciento de estos envases no son reciclados, lo que significa que tomará entre 400 y mil años degradarlas, según el Instituto de Reciclaje de Envases”, agrega la nota.

 

En junio de 2008, la Conferencia Nacional de Alcaldes de Estados Unidos resolvió que las municipalidades del país dejaran de comprar agua envasada para el consumo de sus funcionarios, una decisión fundada en “la necesidad de poner coto al desastre ambiental que generan los envases de plástico” y al “despilfarro energético” que implica esta industria, según resumió el alcalde de San Francisco, Gavin Newson.

 

San Francisco se contaba entre las 60 ciudades que ya habían puesto en práctica una medida de ese tipo, lo que le supuso un ahorro de 500.000 dólares anuales, recordó entonces Newson.

 

Restricciones similares han adoptado unas cincuenta municipalidades canadienses y el propio Ministerio de Ambiente de España, un país cuya agua potable no presenta la calidad que tiene en otras naciones industrializadas pero cuyas autoridades ambientales estimaron que el agua embotellada tenía costos suficientemente altos (en energía, en utilización de fuentes públicas, en el tratamiento de los desechos) como para prohibir su compra por las dependencias estatales.