La destrucción
sistemática de la vida comunitaria y campesina de los pueblos y municipios
que rodean la ciudad de México, mediante despojos, expulsiones, conflictos
políticos creados y agresiones económicas, provoca que las milpas,
nopaleras, bosques y hortalizas se vuelvan pavimento invasor que destruye
tierras que antes servían para captar agua y permitían recuperarla, por obra
de las mismas comunidades, para producir alimentos y consumir a diario
Hoy, para sostenerse, todas las ciudades (de cualquier
tamaño) están obligadas a extraer agua del campo y de su propio subsuelo.
Conforme crecen su población, industria, edificación y áreas pavimentadas,
crecen también su necesidad de agua y la contaminación que es devuelta como
basura al campo.
En el último siglo, la ciudad de México ha crecido a un ritmo
tal que su expansión obligó a que (hace unos cincuenta años) se comenzara a
extraer agua de la cuenca del río Lerma y después del Cutzamala, en el
estado de México. Ello significa que más sembradíos, lagos y lagunas, ríos,
bosques y especies de animales y plantas desaparezcan o corran peligro y,
con ellos, la vida de pueblos campesinos ñahñú, mazahua, náhuatl y mestizos
en cuyos bosques y tierras se recupera el agua que bebemos, se producen los
alimentos que consumimos y se hace respirable el aire.
La destrucción sistemática de la vida comunitaria y campesina
de los pueblos y municipios que rodean la ciudad de México, mediante
despojos, expulsiones, conflictos políticos creados y agresiones económicas,
provoca que las milpas, nopaleras, bosques y hortalizas se vuelvan pavimento
invasor que destruye tierras que antes servían para captar agua y permitían
recuperarla, por obra de las mismas comunidades, para producir alimentos y
consumir a diario.
Aunque la conservación del bosque que por generaciones han
trabajado los mazahuas hoy sirve para llevar casi 20 mil litros de agua por
segundo a la capital (supuestamente para dotar a quienes no la tienen), una
cantidad semejante al despojo se desperdicia en el subsuelo de la ciudad. Es
el deterioro de los sistemas, el hundimiento irremediable de la ciudad por
su mayor extracción de agua subterránea, la rotura de tubos de distribución
y desagüe que mezcla aguas limpias y contaminadas.
Cuando el agua sí llega a los hogares de los habitantes de la
ciudad, está saturada de materia fecal, solventes, detergentes, pinturas,
químicos y metales pesados procedentes de viviendas, industria y comercio.
Millones de litros del agua residual del despilfarro
industrial y doméstico se arrojan al valle del Mezquital, en Hidalgo, donde
comuneros y ejidatarios ñahñú la usan para regar cultivos de maíz, calabaza,
chile o alfalfa que consumen ellos y los habitantes de la ciudad de México.
Así, ni urbanos ni campesinos tenemos acceso al agua o garantía de
sobrevivir.
El crecimiento y hundimiento del Distrito Federal aumentan su
necesidad de agua limpia y su desalojo de aguas residuales (desde y hacia
regiones cada vez más lejanas). Para bombearlas y transportarlas se volvió
indispensable un mayor consumo de energía eléctrica. Esto sirve como
justificación oficial para construir más represas, como La Parota, en
Guerrero, El Arcediano, en Jalisco o El Cajón y La Yesca, en Nayarit,
proyectos que despojan de recursos y cultura a los pueblos indígenas y
aumentan la emigración del campo a las ciudades mexicanas y a Estados
Unidos, donde, en calidad de jornaleros asalariados por la agroindustria
transnacional, producen (en semiesclavitud) alimentos que se exportan a
México a precios más bajos que los nacionales, arruinan la economía
campesina y, nuevamente, estimulan una emigración que desborda las ciudades
y destruye la capacidad ambiental de recuperar el agua.
También cambió el modo de urbanizar el país: en las
periferias de sus ciudades crecen proyectos de urbanización salvaje que
incluyen, en un solo paquete, las miles de monstruosas unidades
habitacionales (casas Geo, Ara, Sadasi, Homex-Beta, Came, etcétera), que
impiden una vida humanamente soportable a sus habitantes. Proliferan
gasolineras, centros comerciales transnacionales (Wal-Mart, Costco, Sam's),
carreteras de cuota, antenas para telefonía celular y las llamadas "tiendas
de conveniencia" (Oxxo, 7-Eleven, Waldo's, Extra), que superexplotan a sus
empleados, aniquilan el pequeño comercio establecido y ambulante, imponen la
modificación de los patrones de consumo de la población, generan millones de
toneladas de basura (plásticos, envases, baterías eléctricas, papel y
residuos orgánicos) arrojada sin miramientos en terrenos inadecuados y a
cielo abierto (barrancas, ríos, lagunas, lotes baldíos), envenenando más el
agua, la tierra y el aire. En Alpuyeca, Morelos y en Tlalnepantla, estado de
México, existen dos basureros cuya operación, en los últimos 30 años, ha
matado de cáncer a decenas de pobladores y enfermado a muchos más.
La crisis ambiental y social de la ciudad de México y la
"corona de ciudades, municipios y pueblos" que la rodean es un espejo de la
crisis en la relación entre campo y ciudad. Si ya era desventajosa para el
campo, tras 25 años de neoliberalismo es casi catastrófica para campo y
ciudad. Para "solucionar" la crisis, al gobierno y los empresarios
nacionales y transnacionales no se les ocurre sino privatizarlo todo y
convertir las áreas rurales que circundan las ciudades en gigantescos
basureros, confinamientos químicos peligrosos o incineradores que rebasan el
entendimiento ambiental de las autoridades locales y niegan toda oportunidad
de que la gente opine o decida su propia vida. La agresión que supone
privatizar el agua es parte de un ataque general contra toda la población
porque su control privado posibilita acaparar todos los recursos naturales y
producidos. Desde esta óptica, la reproducción de la comunidad rural se
considera un estorbo.
Uno a uno, los elementos privatizadores se entretejen y
expresan en los cambios a leyes, normas, reglamentos y procedimientos, en
las contrarreformas agraria de 1992 e indígena de 2001, las leyes forestal,
minera, de aguas nacionales, de bioseguridad, y otras. En programas y planes
de un falso combate a la pobreza (Oportunidades) , de control de los
productores agrícolas (Procampo), de pago por servicios ambientales, de
ordenamiento "ecológico" del territorio o la certificación de tierras
(Procede y Procecom). En la reorganización neoliberal de instituciones de
gobierno, del nivel federal (la Comisión Nacional del Agua), al municipal,
con los organismos operadores de agua potable y saneamiento. En un alarmante
deterioro de la calidad de vida, la sustentabilidad ecológica, económica,
social y política de las regiones. Peor aún, en la criminalización de todas
las luchas que se oponen a la corrupción generalizada de autoridades y
partidos políticos en abierta u oculta complicidad con narcotraficantes,
jerarcas de la iglesia y empresarios. Se trata de perseguir, golpear,
amenazar, encarcelar y asesinar a quienes deciden defender su derecho al
lugar en que viven.
Por todo el país surgen movimientos populares que enfrentan
la voracidad empresarial, la corrupción gubernamental y la desinformación
ciudadana. Como la embestida del capital tiene cohesión, la resistencia
social debe ser integral. Es indispensable construir información crítica de
los aspectos de regresión legal y erosión económica, social, política y
cultural provocados por los planes privatizadores, el intercambio de
variadas experiencias organizativas contra esta expropiación, y la
construcción de alternativas colectivas autogestionarias y democráticas: de
ellas dependerá nuestra vida. Nuestras luchas deben considerar todas las
escalas (local, regional, nacional e internacional) , todas las dimensiones
(jurídica, económica, política, cultural y ambiental), todos los grupos
(indígenas, campesinos, obreros, ciudadanos, consumidores) y todos los
ámbitos de la agresión privatizadora (agua, tierra, aire, biodiversidad,
maíz, saberes y conocimientos) , para mejor defender a comunidades y
pueblos, la autonomía, la naturaleza, el territorio y la vida. Es vital
articular las luchas del campo y la ciudad, como ocurre dignamente en Oaxaca
y muchos otros lugares de México.
Octavio Rosas Landa*
Red Latina Sin Fronteras
16 de enero de 2007
*Miembro
del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop)
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