En la última semana, Uruguay fue escenario de una serie de actividades públicas de reafirmación y solidaridad en la lucha por la desprivatización de los servicios de agua potable y saneamiento, a raíz de la visita de una delegación de Francia encabezada por la ex-primera dama Danielle Mitterrand e integrada por algunos responsables sociales y políticos de este proceso en dicho país europeo.

La fundación France Libertés, presidida por Mitterrand, viene realizando una gira por la región, enmarcada en una campaña internacional de reconocimiento del derecho al agua como un derecho humano fundamental. La entidad promueve la inclusión de este derecho en la Constitución de los países y sostiene que la gestión del agua debe ser tarea exclusiva del Estado, no de una empresa comercial.

"No estamos aquí para dar lecciones", dijo en Montevideo Catherine Legna, directora de la Fundación. Y agregó: "Somos una pequeña ONG, nos unimos con funcionarios públicos y con juristas con experiencia en este tema. En Francia tenemos problemas de privatización, altas tarifas, corrupción, y sentimos el deber de solidarizarnos con los pueblos que tienen problemas con las multinacionales francesas".

Como es sabido, en la pasada década de los 90, diversos países de América Latina, como Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, entonces con gobiernos que ejecutaron alegremente las políticas neoliberales de las grandes potencias y de los organismos financieros internacionales, incorporaron a sus planes de privatización de empresas públicas la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento.

Fue Francia, en particular como integrante del Grupo de los 8 países más ricos del mundo (el G8), quien utilizó su propia experiencia y los intereses de determinadas empresas francesas para incluir la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento dentro de los planes de globalización económica impulsados a través de las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Una expansión avasalladora

Mientras en los pasados años 60 la gestión de los servicios de agua y saneamiento de Francia en manos privadas alcanzaba a un tercio de la población, hacia fines del siglo esa participación se había elevado al 80 por ciento. Las empresas como Suez, Bouygues y Vivendi, iniciadas en la gestión privada del agua en Francia, en pocos años se convirtieron en grandes trasnacionales operando en todo el mundo.

El primer gran contrato de privatización del agua en América Latina fue firmado por el gobierno de Carlos Menem en Argentina en 1992. En los años siguientes, estas tres empresas de origen francés se expandieron hacia otros países de la región, África y Asia e inclusive en Estados Unidos, operando actualmente en 130 países y teniendo en sus manos el servicio de unos 500 millones de personas.

Jean Luc Touly, presidente de la Asociación francesa para el Contrato Mundial del Agua, ex-empleado de Vivendi despedido por denunciar sus acciones fraudulentas, afirma que tal expansión no habría sido posible sin el apoyo del Banco Mundial y el FMI -que incluyeron en las condiciones de sus préstamos el aumento de las tarifas y la privatización del agua-, y sin la complicidad de los gobiernos locales.

Con las ganancias del negocio del agua y el saneamiento, estas empresas también se ampliaron hacia otras actividades, desde la gestión de la basura, los transportes, la electricidad, la telefonía celular, la televisión y las editoras, hasta los parqueos y las funerarias. Y ya junto a otras trasnacionales como Coca-Cola, Nestlé y Danone, están enfocando la explotación de las aguas subterráneas más profundas.

"Luego de una decena de años de experiencia, podemos decir que las empresas privadas no respetaron lo que firmaron en los contratos, el precio del agua subió enormemente, el saneamiento no mejoró, el acceso de los pobres al agua potable tampoco mejoró y que hoy están muriendo diariamente en el mundo 34.000 personas por tener que utilizar aguas inapropiadas", concluyó Touly.

Las trasnacionales del agua y sus influyentes apoyos no han cejado en su empeño, pero han generado una movilización social sin precedentes en cada país y en foros internacionales como el de Porto Alegre, creando incluso una instancia propia: el Foro Alternativo Mundial del Agua, que reúne a las asociaciones civiles, ONG y gobiernos en favor de la gestión pública y con sentido social del agua.

Desilusión en la propia cuna

En relativamente pocos años, los ciudadanos franceses fueron los primeros también en percibir los efectos negativos de este enfoque y comenzaron a desarrollar luchas sociales y políticas para revertir el proceso, retornando a la gestión pública y a su sentido social. Entre los procesos más rápidos en esta dirección se encuentran los de las ciudades de Grenoble, Cherbourg, Bastia y las comunas landesas.

Raymond Avrillier, vicepresidente de la municipalidad y responsable del suministro de Agua de la Comunidad Urbana de Grenoble, explicó que se puso en evidencia que la concesión a la empresa Suez en 1989 había sido hecha en forma ilegal e incluso por corrupción. Pero "no alcanza con decir que el servicio público es mejor, hay que probar que es más eficaz y menos caro", advierte Avrillier.

Entre 2000 y 2005, la administración pública del agua en Grenoble invirtió tres veces más que en los 10 años precedentes bajo la gestión privada, con una tarifa 50 por ciento menor de lo que habría cobrado Suez. Simultáneamente, mejoró la eficiencia del sistema al evitar pérdidas de agua que eran producidas por el deterioro de las instalaciones como consecuencia de la ausencia de mantenimiento.

"Cuando existen la voluntad política y los medios, el servicio público es menos caro y de mejor calidad, lo que significa una verdadera política social y ecológica, porque administra racionalmente el agua y el saneamiento. Y social porque es solidaria y democrática, toma en consideración los intereses de la población y sus medios de pago, sobre todo de los sectores de menores ingresos", dice Avrillier.

En la ciudad de París, en las elecciones de 2001 triunfó una coalición de izquierda que decide también retornar completamente a la órbita pública los servicios de agua potable de la ciudad. Anne Le Strat, secretaria general adjunta del Partido Verde y miembro del Consejo Municipal de París, pasó a presidir Aguas de París, entidad de economía mixta, público-privada, a cargo del servicio de agua potable.

El Consejo de Administración de Aguas de París está integrado por siete consejeros del municipio y tres representantes del sector privado, entre ellos uno de Lyonnaise des Eaux (Suez) y otro de la Compagnie Générale des Eaux. Le Strat explicó que Aguas de París decidió poner término a la concesión del servicio a esas empresas, pero esperará a la finalización del contrato vigente, que vence en 2009.

La polémica de los contratos

A la altura en que han quedado en evidencia las limitaciones y efectos adversos del sistema de asociación público-privada o la simple privatización de los servicios de agua potable y saneamiento y que se configura la decisión política de retornar a la gestión estatal, debe dilucidarse sin embargo cuál es el camino para la rescisión de los contratos que, por lo general, tienen de 30 a 50 años de duración.

"Los gobiernos dicen que la ruptura de los contratos con las sociedades privadas no es posible porque están jurídicamente obligados a cumplirlos", dijo Jean Luc Touly. "A pesar del resultado catastrófico de este tipo de gestión, en donde se ha probado que estas sociedades no respetan sus contratos y toman el dinero para invertir en otros dominios, dicen que los pueblos deben respetar la ley", subrayó.

En Uruguay, donde la reforma constitucional plebiscitada el 31 de octubre de 2004 dispuso que el abastecimiento de agua sea prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, ha surgido un diferendo notorio entre el gobierno de Tabaré Vázquez y la Comisión Nacional en Defensa del Agua en torno al carácter retroactivo o no de la enmienda aprobada para los contratos en vigor.

"No creo que el gobierno uruguayo sea tibio", replicó el vicepresidente de OSE, el órgano estatal uruguayo del servicio de agua potable y saneamiento, Fernando Nopitsch, ante el comentario de Touly. Y lo fundamentó con un ejemplo francés: "No creo que el gobierno de París sea tibio tampoco, cuando espera hasta el 2009 para terminar la concesión, lo que está haciendo es respetar los contratos".

Nopitsch agregó que en Uruguay "el único que queda es un contrato que esperamos poder negociar algo para terminarlo antes de la fecha fijada, porque quedan 13 años, pero también lo único que nos hemos planteado es el cumplimiento de los contratos" e invitó a los visitantes a presionar en su país también para que esas políticas del gobierno y determinadas empresas francesas cambien.

"No representamos en absoluto al gobierno francés, ni naturalmente al Grupo Suez (dueño de Aguas de la Costa, en Uruguay), que son capitales multinacionales, no son sólo franceses, ni a las reglas que se imponen en los países en desarrollo. Sin embargo, lo que hemos visto en estos días en América Latina lo trasmitiremos en Francia, incluyendo a las instituciones y los gobiernos", respondió Avrillier.

El rol de los actores sociales

Frente a la postura de respeto formal de los acuerdos firmados, existe otro enfoque según el cual la vigencia de los contratos no es un problema meramente jurídico sino político, en donde no solamente se deben considerar las condiciones y el grado de cumplimiento de un contrato, sino también la jerarquía de las normas aplicables cuando entran en juego las decisiones del soberano, o sea, el elector.

De hecho, estas diferencias de enfoque del procedimiento con los contratos firmados con las empresas a las que se entregó la gestión de los servicios, sobre todo donde han subido al gobierno fuerzas políticas progresistas, generan un impasse entre los sectores que lucharon contra esas privatizaciones, que muchas veces sólo se concibe en términos de reafirmar o retirar la confianza al nuevo gobierno.

La presidenta de Aguas de París, Le Strat, planteó dos conclusiones que pueden ser una alternativa a ese dilema: "Primero -dijo- los responsables políticos electos deben cumplir sus compromisos con la ciudadanía. Y, segundo, si el poder de los grupos privatizadores conserva su importancia, la presión social continúa siendo necesaria para garantizar que se ejecuten las decisiones políticas".

En este enfoque parecen coincidir, en definitiva, los movimientos sociales de los distintos países en donde sigue planteado el problema. En Uruguay, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida no ha cejado en su empeño e incluso pleitea con el gobierno su interpretación de la reforma constitucional. Bolivia es ejemplo también de que sólo la movilización social garantiza el curso.

En última instancia, esta tesitura se inscribe hoy en una perspectiva más amplia de las condiciones para un desarrollo social, económica y ambientalmente sustentable, en donde la participación debe ir más allá de las prácticas de delegación de poder tradicionales, para ser un proceso continuo de gestión de múltiples actores que integre a comunidades, empresas y gobiernos en instancias permanentes.

Mientras esta nueva perspectiva de participación social y gestión compartida entre diversos actores no sea asumida por los responsables políticos y por los grupos interesados en salir del callejón neoliberal, surgen dilemas y confrontaciones que, en lugar de fortalecer, debilitan a los sectores que buscan el cambio y, en definitiva, ponen en riesgo la factibilidad final de las soluciones planteadas.

Víctor L. Bacchetta (*)

© Rel-UITA

26 de setiembre de 2005

(*) Con elementos extraídos de la mesa redonda sobre  “La gestión pública del agua en Francia y Uruguay: desafíos y perspectivas”, realizada el 22 de setiembre pasado en la Intendencia Municipal de Montevideo, convocada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y Uruguay Sustentable. Participaron Catherine Legna, Jean Luc Touly , Anne Le Strat, Raymond Avrillier, Carlos Colache y Fernando Nopitsch (Presidente y Vicepresidente de OSE, respectivamente) y Adriana Marquisio (de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida).