A las otras 12 les quitó la concesión, sea por
incumplimiento de contrato, como en el caso de la otra
firma de capitales extranjeros, Uragua, manejada por
la vasca Aguas de Bilbao, sea por carecer de contrato
formal habilitante.
Sin
embargo, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de
la Vida entiende que también el permiso que habilita a
Aguas de la Costa debe ser anulado. “Es un principio
innegociable: las decisiones populares deben ser
respetadas”, dijo la dirigente del sindicato de OSE
Adriana Marquisio luego de que una delegación de los
manifestantes fuera recibida el martes por el
secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, y el
subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, Jaime Igorra.
Fernández informó por su parte que el gobierno todavía
no ha tomado una decisión definitiva respecto a si
mantiene o no la concesión a Aguas de la Costa, pero
indicó que en caso de rescindirla el Estado uruguayo
debería pagar una indemnización demasiado onerosa para
sus escasos recursos actuales. También ofreció a la
CNDAV un ámbito de discusión parlamentaria sobre la
política estatal en materia de agua y saneamiento.
Contra el decreto del 20 de mayo fueron presentados
varios recursos de revocación, uno proveniente de
Uragua, otro de la propia CNDAV y un tercero del
opositor Partido Colorado. Desde entonces el Poder
Ejecutivo dispone de 150 días para expedirse. “El
presidente Vázquez aún no ha tomado una decisión al
respecto”, insistió su secretario.
“Para
nosotros –objetó por su lado Marquisio– es plenamente
claro que hay un proceso democrático avalado por el 65
ciento de la población que debe ser acatado. Alertamos
al secretario de la Presidencia de la República de que
no vamos a dejar de movilizarnos, que para nosotros la
señal de respeto a lo que el pueblo votó es muy
importante”.
Luis
García, presidente de la Liga de Fomento de
Manantiales (una zona de Maldonado servida por Aguas
de la Costa) e integrante de la CNDAV, aun si se dijo
“gratamente sorprendido” de haber sido recibido en la
Presidencia, señaló a Rel-UITA que lo que ha quedado
claro una vez más es que “el gobierno sigue en la suya
y nosotros en la nuestra. El gobierno sigue creyendo
que la vía para la solución de estos temas es el
decreto y nosotros le planteamos claramente que el
decreto es anticonstitucional”.
A su
juicio, el Poder Ejecutivo está bajo una intensa
presión de las empresas transnacionales involucradas
en el tema. “Pero también se ve sometido a nuestra
presión. Esta manifestación popular puso el tema
encima de la mesa. Fue una satisfacción enorme ver
tanta gente, no solamente la que llegó a Montevideo
sino también la que a lo largo de los 120 kilómetros
de marcha nos alentó. Muchísimos ciudadanos sienten
que la reforma constitucional aprobada el 31 de
octubre debe cumplirse en todos sus términos”,
destacó.
García citó una encuesta de opinión encargada por la
Liga de Fomento de Manantiales según la cual en
Maldonado el 74 por ciento de los ciudadanos de todo
signo político, y el 88 por ciento de los votantes de
izquierda, que respaldaron la reforma constitucional
el 31 de octubre está en contra del decreto
interpretativo del 20 de mayo.
La
encuesta también echa por tierra “con el mito de que
en Maldonado (departamento donde está ubicado el
exclusivo centro turístico de Punta del Este) todos
somos ricos, como alega Aguas de la Costa para
justificar las carísimas tarifas que cobra”, observó
García. De acuerdo a sus cifras, 64 por ciento de los
habitantes de la zona son trabajadores, y de ellos 70
por ciento no tiene acceso a agua potable.
“Sólo
un servicio estatal, al servicio de la gente, puede
superar ese estado de cosas“, concluyó.
Daniel Gatti
Entrevistas: Rubén
Yizmeyián
© Rel-UITA
29 de junio de 2005
