En una carrera contra el tiempo que deja muchas dudas y hasta sospechas, los diputados nicaragüenses aprobarán en los próximos días la Ley General de Aguas Nacionales. Organizaciones de la sociedad civil, reunidas en la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua, desde hace varios años vienen debatiendo con las diferentes fuerzas políticas la aprobación de una ley que regule el delicado tema de las aguas nacionales y, sobre todo, impida cualquier tipo de privatización del vital fluido.

No es un secreto para nadie que el recurso hídrico está en las miras de las grandes empresas nacionales e internacionales, las cuales ya lo están explotando de manera desconsiderada bajo los pretextos de generar energía hidroeléctrica, el riego extensivo en monocultivos para la exportación (es el caso, por ejemplo, del Ingenio San Antonio, famoso para la producción de azúcar y ron, pero también para la contaminación de las aguas que ha llevado a la muerte a miles de trabajadores que sufren de Insuficiencia Renal Crónica) o simplemente para vender agua purificada.

A esto se le agrega la complicada situación de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado (ENACAL), cuyo director ha declarado el estado de quiebra de la empresa y la imposibilidad de garantizar un servicio eficiente, proponiendo, como solución, el aumento de casi el 50 por ciento de la tarifa.

Lastimosamente, la falta de suministro de agua en todo el país se ha vuelto algo normal y ya no llaman la atención los continuos reclamos de la población frente a esta dramática situación.

Después de casi dos años de silencio, y a escasas dos semanas de dejar sus curúles, los diputados han acelerado la discusión y aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales, desatendiendo todas las propuestas y los aportes técnicos y científicos de la sociedad civil.

La privatización encubierta

A pesar de las declaraciones del actual diputado y futuro Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, quien aseguró que esta Ley va a ser un ejemplo para toda Centroamérica y va a evitar cualquier tipo de privatización, la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua realizó una conferencia de prensa sentando su posición frente a lo que consideran una burla y un verdadero peligro para el futuro de los recursos hídricos del país.

En su pronunciamiento, la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua planteó que “El agua es un recurso natural, limitado, esencial para la vida de las personas y el medio ambiente. El agua es un derecho universal irrenunciable del cual todas las personas tenemos derecho a su acceso. En Nicaragua, a partir de la aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales, se corre el riesgo de que miles de personas no tengan acceso a este vital líquido, por lo que alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre lo que ha venido ocurriendo en el seno de la Asamblea Nacional.

En febrero de 2005, la AN aprobó en lo general la Ley General de Aguas Nacionales. A través de esta norma jurídica se establecen las bases para que la privatización del recurso de agua potable sea una realidad en Nicaragua, en detrimento de la calidad de vida que nos merecemos los y las nicaragüenses.

Desde la elaboración de la primera propuesta de la Ley General de Aguas Nacionales -elaborada por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC)-, las organizaciones de la sociedad civil, a través de un estudio de derecho comparado, ha demostrado que esa ley es excluyente, le niega el derecho de acceso a miles de personas y, a todas luces, establece el marco jurídico para la privatización de los servicios de agua y saneamiento”.

En su artículo más relevante (Art. 4), la nueva ley establece que “El servicio de agua potable no será objeto de privatización alguna, directa o indirecta, y será considerado siempre de carácter público. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado a través de las instituciones creadas para tales efectos o de las que se creen en el futuro”.

Las organizaciones de la sociedad civil habían propuesto una modificación muy importante para que no sólo se garantizara la no privatización del servicio de agua potable, sino también del recurso Agua y del servicio de saneamiento, plasmando esta propuesta de la siguiente forma: “El agua y su ciclo hidrológico como patrimonio nacional no serán objeto de privatización alguna, directa o indirecta. El agua potable para uso doméstico, medicinal y para acueductos, y los servicios o actividades relacionados con esos usos, como el saneamiento, no serán entregados bajo figura ni forma alguna a la empresa privada. Estos servicios son de carácter público bajo prestación exclusiva del Estado o las Municipalidades. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado a través de las instituciones creadas para tales efectos”.

Un debate abierto y transparente

Ante lo expuesto, las organizaciones de la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua están ahora demandando “la suspensión inmediata del proceso de discusión y aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales y abrir un verdadero proceso de consulta con los diferentes actores de la Nación, para concretar el derecho de acceso al agua potable y saneamiento, tal como lo establece el Art. 102 de la Constitución Política de Nicaragua”.

Piden, además, la participación directa de los ciudadanos en los órganos de gestión del Recurso Hídrico, desde la Comarca, Barrio, el Municipio y los órganos nacionales, para contribuir a la ejecución de la Ley y a la formulación de políticas sobre el recurso y modificaciones legislativas, y de considerar los planteamientos que han venido proponiendo organizaciones campesinas sobre el acceso universal al agua, ya que ésta es una ley vista desde el sector urbano y no del sector rural.

Según el jurista y miembro de la Coalición, Luis Gómez, “Lo que se pretende con esta ley es que el agua entre a hacer parte del patrimonio económico de cualquier persona natural o jurídica, incluso se puede transmitir por herencia y por la vía contractual.

Al hacer parte del patrimonio puede ser permitido la entrega de este recurso en garantía para obtener crédito y esto equivale a privatización. Esta medida afecta el patrimonio de los nicaragüenses en por lo menos 400 millones de córdobas (unos 22 millones de dólares) al año. Es indudablemente un gran negocio.

Las grandes empresas extraen para el consumo agrícola más de mil millones de m³ anuales, mientras que la población no llega a consumir 100 millones de m³ al año. El Estado no cobra nada a estos empresarios y hay una gran pérdida del patrimonio nacional.

Nadie está diciendo que no se permita la inversión privada nacional o internacional, pero con esta ley el ciclo industrial del agua se privatiza igualmente, porque la extracción, la purificación y la potabilización pasaría a manos privadas. Es decir que varias empresas pueden manejar distintas fases del ciclo productivo del agua, a través de concesiones, permisos de explotación, uso o aprovechamiento.

Al mismo tiempo, se excluye más gente del acceso al agua.

No se está garantizando el agua para la población rural, mientras que los grandes productores o las compañías utilizan el agua de los recursos naturales sin pagar nada. En la zona rural están dejando sin agua a la población, porque dicen que estos recursos están en sus propiedades y los explotan como quieren. Tienen el dominio sobre el agua y esta ley se lo va a permitir aún más”.

La democracia en peligro

Denis Meléndez, responsable del Área de Incidencia del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), consideró que la declaración del actual presidente de la Comisión Parlamentaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales y futuro Vicepresidente de la República, Jaime Morales Carazo, “Es una puñalada artera a la población. En casi dos años mantuvo engavetadas la Ley y nuestra iniciativa, y hoy, de manera secreta, porque no quieren que a este tema se le dé publicidad, han traído nuevamente a discusión la Ley y la población no ha sido informada adecuadamente.

Hemos presentado un estudio de derecho comparado para demostrarles a los diputados que efectivamente estamos frente a un proceso de privatización del agua.

Es cierto que en el Artículo 4 queda expreso que no se va a privatizar el servicio de agua, pero sí el recurso como tal.

Nosotros pedimos que no se privaticen ni el recurso, ni el servicio. Hoy en día en nuestro país, el litro de agua tiene un costo superior al litro de gasolina súper. La extracción de agua no requiere de una alta tecnología como la del petróleo, y ha habido un interés en mantener esta norma que permite la privatización del recurso agua.

Queremos que haya justicia en relación con el derecho al acceso al agua.

¿Quién nos garantiza que los dueños de una industria textil, que van a pedir la extracción de millones de metros cúbicos de agua, paguen por esta agua que utilizan para su proceso industrial?

Con la privatización, el impacto indirecto contra la población y en su salud, va a ser dramático. Vamos a sufrir un deterioro en la calidad de vida de la población, porque el agua potable es necesaria para la vida de la gente. Es un bien público que significa la vida de las personas.

Una vez que se haya aprobado la ley –terminó Meléndez–, nosotros estaríamos demandando que el Presidente de la República la vete.

Si no la veta en el plazo establecido, que es de 15 días, el nuevo gobierno estaría asumiendo en condiciones adversas, porque si no hay derecho de acceso al agua estamos evaluando que la gobernabilidad  está en peligro en Nicaragua.

Estamos alertando a las organizaciones amigas a nivel internacional para que estén adecuadamente informadas de lo que ocurre en nuestro país”.

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