Uruguay
Con Luis García *
Salvar el agua para cambiar el país |
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El 31 de octubre, junto a las elecciones
nacionales, los uruguayos deberán pronunciarse
en un plebiscito respecto a si están de acuerdo
en incluir en la Constitución una cláusula que
impida la privatización de los servicios de agua
potable. Presidente de la Liga de Fomento de
Manantiales, en el departamento de Maldonado, el
primero en el que filiales de multinacionales se
hicieron con el control del agua,
García es impulsor de esa reforma. |
-¿Cuáles son los resultados de la gestión de las
empresas privadas Aguas de la Costa y Uragua en el
departamento de Maldonado?
-La primera experiencia privatizadora del agua en este
país arrancó en Maldonado, porque se entendía que era
el departamento más rico de Uruguay. De lo que se
olvidaron cuando decidieron esto es que la tarifa del
servicio de agua potable en un día se multiplicó por
diez. Sin ni siquiera abrir el grifo hoy pagamos
ochocientos pesos uruguayos, y sin tirar la cisterna
1.200 (al cambio actual, un dólar ronda los 30 pesos
uruguayos), se trate de un trabajador o de un rico. El
rico lo puede pagar, pero el trabajador no.
Esto es sólo para una parte del departamento, desde el
arroyo Maldonado hacia el este. Toda esta zona es la
que gestiona desde 1993 Aguas de la Costa. Allí hay
propiedades muy suntuosas, pero también las hay, por
supuesto, en Punta del Este. Sin embargo, esta ciudad
está atendida por otra empresa privada, Uragua, pero
sus habitantes pagan lo mismo que en el resto de la
República.
Lamentablemente, todo el sistema político aprobó esta
trampa institucional que fue tendida desde el poder,
burlando la decisión popular del plebiscito del 13 de
diciembre de 1992 de oponerse a la privatización de
las empresas públicas.
El 11 de diciembre de 1992, un viernes por la tarde,
dos días antes del plebiscito, el directorio de la
empresa pública del sector (Obras Sanitarias del
Estado, OSE) otorgó la concesión del agua de esta zona
de Maldonado a la compañía privada. Ya conocía, a
través de los servicios de inteligencia, que el pueblo
se pronunicaría dos días después, por mayoría
aplastante, en favor de las empresas públicas. Y
luego, un año después, un solo diputado de la nación,
el izquierdista Helios Sarthou, votó en contra de la
ley 16.361, que dejó firme la concesión de OSE a favor
de Aguas de la Costa. Burlaron la decisión del pueblo,
y nos multiplicaron por 10 las tarifas.
-¿A cuánta gente abarca el servicio de Aguas de la
Costa?
-En el entorno de los 3 mil usuarios. El argumento de
por qué es tan cara la tarifa es que como somos pocos,
entre pocos tenemos que pagar la obra.
-¿La conciencia de que la gestión, además de cara, era
mala comenzó a partir del dolor de pagar esa tarifa?
-Sin duda lo primero que golpea es el bolsillo. Pero
después golpeó la realidad de la afectación al medio
ambiente.
Aguas de la Costa tendió los caños de saneamiento por
las playas de los balnearios, por las playas de José
Ignacio, de Manantiales, de La Barra, al extremo que
estos caños de plástico estaban 2 metros enterrados
por debajo de la superficie de la arena. Cuando soplan
vientos fuertes, la sudestada, se rompen los caños de
saneamiento y la materia fecal que estaba colectada
para sanear los balnearios termina derramándose en
nuestros principales balnearios. Uruguay tiene a Punta
del Este como emblema pero las costas al este del
arroyo Maldonado, La Barra, Manantiales, José Ignacio,
Bikini, son las playas más visitadas.
Por otra parte, para tender esos caños sobre la playa
rompieron formaciones rocosas con el fin de abaratar
la obra, en lugar de tirar los caños por la calle
costanera. Hubo movilizaciones importantísimas para
detener esto, pero fueron infructuosas.
La afectación al medio ambiente no terminó ahí. La
empresa usaba como fuente la Laguna Blanca, pero sabía
que en un plazo de 5 a 10 años iba a tener que buscar
una fuente alternativa porque tal como estaban
trabajando esa fuente se iba a secar. Y la terminaron
secando. Fue tan grave el tema que cuando se secó la
Laguna Blanca fue precisamente en el momento en que se
iba a conceder los servicios de agua del resto de
Maldonado. Antes que se concretara esta operación, los
vecinos de esas zonas del departamento se movilizaron
y lograron que la tarifa que se aplicara tras la
concesión fuera igual a la del resto del país. Los
únicos que quedamos colgados con esta tarifa infame
fuimos los habitantes que padecimos la primer
concesión.
-Son 11 años de sufrir, por un lado, una tarifa
carísima, y por otro, en el caso de Uragua, el
incumplimiento de las obras de saneamiento pactadas.
-Uragua fue contratada para hacer las obras de
saneamiento de Punta del Este y hasta hoy no ha hecho
un solo centímetro lineal. Por concepto de divisas
generadas por el turismo, en sus mejores años Punta
del Este produce el mismo nivel de ingresos que la
tradicional industria de la carne. Pero ahora, con la
superpoblación que tiene durante el verano se le
presenta un grave problema sanitario que puede afectar
esos ingresos. El Estado uruguayo, a través de OSE,
por razones que presumimos que son de incompetencia y
de interés, dijo no poder realizar las obras de
saneamiento y llamó a un privado para hacerlas. Por
eso vino Uragua a Maldonado, que salvo poner la
factura en un sobrecito prolijo y arreglarte los caños
en tiempo no ha construido nada.
-Además, cuando no se paga la factura el servicio es
cortado de inmediato.
-Y sin importar de quién se trata. De 80
construcciones de casas que actualmente se levantan en
el departamento de Maldonado, 40 son en José Ignacio,
un lugar que va a multiplicar su población en corto
tiempo. Es una zona agreste donde se ha ido instalando
mucha gente muy rica, pero en la que quedaban hasta
hace muy poco grifos públicos de agua y aguateros con
carros a caballo. Lo primero que hizo la compañía
privada fue eliminar esos grifos. Y en José Ignacio no
son todos ricos. También viven allí pobres que
atienden a esos ricos, las camas las tienden las
mucamas que viven allí, el pasto lo cortan los
jardineros que viven allí, las aberturas de las casas
y las puertas las hacen los carpinteros que viven
allí. Hay mucha gente de trabajo, cuyos hijos van a la
escuela pública local. Y a esa escuela pública la
dejaron sin agua. Como la administración de la
enseñanza no le había mandado el dinero al director de
la escuela, durante dos meses no le pudo pagar a Aguas
de la Costa, y ésta cortó el agua. Por suerte, un
vecino se apiadó: como su casa está pegada la escuela,
tiró por detrás un caño negro de plastiducto para
darle agua a la escuela, para los bebederos, para que
los niños se pudieran higienizar. Cuando la compañía
privada se enteró, lo rezongó. El vecino era el
comisario del pueblo, la autoridad del pueblo. Después
apareció el dinero de las autoridades de la enseñanza
y el problema se solucionó.
Pero en definitiva, los privados han mostrado no tener
sensibilidad social, depredan el medio ambiente y no
mejoran la gestión de los públicos en los servicios de
agua y saneamiento.
-La industria turística de Maldonado estuvo a punto de
colapsar, no sólo por la crisis económica en
Argentina, de donde proviene la mayor parte de los
turistas, sino también por el problema ambiental.
-Es cierto. Hoy Punta del Este muestra un repunte,
pero eso hace aun más imprescindible concretar las
obras. Vista la manera en que han actuado los
privados, querríamos que los trabajos los realizara la
empresa pública OSE.
-¿Fue necesario todo este proceso para que la
comunidad de Punta del Este entendiera que el agua es
un derecho humano básico?
-No aprendemos en la vida hasta que metemos el dedo en
el enchufe. El ensayo y el error son parte de la
experiencia educativa. Y que nos cobren de más y que
sequen la Laguna Blanca, que dejen a Piriápolis sin
agua, como la dejó Uragua, que viertan coliformes en
la red, que tiren materia fecal al puerto de Punta del
Este, que no construyeran ni un centímetro lineal del
saneamiento que vinieron a hacer, que no mejoren la
gestión pública, es parte del aprendizaje.
Ahora, con la perspectiva del plebiscito de fines de
octubre la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la
Vida le da, por un lado, al departamento de Maldonado
la posibilidad de salir de este brete en el cual nos
metieron, y por otro, al país todo, la posibilidad de
no repetir esta triste historia.
-¿Cómo sigue la campaña rumbo al plebiscito?
-La estrategia es convencer, y convencer desde el
llano. Los políticos de todos los partidos se
equivocaron con nosotros. Han pasado 11 años y no han
corregido el error. Entonces, desde el llano, junto
con la gente de la Ciudad de la Costa, en el
departamento de Canelones (vecino a Montevideo), con
los funcionarios de OSE , con la Universidad de la
República, con la gente de grupos ambientalistas como
REDES-Amigos de la Tierra y otros construimos la base
de lo que hoy es esta gran Comisión Nacional. Luego se
acercó la central sindical PIT-CNT, la coalición de
partidos de izquierda Encuentro Progresista-Frente
Amplio y otros grupos políticos. Todos son
bienvenidos, pero nosotros confiamos sobre todo en
nuestras propias fuerzas, que son las fuerzas de la
razón, la fuerza de las ideas, la defensa del Acuífero
Guaraní, esa gran reserva de agua con que cuentan los
países del Mercosur.
Estamos convencidos de que si gana la reforma
constitucional el 31 de octubre se transforma el país,
el sistema político se transforma, toma conciencia
fuerte de que el tema del agua importa, porque lo
vamos a plasmar en la Constitución de la República.
Esto redimensionaría el tema de la administración de
OSE: me imagino que el cerebro de ese organismo, la
gente que manda, cambiará, y la OSE dejará de ser la
Cenicienta del Estado. Ese cerebro deberá ser
necesariamente distinto, así como también será
distinto el cuerpo de OSE, es decir sus funcionarios,
que hasta ahora estaban acostumbrados a movilizarse
sólo por reivindicaciones sectoriales y ya han
adquirido otra experiencia, diferente respecto a la
lucha sindical tradicional, en función de movilizarse
en pro de intereses de toda la sociedad.
-Estas luchas en favor de mantener los servicios de
agua en manos del Estado, las movilizaciones exitosas
del año pasado para que la empresa pública petrolera
ANCAP también permaneciera en manos públicas, han ido
cambiando al funcionario estatal, lo han hecho madurar
conceptualmente. Defiende su puesto de trabajo, pero
también la soberanía nacional, asumiendo que hay que
mejorar gestiones pero que para eso las empresas
públicas deben seguir siendo públicas. ¿Es así?
-Tal cual. Yo creo que se ha producido un cambio
conceptual en la cabeza del ciudadano medio uruguayo,
y los trabajadores son ciudadanos medios. Todos
queremos mejor calidad y mejor precio. Los
trabajadores de OSE han demostrado integridad moral,
han reposicionado un sindicato que evidentemente
funcionaba distinto. Ahora mismo están financiando una
parte muy fuerte de la campaña publicitaria de cara al
plebiscito, con aportes que se descuentan de sus
salarios. Están discutiendo la importancia del agua y
están enlazándose con organizaciones ambientalistas y
con otras a nivel regional e internacional.
En Uruguay hay pruebas de que organismos públicos como
la empresa de electricidad UTE o la telefónica ANTEL
se han modernizado, en parte porque sus trabajadores
han puesto entusiasmo. Nosotros, que en su momento
criticamos al sindicato de OSE porque nos dejó
colgados de las uñas cuando nos vendieron, hoy los
aplaudimos. Estamos convencidos de que la reforma es
una necesidad del país, y que no solamente se va a
defender el agua sino un tipo de gestión en la que los
trabajadores tendrán un rol cada vez más protagónico.
La comunidad funciona si sus dirigentes funcionan,
pero también si sus trabajadores y sus ciudadanos son
concientes de sus roles.
-Esto que está pasando hoy en Uruguay, ¿puede tener
repercusión a nivel regional?
-Creo que sí, porque hace a la madurez de nuestras
propias comunidades, de nuestra gente, de privilegiar
lo colectivo, los recursos naturales. Nuestro recurso
a la democracia directa cuando las decisiones de
quienes nos representan en el parlamento no nos
parecen buenas, es totalmente reivindicable.
Rubén Yizmeyián
© Rel-UITA
30 de julio
de 2004
* Integrante de la Comisión Nacional en Defensa del
Agua y de la Vida.