Es relevante que un país como Uruguay elija por primera vez en su historia a un gobierno de izquierdas, pero lo es más, si cabe, que sea pionero a nivel mundial en la celebración de una consulta popular sobre el agua. El pasado domingo los uruguayos además de poner fin a 170 años de alternancia de “Blancos” y “Colorados”, dijeron “no” en referéndum a la privatización del agua.

El 60% de la ciudadanía votó a favor de una reforma constitucional que, al declarar el agua como “bien público”, la protege en adelante de caer en manos privadas, a la vez que garantiza la participación de los usuarios en todos los niveles de su gestión. El acceso a los servicios de agua y saneamiento pasa además a ser considerado un derecho humano fundamental. Una compañía estatal se encargará de hacerlo efectivo, y no habrá en el futuro más concesiones a empresas privadas.

Las organizaciones ecologistas han destacado la importancia de la iniciativa uruguaya por su novedad, y también porque fija un precedente importante para la protección del Medio Ambiente: la democracia directa como fórmula para consagrar estos principios en la constitución nacional. En un tiempo en que las grandes corporaciones pugnan por el control del agua, Uruguay se garantiza así la soberanía sobre un recurso cada día más preciado por su escasez.

Lo que todavía no está muy claro de la reforma, es qué pasará con las empresas foráneas que actualmente prestan en el país servicios de agua. En principio, la reforma no tendrá carácter retroactivo y sólo se revisarán aquellas concesiones que vayan en contra del interés general. Es el caso de dos compañías españolas.

Aguas de la Costa opera en el Departamento de Maldonado desde hace doce años. En este tiempo las tarifas de agua han subido en la zona a un ritmo siete veces superior al del resto del país. Es un fenómeno íntimamente ligado a cualquier experiencia privatizadora, que las empresas suelen justificar diciendo que mejoran el servicio. Pero el ejemplo de la otra empresa española desbarata este argumento. Uragua se encarga del suministro de agua en Punta del Este y Piri, dos destacados centros turísticos. En 2002, en el momento álgido de la temporada turística, la compañía estatal de agua Obras Sanitarias del Estado (OSE), se vio obligada a recomendar a la población que hirviera el agua suministrada por Uragua antes de consumirla porque ésta contenía bacterias.

En los últimos años, el traspaso a manos privadas de la gestión del agua se ha planteado como una posible solución a su creciente escasez. El Banco Mundial ha sido uno de los mayores patrocinadores de esta idea, e incluso, en determinados casos, ha llegado a condicionar la concesión de préstamos en países del Sur a la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Algunas compañías como la Suez Lyonnaise del Eaux o Vivendi tienen ya 110 millones de clientes en más de 100 países, y aspiran a acaparar el 75% del mercado en los próximos años.

Varios países latinoamericanos ya se han opuesto firmemente a la privatización del agua. Los habitantes de Cochabamba, en Bolivia, protagonizaron una de las revueltas más sonoras. Hartos de invertir cerca de la mitad de su sueldo en la cuenta del agua se echaron a la calle. Después de meses de protestas consiguieron recuperar el control sobre el preciado recurso y que el gobierno suspendiera la concesión a una empresa dependiente del conglomerado Bechtel. También en otros países de la región como Argentina y Chile la privatización ha despertado malestar entre la gente, pero nunca antes ningún país había hecho lo que Uruguay: someter a votación el modo de gestionar el agua. Habrá que ver si cunde su ejemplo.

Iñigo Herraiz

Agencia de Información Solidaria (AIS)

5 de noviembre de 2004