El 1 de setiembre, el directorio de OSE aceptó la propuesta
de una empresa francesa para mejorar la gestión del
ente en lo que hace al abastecimiento de agua potable
en la zona metropolitana y en el interior del país. Al
otro día el gremio de OSE, FFOSE, destacó que se
trataba de "un nuevo intento privatizador" que implica
"pasar por arriba de la voluntad del pueblo uruguayo",
que el 31 de octubre, junto con las elecciones
nacionales, debe resolver si acepta que empresas
multinacionales actúen dentro de estos servicios.
En una nota dirigida a OSE, la embajada francesa comunicó al
organismo que "con fecha 17 de julio de 2004 (la
empresa) Safege informó que el embajador de Francia ha
confirmado la donación del gobierno francés destinada
a la realización del estudio de factibilidad para la
mejora integral de la gestión en el abastecimiento de
agua potable, sistema metropolitano e interior,
proponiendo la firma de un memorándum de entendimiento
a tales efectos y solicitando la designación de la
contraparte de OSE para la realización de los
estudios".
Según la vicepresidenta de FFOSE, Adriana Marquisio, para la
realización de ese estudio que la embajada francesa
financiará con una "donación" de 750 mil euros, Safege,
una suerte de "división ambiental" de la multinacional
francesa Suez Lyonnaise des Eaux, pide una cantidad de
información que constituye "una base de datos, una
foto de toda la gestión de la OSE, algo que se elaboró
a lo largo de 50 años de trabajo y que ahora sería
entregada a esta empresa". La base de datos incluye el
número total de conexiones activas e inactivas, de
medidores en servicio, volúmenes de agua facturados,
cantidad de clientes activos y fugas del líquido
detectadas y reparadas, entre otros.
En Uruguay esta multinacional –una de las más poderosas del
mundo en materia de agua– obtuvo la concesión de los
servicios de agua potable y saneamiento al este del
arroyo Maldonado, en el departamento del mismo nombre,
con su subsidiaria bautizada Aguas de la Costa. A esta
firma se le cuestiona que "no sólo cobra actualmente
una tarifa exorbitante por agua y saneamiento, sino
que también secó la Laguna Blanca en Maldonado",
señaló la dirigente sindical.
Para Marquisio, que OSE haya aceptado la propuesta de Safege
“es una locura, porque es desconocer todo un proceso
de democracia directa que está en su última fase”.
Según reconoció el propio vicepresidente de OSE, Hugo
Granucci, el que ahora se le encomendó a Safege es el
mismo trabajo sobre mejora de gestión que OSE había
acordado y venía desarrollando con la consultora de
Conex, dependiente de otro ente estatal, la empresa de
electricidad UTE. Ese contrato fue dejado sin efecto
en febrero último, cuando UTE ya había realizado el
trabajo y esperaba la decisión de OSE para la
implementación de las mejoras propuestas. Como
resultado del incumplimiento, el presidente de UTE,
Ricardo Scaglia, había amenazado con hacerle juicio a
OSE, pero finalmente se negoció el no pago del consumo
de agua de UTE durante 20 meses. Transcurrido ese
lapso, la deuda quedaría saldada.
En aquel momento, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y
la Vida –que impulsa la reforma constitucional y de la
cual FFOSE es miembro– interpretó "esta abrupta
decisión como una nueva medida contra la gestión
pública de los servicios de agua potable y
saneamiento, que además desarticula lo ya actuado por
el organismo en pos de la mejora de su gestión en
coordinación con otro entre público. Este hecho tiene
el agravante de que la decisión ha sido injustificada,
echa por tierra una importante inversión material y
detiene informes sobre la gestión de OSE que proponen
mejoras tendientes a consolidar la gestión pública del
agua. Es un hecho que desde el directorio de OSE se ha
trabajado en detrimento de la gestión pública de los
servicios de agua potable".
Para el Presidente de FFOSE, Carlos Sosa, el convenio
OSE-UTE-Conex demostró que "las empresas del Estado
pueden prestar servicio a otras empresas del Estado
para mejorar su gestión. Sin embargo, se optó por el
camino privatizador". Para el gremio es claro que se
anuló el convenio con Conex para firmarlo con la
empresa francesa. "Se ve que Granucci tenía debajo de
la manga un acuerdo con Safege" concluye Sosa,
reclamando a las jerarquías de OSE que expliquen por
qué se tomó esa decisión.
Granucci respondió diciendo que "aquí no hay nada que
aclarar. No se puede salir a aclarar permanentemente
lo que se les ocurre a estos muchachos. La consultoría
de UTE-Conex costaba 11 millones de dólares; en cambio
el estudio de Safege se hace a través de una donación
del gobierno francés". El jerarca acusó al sindicato
de estar "politiqueando con una cosa que es muy seria,
que se refiere a las decisiones estratégicas que debe
tomar OSE para mejorar su gestión. Esa información
–que no tiene costo para OSE– la podrá usar el
gobierno que viene, sea del color que sea, para tomar
mejores decisiones. Es eso y nada más".
Desde el punto de vista jurídico, el procedimiento llevado a
cabo por OSE está amparado en la Ley de Reactivación
Económica, que permite que privados participen en la
gestión de las empresas públicas uruguayas. Según
Marquisio, "la ley habilita al Estado a hacer un
llamado a iniciativas privadas para áreas que
considere que no las puede desarrollar”. Pero en este
caso, “se está llamando para la mejora de la gestión
del servicio de abastecimiento de agua potable del
área metropolitana", algo que perfectamente puede
hacer el ente estatal. Sosa explicó que según la ley,
estos proyectos de participación privada "deben ser
una novedad, no pueden haberse implementado antes. No
obstante, en lo que respecta al agua ya hay una
gerencia que es de recuperación de agua no
contabilizada", y está el antecedente OSE-UTE-Conex.
Los integrantes de FFOSE y de la Comisión consideran que el
acuerdo con Safege podría ser ilegal o
inconstitucional, de acuerdo a consultas jurídicas que
realizaron, puesto que está en curso un plebiscito en
el que la ciudadanía deberá decidir si la gestión del
agua queda únicamente en manos del Estado. Sin
embargo, el senador socialista y abogado
constitucionalista José Korsenia, le bajó los
decibeles a la situación planteada y afirmó que "OSE
puede pedir todos los informes y asesorías que quiera
pedir sobre cómo mejorar la gestión, y eso no tiene
nada que ver con una privatización ni con la reforma
constitucional planteada".
El senador enfatizó que "no existe ninguna relación jurídica
entre esos informes y la reforma constitucional", por
lo cual el acuerdo no tendría nada de ilegal.
Ramiro Chimuris, asesor jurídico de la Comisión en Defensa
del Agua y la Vida, recordó que en su libro “El
malestar en la globalización” el ex asesor del Banco
Mundial Joseph Stiglitz explica cuáles son los cuatro
pasos para llegar a las privatizaciones. Uno de esos
pasos es justamente cerrar acuerdos del tipo del que
OSE estableció con Safege. Lo que se haría en Uruguay
sería privatizar o tercerizar algunas áreas de gestión
que –de aprobarse la reforma– no podrían alcanzar a la
prestación de servicios de agua potable y saneamiento,
pero sería una privatización al fin.
El acuerdo de OSE con Safege no es un acontecimiento aislado
en lo que hace a la firma de "memorándums de
entendimiento" entre el Estado y empresas extranjeras
interesadas en asesorar a la empresa pública uruguaya.
Habilitados por la ley de reactivación económica, el
consorcio integrado por las firmas Seinco SRL, STA
Ingenieros SRL y Nikelind SRL y la empresa Química
Aguas Corrientes S.A., presentaron proyectos que están
"parcialmente aceptados" por OSE, tal como meses atrás
lo estaba el de Safege.
También habría capitales japoneses interesados en asesorar al
gobierno uruguayo en la realización de mejoras en la
gestión del agua en el área metropolitana, que abarca
los departamentos (provincias) de Montevideo,
Canelones y San José.
Una delegación japonesa visitó recientemente Montevideo con
ese fin. Margarita Percovich, legisladora de la
coalición de izquierda Frente Amplio, comentó que tras
la visita de los japoneses "nos quedó la duda de si
realmente se trataba de una colaboración para mejorar
las posibilidades de gestión o si venían a llevarse
datos". Tiempo después, Percovich fue invitada a la
embajada de Japón "para averiguar si cuando la
izquierda sea gobierno los inversores se van a poder
quedar Les pregunté sobre el tema del agua pero no me
largaron prenda".
Según Marquisio, Japón tiene gran interés en apropiarse de
otros recursos de agua porque sus ríos están casi
todos contaminados.
Por otra parte, empresas de Brasil, Canadá, España y
Sudáfrica ya han mostrado interés por el llamado a la
licitación internacional por la cartografía y
confección del mapa del acuífero Guaraní, recurso que
Uruguay comparte con Argentina, Brasil y Paraguay. El
Guaraní es la reserva de agua dulce más grande del
continente americano y está entre las primeras del
mundo.
La licitación es parte del Proyecto para la Protección
Ambiental y el Desarrollo Sostenible del Sistema
Acuífero Guaraní, que tiene el respaldo de la
Organización de Estados Americanos y el Banco Mundial.
Sin embargo, organizaciones populares y sectores
progresistas sospechan que las verdaderas intenciones
del proyecto son otras. El movimiento brasileño Grito
Das Aguas, por ejemplo, cree que con la información
obtenida del proyecto "los grandes grupos económicos
intentan orientar sus inversiones hacia su objetivo
prioritario, la creación del mercado del agua,
implantando de facto la nueva hidrogeopolítica de
dominación", que pondría en peligro la soberanía de
los países del Mercosur.
Liquidar a OSE
En setiembre de 2003, la prensa de Montevideo difundió un
documento de circulación interna en la coalición de
izquierda Encuentro Progresista-Frente Amplio según el
cual los últimos gobiernos uruguayos, todos de signo
conservador, desarrollaron una estrategia de
“engordamiento” de cargos gerenciales en los entes
estatales con el fin de crear el ambiente para una
privatización de los mismos.
Ya en aquel momento los técnicos de la izquierda sostenían
que "las intenciones gubernamentales de privatizar OSE
se realizarían, no tanto por la vía de concesión (pues
sólo dos departamentos son rentables: Montevideo y
Maldonado), sino por la tercerización de la gestión
comercial, que también podría arrastrar a la
financiera y presupuestal", exactamente la
tercerización que se está impulsando actualmente por
parte del directorio.
El documento advertía que "por lo general se le achaca a OSE
el ser ineficiente, el tener bajo nivel de inversión,
problemas que se solucionarían con la entrada de
capitales. OSE cuenta hoy con una duplicación de su
estructura gerencial. Da la impresión que en forma
intencional se está apuntando a una mala gestión del
organismo comprometiendo sus resultados, procurando
que la empresa que se haga cargo de los servicios
tenga más ventajas, de modo que con simples tomas de
decisión aumentará sus niveles de facturación y
reducirá sus costos, con lo cual parte de ese rédito
lo podrá invertir en las obras necesarias en forma
escalonada, y el resto de los dineros irá para afuera
del país, dónde pertenezcan las empresas matrices
(Francia, España o Estados Unidos), lo cual ya no sólo
es malo para OSE sino que también lo es para el país".
Virginia Matos
© Rel-UITA
4 de octubre de 2004
