Luego de su sorpresivo anuncio -en plena veda electoral- de que abandonaría la explotación de los servicios de agua potable y saneamiento en Maldonado si triunfaba la reforma constitucional, la empresa española Uragua insistió nuevamente esta semana con que dejará la concesión.

El presidente de la empresa española Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia, Ibon Areso, reiteró el martes 2 que Uragua se pondrá "a disposición" del gobierno uruguayo para "saber cómo tenemos que actuar". Si bien existen interpretaciones antagónicas sobre si cesarán o no las concesiones ya otorgadas, Areso se basó en un informe jurídico -elaborado por el estudio Posadas, Posadas y Vecino- que sostiene que de triunfar el plebiscito "la concesión deviene en nula".

Varios especialistas en derecho constitucional no se ponen de acuerdo sobre la anulación de las concesiones a Uragua y Aguas de la Costa en Maldonado y otra veintena de empresas que suministran agua potable en pequeñas localidades del Interior. Algunos sostienen que las concesiones deben caer, aun cuando la norma no sea retroactiva, y otros consideran que la reforma comienza a regir desde su aprobación, por lo que no afecta los contratos ya pactados.

Si Uragua rescinde unilateralmente su contrato no podrá reclamar al Estado ninguna reparación, coincidieron los constitucionalistas y senadores Ruben Correa Freitas (Foro Batllista) y José Korzeniak (Partido Socialista).

Pese a ello, Areso anunció que Uragua buscará, junto al gobierno, una transición del servicio "lo más ordenada y civilizada posible". "No vamos a dar ninguna espantada, porque hay gente afectada, usuarios, clientes a los que hay que atender", explicó a la agencia EFE el presidente de Aguas de Bilbao, consorcio que junto con las empresas españolas Iberdrola Energía SA y BBK conforman Uragua.

Por su parte, el vicepresidente de OSE, el forista Hugo Granucci, no tiene "la menor duda" de que las concesiones seguirán vigentes. "No creo que el plebiscito se cumpla. Lo impulsaban mentirosos de marca mayor. Fue todo una engañifa. Nada va a suceder", aseguró (El País, miércoles 3).

Para Granucci el directorio de OSE "no tiene nada que hacer", luego de que el presidente electo, Tabaré Vázquez, anunciara que no caerían las concesiones si se aprobaba la reforma. Las autoridades de OSE alertaron que pueden surgir dificultades el próximo verano en los lugares donde el ente eventualmente deba retomar el servicio de agua potable.

Cuatro días antes de las elecciones, en un almuerzo en ADM, Vázquez reiteró su apoyo al plebiscito pero se refirió a una serie de "consultas jurídicas a partir de las cuales se concluye que la reforma no debe ser aplicada retroactivamente". Con esto anunció, implícitamente, el respeto a las concesiones vigentes "en la medida en que ellos también cumplan con lo estipulado en los contratos".

En opinión de Granucci el anuncio de Vázquez abre la posibilidad de que este diferendo quede zanjado recién durante el próximo gobierno. El propio Vázquez aseguró, aunque sin precisar la fecha, que dirigentes del EP-FA se reunirán con representantes de Uragua para lograr "un diálogo permanente".

Pero la postura del presidente electo no es compartida por todos los dirigentes de la izquierda. A juicio de Korzeniak, la reforma es clara al impedir que empresas privadas suministren agua potable y hagan obras de saneamiento, por lo que Uragua debe retirarse, aunque no en forma inmediata. "Jurídicamente no se puede ir de un día para el otro; si se les antoja se van pero dejan indemnizaciones laborales sin pagar, inversiones sin recuperar, les entablarán embargos, pleitos, denuncias penales por omisión de asistencia y otros delitos. Pero no lo van a hacer ni lo están haciendo, van a tratar de resolver la situación de la mejor manera económica posible y espero que el Estado también haga lo mismo", dijo Korzeniak (El Observador, miércoles 3).

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV) concuerda con Korzeniak en que la retirada no se producirá de un día para otro. Aunque tampoco existen razones para esperar a que asuma el nuevo gobierno, explicó a BRECHA Adriana Marquisio, vicepresidenta del sindicato de OSE e integrante de la CNDAV.

En franca contradicción con Granucci -que prefiere patear la pelota para adelante-, Marquisio considera que el actual gobierno debe anular estas concesiones y retomar el control estatal de los servicios.

En la CNDAV no creen que el gobierno de Vázquez pueda mantener la concesión de Uragua, porque no cumplió con el contrato ni con las obras de saneamiento previstas en el pliego de condiciones. "El propio Alejandro Atchugarry, cuando era ministro de Economía, le planteó a todos los legisladores que Uragua tenía que retirarse en forma ordenada por la gran cantidad de incumplimientos. Esto significa que el contrato no caerá debido a la reforma, sino por la ausencia de obras y otros compromisos nunca cumplidos."

Pero además la reforma aprobada es clara. No sólo consagra la estatización del agua potable y el saneamiento, sino que también prevé que el Estado no pague indemnizaciones por la rescisión de los contratos y sólo se haga cargo de las inversiones no amortizadas.

La CNDAV solicitó una entrevista con las autoridades de OSE. También la pedirá al EP-FA, cuando pase un tiempo prudencial y la izquierda tenga más encaminada la conformación de su equipo de gobierno, adelantó Marquisio.

Uragua obtuvo en agosto de 2000 la concesión del agua potable y el saneamiento en una parte de Maldonado durante 30 años. En el caluroso verano de 2001 aparecieron sobreprecios en las facturas, lo que motivó varias movilizaciones de protesta de vecinos de diferentes localidades fernandinas.

A comienzos de 2002 -también en pleno verano- la empresa realizó, sin autorización municipal, un desagüe que vertía las aguas servidas y materias fecales en las costas puntaesteñas. Pocos días antes varios análisis de laboratorio habían detectado rastros de coliformes fecales en el agua que tomaba la población
 

Pablo Alfano

Convenio Brecha / Rel-UITA

5 de noviembre de 2004