El agua que consumen los habitantes de Maldonado “no es potable, pero se vende como tal. Tiene olor a gamexane y a cloro, tiene color terroso y tiene sabor", señaló recientemente en el parlamento el diputado de la coalición de izquierda Frente Amplio Enrique Pérez Morad.  Según el legislador, los olores denunciados son los síntomas visibles de un inadecuado sistema de potabilización del líquido, que implica un ahorro para la empresa. Sin embargo, OSE ha restado importancia al asunto, indicando que se está dentro de lo considerado aceptable por normas internacionales. Uno de los directivos del ente estatal, Oscar Rodríguez Landoni, admitió ignorar datos elementales sobre la calidad del agua consumida por la población de ese departamento, donde la empresa Uragua, de capitales españoles, tiene a su cargo el saneamiento y el abastecimiento en agua potable.

Por otra parte, Uragua ha violado sistemáticamente el contrato de concesión que tiene con OSE. Algunas de las irregularidades más notorias fueron la distribución de agua contaminada con coliformes en más de una oportunidad y el vertido de aguas servidas al puerto de Punta del Este. En lo que refiere a las obras previstas en el contrato de concesión, la empresa ha incumplido con la mayoría de las obras previstas en el cronograma.

En varias ocasiones, OSE amenazó con rescindir el contrato con Uragua debido a los retrasos en el pago del canon. Sin embargo, en diciembre de 2002, el ente accedió a modificar el contrato "en una forma que sólo beneficia a la empresa y en ningún sentido al Estado", tal cual expresó en su momento el ex director de OSE Alberto Casas. Las modificaciones efectuadas, que alcanzaron el aval bancario, el pago del canon mensual y el aporte por la tasa regulatoria de la tarifa, fueron observadas por el Tribunal de Cuentas, según el cual se estaba “contrariando el principio de inmutabilidad de los contratos en la administración”.

En julio de 2003 Uragua solicitó la renegociación integral del contrato de concesión, aduciendo que la ecuación económica-financiera del acuerdo original se había alterado y que la modificación contractual efectuada en diciembre de 2002, mediante la cual se había facilitado la opción del pago del canon en bonos, no se podía cumplir por la inexistencia de letras en el mercado. Como OSE se negó a la renegociación integral del contrato y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ratificó esa resolución, la empresa demandó al Estado uruguayo.

Virginia Matos

© Rel-UITA

23 de setiembre de 2004