Sin tratar de minimizar la gravedad del momento, reconozcamos que se ve sólo por un ojo mientras se cierra el otro. Las comunidades indígenas y los colonos han sufrido innumerables atropellos a sus derechos más elementales en nombre del desarrollo y bienestar de toda la población ecuatoriana, sin que se haya desplegado un grado de preocupación nacional similar al registrado ante los recientes acontecimientos de violencia en la Amazonía.

El discurso sobre la importancia de la región, tan repetido en actos oficiales, se derrumba ante la realidad de un sistema que la aprecia sólo por la revalorización de sus recursos en función de la acumulación de capital -especialmente transnacional-, aún cuando estas actividades pongan en riesgo la vida misma. Un ejemplo de esta realidad es el vandalismo desatado por la actividad petrolera desde que empezó a trabajar la Texaco en los años 60. El daño se podría cuantificar en miles de millones de dólares por derrames, contaminación de pantanos, quema del gas, deforestación, pérdida de biodiversidad, por animales silvestres y domésticos muertos, por materiales utilizados sin pago, por salinización de los ríos, por enfermedades, por trabajo mal remunerado. Son cuantiosos los perjuicios económicos, sociales y culturales causados a los indígenas sionas, secoyas, cofán, quichuas y huoranis, incluyendo a los colonos. Sobre Texaco pesa la extinción de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris.

Desde hace más de 30 años, las actividades petroleras han atropellado la biodiversidad y el bienestar de la población sin que el resto del Ecuador se desarrolle. La práctica gubernamental, sobre todo para favorecer a las transnacionales, como sucede con la OXY, ha sido la violación de leyes, el empleo de la fuerza, la corrupción y el permanente engaño a la población. La miseria, la desnutrición, la mortalidad infantil, las enfermedades, la contaminación, la violencia alcanzan los niveles más altos justamente en las provincias petroleras, afectadas también por el Plan Colombia.

Al tiempo que el Estado pierde participación en la renta petrolera, se diluye más y más su débil presencia en la región, cediendo terreno a las empresas petroleras privadas, que copan el tradicional espacio estatal, relacionándose directamente con las poblaciones amazónicas, asumiendo el papel de suministradores de todo tipo de servicios y de constructoras de obras públicas. En la medida que se debilita la lógica del Estado de derecho, se consolidan repuestas miopes y torpes de un Estado policial que reprime a las víctimas del sistema, complicando cada vez más la situación. La región amazónica recibe un trato, en la práctica, de periferia en un país que forma a su vez parte de la periferia del sistema económico global.

Todo esto explica y justifica la amplia y diversa reclamación amazónica.
 

Alberto Acosta
Convenio La Insignia / Rel-UITA

24 de agosto del 2005
 

Fotos: www.unii.net