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Argentina

Deforestación La Ley de Protección del Bosque Nativo, frenada por presiones de empresarios sojeros, forestales y ganaderos

 

La deforestación ya es uno de los principales problemas en Argentina, admiten incluso los más conservadores, y parece acelerarse cada vez más. Las consecuencias sociales, económicas, climáticas y hasta estratégicas, son de una dimensión considerable. El tema ha llegado hasta el Congreso, donde una ley de protección de bosques nativos, después de tener media sanción, permanece increíblemente frenada por fuertes intereses de caudillos provinciales.

 

Desde comienzos del siglo XX la Argentina perdió dos tercios de la superficie de su bosque nativo. En los últimos años, la deforestación superó las 200.000 hectáreas anuales, siendo la región chaqueña la de mayor reducción de cobertura forestal.

 

La aceleración alarmante de este proceso, se debe a dos grandes temas: la especulación inmobiliaria y la visión cortoplacista de actores del sector agrícola, por lo que hoy el desmonte constituye el más grave problema ambiental, social y económico del país. Para peor, la pérdida de bosques nativos ha demostrado ser irrecuperable, cuando se ha tratado de revertir situaciones parecidas.

 

Estos bosques son también el territorio de miles de pequeñas comunidades campesinas, pueblos originarios y criollos, que dependen de ellos cotidianamente. Para las comunidades que viven en y de los bosques, éstos constituyen su casa y su fuente de subsistencia. La tasa actual de desmonte significa su expulsión hacia la pobreza suburbana.

 

Los efectos también se hacen sentir en el clima: desde mitad del año pasado, las provincias más afectadas por esta práctica -las norteñas Salta, Jujuy, Chaco y Formosa- han tenido lluvias que al no poder ser absorbidas, han causado las peores y más largas inundaciones de que se tenga registro. Pero en la vecina Santiago del Estero jamás se vieron sequías tan alarmantes. El Estado ha tenido que movilizar millones de dólares en recursos y al propio Ejército, para tratar de paliar dos desastres simultáneos, pero con la misma causa.

 

Esta situación que afecta todo el espectro económico y social, no parece importarle a las grandes empresas que -topadora al frente- barren con los bosques nativos para lograr territorio despejado donde se pueda sacar “oro verde” (soja), la producción más rentable y de mayor exportación en Argentina.

 

Bosques bien protegidos (en los cajones del Congreso)

 

Ante la extrema gravedad que tomó esta situación, algunos diputados como el reconocido Miguel Bonasso, han impulsado una Ley de Protección de los Bosques Nativos. La norma establece “una moratoria a los desmontes por cinco años o hasta tanto cada provincia desarrolle un ordenamiento territorial en sus bosques nativos, para que el territorio sea utilizado de manera racional, compatibilizando las necesidades sociales, económicas y ambientales”.

 

La Ley de Bosques Nativos fue impulsada por organizaciones ambientalistas y cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones campesinas e indígenas, como la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA). Esta ley reglamenta, por primera vez, un uso racional del suelo, un tema esencial en la historia argentina. El ordenamiento ambiental que propone la legislación es un instrumento de política nacional fundamental, “cuyo objeto es regular el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente, a partir del uso sustentable de los bosques nativos, tras una evaluación de las unidades presentes en cada provincia”.

 

La norma establece diez criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas, evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y establece como prioritarios cuidar a los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

 

En su Informe Geo de 2004 el gobierno nacional ya consideró que “la Argentina se encuentra en estado de Emergencia Forestal, y si se mantiene la meta de llegar a los 100 millones de toneladas de producción de granos, tendría que extenderse la frontera agropecuaria entre 12 y 15 millones de hectáreas, con lo que, en los próximos años estaríamos convirtiendo a la actividad agropecuaria el 50 por ciento de los actuales bosques nativos”.

 

Un Estado que reconoce que se encuentra en emergencia forestal, seguramente actuará como se hace en las emergencias, rápido, pero al carro de bomberos alguien le pinchó las llantas en el Congreso. Paradójicamente, los diputados que lograron frenar hasta ahora la Ley de Protección del Bosque Nativo -una ley que parecía casi unánimemente aprobada- provienen de las provincias donde la situación es más crítica.

 

El lobby de los legisladores chaqueños, formoseños, santiagueños, misioneros y salteños, es -como mínimo- escandaloso. Para muestra vale un botón: cuando el proyecto ya estaba aprobado en general, el gobernador de la provincia de Misiones, Carlos Rovira, llamó a impulsar cambios para introducir “licencias para desmontar”, que seguramente equivaldrán a “excepciones”. Recordemos que es el mismo gobernador que llamó a las controvertidas empresas de pasta de celulosa a instalarse en su provincia. Está claro que en Misiones las excepciones son a la regla.

 

 

Las inundaciones y las sequías de 2006

 

De los bosques nativos se obtiene una serie de bienes y servicios indispensables para la super-vivencia humana: alimentos vegetales y animales, maderas y medicamentos; pero, por sobre todo juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por ello, las selvas y demás bosques sean, posiblemente, el patrimonio natural más importante, pero también el más amenazado y depredado.

 

Cuando había montes, además, había otro clima. Todo era más equilibrado, sin tanta lluvia furiosa que inunda y destruye -en el semestre húmedo-, y sin tanta sequía que deja los pozos “sin agua buena” para beber. Es casi obvio, pero cuando había montes no ocurrían catástrofes con cerca de 30 muertos, como la inundación del río Salado en la ciudad de Santa Fe, o las de Jujuy y Salta.

 

Cuando las lluvias arrecian no es igual que esté el monte o que haya tierra arrasada. El 80 por ciento del agua que cae del cielo es retenida por el monte por el llamado “efecto esponja”. En cambio, las superficies cultivadas sólo retienen un 20 por ciento, y ocurre lo peor: el agua corre buscando la depresión del terreno en caudales extraordinarios, desborda los cauces de los ríos y termina ahogando gente en las ciudades.

 

La quimera del “oro verde”

 

La expansión de la frontera agrícola está haciendo estragos en todo el país con consecuencias irreversibles a futuro. La enorme rentabilidad que tiene el sector es uno de los principales motores que promueven el avance sobre los bosques nativos, encontrando a la soja como “vedette estelar”. Cada vez se cultiva más, en zonas donde antes no se hacía, y para preparar el terreno es necesario el desmonte, o sea, arrasar con todo. Detrás de la topadora llegan el modelo agro exportador y los monocultivos como la soja, el “oro verde” que ha logrado acaparar casi todo el campo cultivable del país. Su fabuloso rendimiento, con un mercado en alza y con China que demanda más y más, es una tentación irresistible para los inversionistas.

 

Esta “fiebre” se extendió muy rápido, en tan sólo cinco años. Tan rápido que no se pudo legislar sobre estos cultivos -en un 99 por ciento transgénicos- que acapararon los campos del “granero del mundo”, destruyendo así los ciclos de rotación de la tierra y cualquier política estratégica que se pudiera hacer desde el Estado, para evitar el peligro económico de depender de un monocultivo. Pero hoy los mercados le sonríen a la soja y todo indica que lo harán por varios años más. Entonces: ¿será esta la política oficial? ¿Un “laissez faire”* al más puro estilo neo liberal pero en el campo? ¿Una política sin políticas?

 

No es un dato menor que, luego de la debacle económica y social de diciembre de 2001, los elevadísimos precios internacionales de estos cultivos inyectaron capital fresco al mercado argentino. Ese dinero le dejó al Estado regalías nunca antes generadas por otra actividad económica, tanto que hoy el Banco Central tiene las mayores reservas de su historia, a pesar de haber dilapidado fondos para pagar deudas externas, reconocidas internacionalmente como espurias.

 

 Los capitales fueron esparcidos en forma de ayuda social y emprendimientos gigantescos de construcción, que bajaron las tasas de desocupación rápidamente y evitaron un desenlace de estallido y caos social que parecía inevitable.

 

Rápidamente, los empresarios sojeros fueron los nuevos ricos, quienes no sabían si invertir en enormes torres, coches importados “a medida” traídos desde Japón o Estados Unidos, o simplemente especular.

 

Es obvio que el gobierno ve con buenos ojos la ampliación de este negocio para que, por efecto dominó, otras áreas como la construcción absorban mano de obra de los sectores más marginados.

 

Pero se ha llegado ya a una encrucijada y el Estado tampoco es ajeno a esta realidad: no se puede empujar más la frontera agrícola sin provocar daños irreversibles. Es hora de pensar en el largo plazo, que cada vez es más y más corto, y definir, por una vez en la historia argentina, quizás en el momento más crucial, un uso racional del suelo, una política estratégica para el sector agrario y una protección total de sus bosques y selvas.

En Buenos Aires, Javier Amorin © Rel-UITA 12 de marzo de 2007

 

 

* "laissez faire": expresión francesa “dejar hacer".

    Hoy día se utiliza como sinónimo de economía estricta de libre mercado.

 

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