|
Biodiésel se mezcla con guerra |
El gobierno
colombiano aprieta el acelerador de la generación de biocombustibles, en una
mezcla inestable de auge de energías limpias, avance de monocultivos y
despojo de tierras de
minorías protegidas, práctica habitual en el conflicto armado de este
país.
La producción de
combustibles a partir de ciertos cultivos, una alternativa de energía limpia
que atrae cada día más interés mundial, en Colombia está teñida por la
guerra de más de cuatro décadas y por denuncias de violaciones a los
derechos humanos y al ambiente.
En 2008, este país
producirá 645.000 toneladas anuales de biodiésel extraído de la palma
aceitera, como resultado de ocho megaproyectos, cuatro de ellos ya en
ejecución y el resto en carpeta, según la Federación Nacional de
Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma).
La producción de biodiésel
se sumará a la de etanol, alcohol carburante extraído de la caña de azúcar,
que en Colombia se utiliza desde 2005, con cinco plantas en funcionamiento y
una producción mensual de 25 millones de litros que surten al suroccidente
del país y a Bogotá, confirmó a IPS el ingeniero Johan Martínez, de la
Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar.
El etanol, cuya combustión
emite menos gases nocivos que los derivados del petróleo, ya se utiliza
mezclado con la gasolina en una proporción de 10 por ciento, con una
perspectiva de llegar a 25 por ciento en un plazo de 20 años.
De manera simultánea, se
adelantan proyectos para extraer etanol de otros vegetales, yuca, papa y
remolacha, cuyo cultivo masivo se realizará en zonas alejadas de selvas y
bosques, y por tanto no los pondrán en riesgo, afirma el Ministerio de
Agricultura.
Mientras, la extensión de
plantaciones de palma aceitera es acompañada de críticas crecientes dentro y
fuera del país. En Colombia hay 285.000 hectáreas de cultivos de palma
africana, principal cultivo destinado a producción de biocombustibles,
afirma Fedepalma. Al iniciar su segundo mandato consecutivo, en agosto de
este año, el presidente Álvaro Uribe anunció su propósito de alcanzar en los
próximos cuatro años un millón de hectáreas de palma, cuya expansión se ha
sostenido desde mediados de los años 60.
En 2003 había 118.000
hectáreas del monocultivo. Tres años después, la superficie es más del
doble.
La palma se concentra
especialmente en inmediaciones de la costa norte y Caribe del país, en los
departamentos del Magdalena y Sucre, en la costa del océano Pacífico,
departamento del Chocó --el de mayor biodiversidad del país, según el
Ministerio de Medio Ambiente-- y en los Llanos del centro-oriente.
"La región de los Llanos es
la que más nos preocupa en este momento, pues no tenemos información clara y
precisa ", dijo a IPS el investigador Darío Mejía, de la Organización
Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC).
"En silencio se ha iniciado
la compra de grandes extensiones de tierra, han llegado hasta comunidades
indígenas, distantes entre ellas, sin posibilidades de comunicación e
información, a las que las compañías extranjeras visitan, cuentan maravillas
y les hacen firmar documentos sin que ellos conozcan la realidad de los
hechos", aseveró.
"Las historias de las
plantaciones son dolorosas. Están manchadas de sangre y lágrimas de las
comunidades negras y campesinas", afirma en el sitio Web de la organización
no gubernamental Censat - Agua Viva, su directora, Tatiana Roa.
"Es la historia de los
bosques desaparecidos para transformarse en plantación. Es la historia de
las culturas ancestrales transformadas en proletariados palmícolas. Son esas
voces las que reclaman detener la destrucción que proponen los defensores
del biodiésel", agrega.
En opinión de Mejía, las
consecuencias de los monocultivos en general, y de la palma aceitera en
particular, son de orden político y cultural.
"Este tipo de megaproyectos
aumenta la concentración de la tierra en pocas manos y favorece la
continuidad de despojo territorial que han sufrido las comunidades indígenas
durante todas las épocas a partir de la llamada conquista española", estimó.
Además, "modifican las
costumbres de variedad de cultivos que aportan y aseguran producción de
alimentos y que favorecen la riqueza natural de la tierra, contrario a las
consecuencias de los monocultivos", sostuvo.
"Si bien la situación de
Chocó es triste e indignante, por lo menos (sus habitantes) ya conocen lo
que está pasando, e incluso se han formulado denuncias públicas por parte
del Ministerio de Agricultura y el Ministerio Público", sostuvo Mejía.
La gravedad de esas
denuncias llevó al Ministerio de Agricultura a crear en abril una unidad de
investigación, según la cual "por lo menos 25.000 hectáreas aptas para el
cultivo de palma de aceite, (que habían sido) adjudicadas por el Estado a
comunidades negras, fueron adquiridas por particulares a través de títulos
ilegítimos".
Esa unidad detectó
adquisiciones ilegales en localidades con inmensas riquezas naturales,
marcadas en las últimas dos décadas por desplazamiento y muerte, como
Jiguamiandó y Curvaradó, en los municipios de Carmen del Darién y Belén de
Bajirá, en el noroccidental Chocó.
Según la Ley Segunda de
1959, la Cuenca del Pacífico es una reserva forestal. Además, la
Constitución de 1991 ordenó expedir una norma de reconocimiento de derechos
de las comunidades negras sobre tierras ancestrales, y la legislación 70 de
1993 estableció las "tierras comunales de los grupos étnicos" de esa zona.
En 2000, las resoluciones
gubernamentales 2801 y 2809 adjudicaron a las comunidades negras terrenos
baldíos en Curvaradó y Jiguamiandó, en los que hoy operan empresas dedicadas
a cultivos agroindustriales.
La situación originó una
solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la
protección de esos derechos de las comunidades.
En marzo de 2003, la CIDH
accedió a la petición, y en febrero de este año instó al Estado colombiano a
proteger a las comunidades desplazadas del Urabá chocoano.
La zona está conformada por
105.000 hectáreas, y sobre 33.000 de ellas se dirime el conflicto entre las
comunidades negras, empresas privadas, el Estado y milicias paramilitares
ilegales, según el informe del Ministerio de Agricultura.
Pese a las constataciones
de esa cartera, la ampliación de cultivos de palma aceitera es fomentada por
el proyecto de Ley de Desarrollo Rural o Ley de Tierras, presentado por el
Poder Ejecutivo y aprobado en octubre por la Comisión Quinta del Senado. La
Cámara de Representantes podría tratarlo en el primer trimestre de 2007.
Acerca de las adquisiciones
ilegítimas de tierras, el procurador general Edgardo Maya dijo al semanario
El Espectador que son prácticas "ajenas a los derechos de los pueblos
indígenas y afrocolombianos y, por el contrario, pueden contribuir a
legalizar y legitimar conductas contrarias a sus derechos territoriales, en
varios casos con participación activa de grupos armados al margen de la
ley".
IPS procuró con insistencia
conocer la opinión de los cultivadores e industriales agrupados en Fedepalma
acerca de las denuncias, pero la única respuesta que obtuvo fue el envío de
información sobre los beneficios sociales y económicos de la producción de
biodiésel que, por otra parte, pueden ser consultados en el sitio web de la
entidad
Por Helda Martínez
IPS
5 de diciembre de 2006
Volver
a Portada
