Así desaparecen diariamente, en la Argentina, cientos de hectáreas de bosque nativo, que pasan a destinarse a la actividad agropecuaria.

Una de las zonas más afectadas por la deforestación es la región de Anta, en el sudoeste de la provincia de Salta. En los últimos seis años desaparecieron 153.634 hectáreas de monte, que se suman a otras muchas miles en Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Misiones y engrosan la estadística que indica que, en las últimas décadas, la Argentina ha perdido el 70 por ciento de su bosque nativo.

"El desierto es el fantasma al que todos le tememos. Cuando destruyen el bosque nos sacan la protección.

Si siguen desmontando, el agua y la tierra no se encontrarán con ninguna barrera y vamos a desaparecer", aseguró Carlos Ordóñez, un criollo de Pizarro, un pueblo de 1500 habitantes en el sudoeste de esta provincia.

Pizarro, que está dentro de un área declarada reserva natural en 1995, vive con incertidumbre su destino.

Es que el gobierno salteño desafectó por ley 16.000 hectáreas del lugar y las vendió en un proceso licitatorio a tres empresas para la producción agropecuaria.

"El error fue haber declarado esa zona como reserva. Los lotes que se pusieron en venta fueron depredados durante décadas", explicó a LA NACION el ministro de la Producción y Empleo salteño, Manuel Brizuela, y aseguró que la mayoría de las 34 familias que viven en ese lugar, fuera de Pizarro, podrán vivir allí y explotarán su tierra.

Otras opiniones

Sin embargo, las autoridades de la Universidad Nacional de Salta (UNSA), un grupo de criollos y la comunidad wichi no piensan lo mismo.

"Es cierto que hay algunas zonas degradadas, pero se pueden recuperar. Antes de desafectar áreas, se pueden crear formas de manejo ordenado y amigables con el ambiente, como, por ejemplo, una reserva de usos múltiples [donde conviven el hombre y el medio ambiente]. Acá, el único responsable de la degradación es el Estado", opinó Marta de Viana, directora del Instituto de Ecología y Ambiente Humano de la UNSA.

El bosque tiene, entre otras funciones, las de mejorar el régimen de humedad, contribuir con el asentamiento del suelo y servir de barrera geográfica para prevenir las erosiones hídrica y eólica, y también las inundaciones.

"La situación es crítica, por eso hay que actuar ya. No se dan cuenta de que se está acabando el bosque.

"Yo me pregunto cuánto tiempo va a pasar para que ocurra aquí una tragedia como en Santa Fe [las inundaciones del año último, que dejaron un saldo de 140.000 evacuados]", se lamentó Viana.

Los investigadores piensan también que se trata de un antecedente peligroso.

"Son ambientes muy frágiles y es necesario ser muy cuidadoso con su manejo", agregó Viana.

"En el Chaco no está garantizada la población a largo plazo. No necesitamos expropiar, necesitamos más áreas protegidas. Si el argumento es la falta de recursos, que busquen otros. Salir a buscar recursos es la regla, no la excepción; así trabajamos los científicos en la Argentina", dijo Sandra Caziani, doctora en Biología de la UNSA.

Precisamente, esos argumentos son los que usó la casa de altos estudios para dictar una resolución en la que cuestiona la decisión del gobierno.

A este documento se suman los amparos presentados por un grupo de criollos, por la agrupación ambientalista Greenpeace y la Fundación Vida Silvestre, y por la comunidad wichi que vive en esa zona.

El segundo cacique de los wichis, Donato Antolín, no sabe qué explicar a su pueblo.

"Tenemos miedo de la venta de la tierra. Nosotros no tenemos nada", dice.

Ellos cazan y preparan con el chauar (una planta fibrosa) sus comidas y los tejidos que venden en el pueblo.

Lo que más lamentan los pobladores es que la madera de los árboles desmontados ni siquiera se utiliza. Es que, en la mayoría de las explotaciones en esta zona, tras el paso de las topadoras los árboles se apilan, se espera a que se sequen y, después, simplemente se queman.

Más afectados

Pero no es sólo Pizarro el pueblo que sufre los desmontes. A 50 kilómetros de allí, en Coronel Mollinedo, los criollos que viven en el monte están perdiendo lo que ellos consideran sus fincas.

Desde hace más de 60 años su vida transcurre entre los animales que crían y los frutos y la madera que extraen del monte.

La familia Herrera Toledo vive en una finca de 1700 hectáreas por la que mantiene un juicio de posesión. Antes de que se defina la cuestión, el área comenzó a ser desmontada por una empresa privada para la producción de soja.

"Entraron con las máquinas una noche y empezaron a sacar el monte. Ellos dicen que compraron esas tierras, pero se las compraron a gente que nunca vivió ahí", contó Norma Bermúdez, familiar de quienes ocupan la tierra.

Ordóñez completó: "Es una política sistemática. Dicen que la producción agropecuaria va a generar un avance económico. Esta zona ya tiene emprendimientos sojeros y lo único que se ve acá es pobreza".

El gobierno lo niega. "Salta tiene una política ambiental. Es la provincia con más áreas reservadas del país. Tenemos una política de preservación, pero lo que queremos es un crecimiento armonioso."

"Para eliminar los bolsones de pobreza, la provincia necesita crecer. Por supuesto que con un desarrollo sustentable", dijo Brizuela, y reconoció que dentro de la política no está incluida la proyección de una frontera agropecuaria.

Laura Rocha