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El cambio climático en Chile se manifiesta en el
desplazamiento de ecosistemas, desabastecimiento de
agua para consumo, agricultura y energía, además del
avance de la desertificación y el agotamiento de los
recursos pesqueros. Impactos específicos del
recalentamiento de la atmósfera son la migración de
cultivos, los graves problemas agroalimentarios y
las restricciones energéticas.
“Chile es un país privilegiado en cuanto a
su diversidad de fuentes para obtener energía, como
lo son la geotermia, pequeñas y medianas centrales
hidroeléctricas -las mayores adaptadas a las
condiciones regionales- y las centrales de paso, la
solar, la eólica, los biocombustibles y la
mareomotriz. No conviene que Chile se
aventure en una energía (la nuclear) que comparada
con las otras resulta ser más cara si uno le asume
los costos sociales y ambientales”, dice el senador
de derecha Antonio Horvath, de Renovación
Nacional.
Sara Larraín,
directora del Programa Chile Sustentable, ha
denunciado que el gobierno sigue actuando en favor
de las empresas que propician los proyectos
hidroeléctricos (represas) y la termoelectricidad:
“Grandes actores del negocio eléctrico buscan la
aprobación proyectos energéticos que externalizan
costos sobre la salud de las personas y el
patrimonio natural”, dice. Se niega el debate
intentando imponer la instalación de megarepresas
hidroeléctricas y mega térmicas (a carbón).
Según Larraín, la “inclinación”
empresarial por el carbón y las megarepresas se debe
a un sesgo de mercado: “El menor precio del carbón
sin internalizar costos de emisión de CO2
y concentración de la propiedad de derechos de agua,
en un trasfondo de estrechez hídrica que augura el
cambio climático”.
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Unas 45.000 represas –la mayor parte en
los países subdesarrollados-
fragmentaron y transformaron la mitad de
los ríos del planeta, desplazando a unas
80 millones de personas |
Actualmente el gigante hidroeléctrico español
Endesa
posee el 80 por ciento de los derechos de aguas en
Chile y presiona para que en sus proyectos
prime la Ley General de Servicios Eléctricos sobre
el Código de Aguas. “Con enorme
despliegue comunicacional, actores del mercado
eléctrico pretenden hacernos creer que sólo es
factible avanzar con represas, centrales térmicas o
tecnología nuclear”,
dice Sara Larraín.
La clave del problema energético no sólo es
económica, está en juego la profundización
democrática. Chile enfrenta un mercado
eléctrico monopolizado, con empresas transnacionales
que cada vez poseen mayor influencia política y de
todo nivel. Según una encuesta, el 70 por ciento de
los chilenos cree que las megarepresas “dañarán el
ambiente”. Ecologistas y organizaciones ciudadanas
se preguntan si el gobierno propiciará la
internalización de los costos socioambientales o
exigirá una competencia justa entre opciones
tecnológicas. ¿Se conciliará el necesario desarrollo
energético y con el desarrollo regional o se
aplicará el dogma de “neutralidad tecnológica” que
ha permitido al mercado energético, peligrosamente
monopolizado, perpetuar sin contrapeso su
influencia?
Chile
vive una vulnerabilidad energética, lo que ha dado
pie a varios proyectos para instalar represas en la
Patagonia, y a la sombra de una posible explotación
de la energía nuclear. Las transnacionales españolas
Endesa
y
Acciona,
la italiana
Enel
y la canadiense
Transelec,
están interesadas y han evaluado proyectos. Ni el
gobierno ni la oposición han cuestionado que la
propiedad del agua, un bien nacional de uso público
básico y estratégico, esté concentrada en manos de
empresas trasnacionales.
Nada dicen sobre el impacto ambiental que vuelve
no renovable a las represas y que contribuyen al
cambio climático a través de la emisión de millones
de toneladas de dióxido de carbono y gas metano,
principales agentes del efecto invernadero. Tampoco
hablan sobre los cambios que causa una represa en el
régimen hidrológico, haciendo desaparecer especies
de fauna acuática, lo que impacta sobre la cadena
alimentaria y las áreas boscosas, además de la
migración forzada de poblaciones.
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El gobierno sigue actuando en favor de
las empresas que propician los proyectos
hidroeléctricos (represas) y la
termoelectricidad |
En Chile, más de 600 nativos pehuenche
fueron desalojados de sus tierras para la
construcción de la hidroeléctrica Ralco. Lo
propio sucedió en Pangue, que recibió un préstamo de
150 millones de dólares de parte del Banco
Mundial, entidad que por décadas patrocinó la
construcción de centrales y que en 2004 reconoció
las “consecuencias negativas” de sus actos:
sobreprecios, degradación del medio ambiente y
desplazamiento de comunidades, entre otros.
La Comisión Mundial de Represas, en su
informe Represas y desarrollo: un nuevo marco
para la toma de decisiones, advierte que hay
unas 45.000 represas -tres cuartas partes en los
llamados países subdesarrollados- que “fragmentaron
y transformaron la mitad de los ríos del mundo”,
desplazando a unas 80 millones de personas;
desbordaron en zonas urbanas -con personas muertas o
heridas-; degradaron el ambiente mediante la
extinción de especies; violaron los derechos humanos
de las poblaciones desplazadas forzosamente;
produjeron endeudamientos, etc.
En
Chile hay alternativas realmente renovables, limpias
y sustentables para la estrechez energética, sin
represas.
Unas 40 organizaciones de la XI Región de Aysén han
expresado públicamente su oposición a la
construcción de represas en la Patagonia. Habitantes
de Caleta Tortel rechazaron en una consulta
ciudadana por un 76 por ciento los proyectos de
represas en los ríos Baker y Pascua, dos de los ríos
más australes del mundo. El año pasado, en la ciudad
de Coyhaique, culminó la “Cabalgata Patagonia sin
Represas” en la que más de un centenar de ayseninos
recorrió por varios días la región expresando su
disconformidad con la construcción de represas en la
Patagonia.
El gobierno dijo que sin represas habrá que
explorar la geotermia y la energía nuclear. Ya se
aprobó la exploración de los géisers del Tatio, en
San Pedro de Atacama, II Región, a la que se oponen
férreamente los lickan antay (atacameños), que viven
de la escasa agua en el desierto más árido del
mundo.
Siendo candidata a la presidencia, Michelle Bachelet
firmó junto a algunas organizaciones ecologistas el
Acuerdo de Chagual, comprometiéndose, entre otras
materias, a no considerar la opción nuclear, al
menos durante su gobierno. Los ecologistas han
debido retirar su apoyo crítico al gobierno,
denunciando que el compromiso “fue gravemente
transgredido”.
El gobierno destinará recursos para estudiar la
“opción núcleo-eléctrica”. Incluso patrocinó el
seminario Energía Nuclear: una opción para Chile
-auspiciado por las empresas del área nuclear
Areva (Francia),
General Electric (EEUU),
AECL
(Canadá) y la
Corporación Núcleo
Eléctrica (Rusia)-. Allí se
anunció un presupuesto de 2 millones de dólares para
“estudios tendientes a evaluar la incorporación de
la energía nuclear en la matriz eléctrica del país”.
El gobierno reconoció que en 2009 destinará otra
cifra similar a esos estudios.
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