| 
 
   
Asistimos a una serie de acontecimientos 
preocupantes, inundaciones en Myanmar (antigua 
Birmania), terremotos en China, disturbios en 37 
países en desarrollo generados por la grave subida 
del precio de los alimentos básicos que nos hace 
sentir que estamos ante una situación de urgencia 
universal que contempla entre otros factores el 
cambio climático, la crisis alimentaria y los 
fenómenos migratorios. 
  
Las políticas neoliberales de privatización y 
ajuste estructural impuestas desde hace 30 años por 
las instituciones financieras internacionales y los 
gobiernos del Norte están provocando una situación 
de emergencia alimentaria global que siembra dudas 
sobre el modelo actual de desarrollo y crecimiento 
global. 
  
Esta situación no se debe a un problema puntual 
sino estructural que afecta a los cimientos del 
sistema: el aumento de la demanda de mercados 
emergentes como China o la India; la 
falta de apoyo al desarrollo agrícola; los límites a 
las exportaciones establecidos por algunos del los 
principales productores; el excesivo coste humano y 
económico que representa el cultivo de algunas 
fuentes de agrocombustibles, como la caña de azúcar 
o el maíz, que infla el precio de los alimentos 
entre un 5 y un 15 por ciento; y el aumento del 
coste del petróleo. 
  
Esta crisis puede afectar a 100 millones de 
personas en todo el mundo. El Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) ha recordado 
que 3,5 millones de niños y niñas mueren cada año 
por malnutrición. 
  
Mientras que un hogar del mundo desarrollado 
invierte menos del 18 por ciento de su presupuesto 
en alimentación, la media alcanza el 70 por ciento 
en los países en desarrollo. De ahí que el margen de 
maniobra en los países empobrecidos que dependen de 
la importación de alimentos sea muy escaso. 
  
La crisis alimentaria mundial y los altos 
precios del petróleo, así como factores crónicos 
como la desertificación y la extensión del 
agotamiento de los recursos y fenómenos naturales 
como inundaciones, sequías, huracanes y tsunamis
provocan una migración masiva de Sur a Sur y de 
Sur a Norte. 
  
Para el año 2050, unos mil millones de personas 
podrían verse forzadas a emigrar como consecuencia 
de fenómenos meteorológicos extremos. Estos cambios 
climáticos y sus impactos en la agricultura y las 
economías se producirán en todo el mundo. Los 
pueblos de esos países buscarán oportunidades para 
mejorar su vida y las de sus familias, dándose las 
condiciones para ver grandes movimientos de personas 
emigrantes. 
  
Simultáneamente, la Unión Europea prepara una 
directiva que unifica los criterios para expulsar a 
las personas extranjeras que residen ilegalmente
en territorio europeo, coincidiendo con un 
endurecimiento general del discurso en materia de 
inmigración. 
  
Tenemos trabajo para hacer frente desde la 
sociedad civil comprometida a esta emergencia 
mundial, comenzando por el respeto a los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas 
afectadas. 
   
    |