Asistimos a una serie de acontecimientos
preocupantes, inundaciones en Myanmar (antigua
Birmania), terremotos en China, disturbios en 37
países en desarrollo generados por la grave subida
del precio de los alimentos básicos que nos hace
sentir que estamos ante una situación de urgencia
universal que contempla entre otros factores el
cambio climático, la crisis alimentaria y los
fenómenos migratorios.
Las políticas neoliberales de privatización y
ajuste estructural impuestas desde hace 30 años por
las instituciones financieras internacionales y los
gobiernos del Norte están provocando una situación
de emergencia alimentaria global que siembra dudas
sobre el modelo actual de desarrollo y crecimiento
global.
Esta situación no se debe a un problema puntual
sino estructural que afecta a los cimientos del
sistema: el aumento de la demanda de mercados
emergentes como China o la India; la
falta de apoyo al desarrollo agrícola; los límites a
las exportaciones establecidos por algunos del los
principales productores; el excesivo coste humano y
económico que representa el cultivo de algunas
fuentes de agrocombustibles, como la caña de azúcar
o el maíz, que infla el precio de los alimentos
entre un 5 y un 15 por ciento; y el aumento del
coste del petróleo.
Esta crisis puede afectar a 100 millones de
personas en todo el mundo. El Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) ha recordado
que 3,5 millones de niños y niñas mueren cada año
por malnutrición.
Mientras que un hogar del mundo desarrollado
invierte menos del 18 por ciento de su presupuesto
en alimentación, la media alcanza el 70 por ciento
en los países en desarrollo. De ahí que el margen de
maniobra en los países empobrecidos que dependen de
la importación de alimentos sea muy escaso.
La crisis alimentaria mundial y los altos
precios del petróleo, así como factores crónicos
como la desertificación y la extensión del
agotamiento de los recursos y fenómenos naturales
como inundaciones, sequías, huracanes y tsunamis
provocan una migración masiva de Sur a Sur y de
Sur a Norte.
Para el año 2050, unos mil millones de personas
podrían verse forzadas a emigrar como consecuencia
de fenómenos meteorológicos extremos. Estos cambios
climáticos y sus impactos en la agricultura y las
economías se producirán en todo el mundo. Los
pueblos de esos países buscarán oportunidades para
mejorar su vida y las de sus familias, dándose las
condiciones para ver grandes movimientos de personas
emigrantes.
Simultáneamente, la Unión Europea prepara una
directiva que unifica los criterios para expulsar a
las personas extranjeras que residen ilegalmente
en territorio europeo, coincidiendo con un
endurecimiento general del discurso en materia de
inmigración.
Tenemos trabajo para hacer frente desde la
sociedad civil comprometida a esta emergencia
mundial, comenzando por el respeto a los derechos
humanos y libertades fundamentales de las personas
afectadas.
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