Al menos en el caso de las plantas de celulosa, el gobierno de Tabaré Vázquez apostó a la confianza de la opinión pública más que a convencer explicando. A las pocas horas de comenzar sus actividades como presidente electo, Vázquez recibió sorpresivamente a los directivos de la empresa finlandesa Botnia y dio luz verde a su emprendimiento. Hace algunas semanas, el presidente envió una carta al Banco Mundial pidiendo, en tono impe-rativo, que se acelere la concesión de los préstamos, por unos 400 millones de dólares, que financiarían parte de una inversión que oficialmente suma cerca de 1.800 millones de dólares. Pero, aunque no se lo reconoce a nivel oficial, todo parece haber cambiado en los últimos días.

Los militantes ambientalistas de ambas orillas y el gobierno argentino, que cuestionaron por diversos medios la construcción de las plantas de Botnia y ENCE en Fray Bentos, tienen ahora legítimos motivos de satisfacción. Aunque la resolución final será adoptada por el directorio del Banco Mundial (BM) que preside Paul Wolfowitz, un informe preliminar de la oficina del ombudsman de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del banco (CAO, por sus siglas en inglés), difundido a fines de la semana pasada en Washington, reconoció que varios de los cuestionamientos al emplazamiento de las plantas tenían fundamento.

Preguntas legítimas y hechos consumados

En un documento de 18 páginas, la oficina del ombudsman sostiene, entre otras cosas, que la decisión de Botnia “de empezar a construir cuando la comisión binacional estaba todavía evaluando estos emprendimientos, ha socavado, a la vista de los grupos potencialmente afectados tanto en Argentina como en Uruguay, la legitimidad de los protocolos existentes”.

En el capítulo de conclusiones y recomendaciones, la CAO sostiene que “la Asamblea de Gualeguaychú ha llegado a ser una voz poderosa y coherente que ha hecho surgir preguntas legítimas acerca de la mejor manera de promover el desarrollo en el río Uruguay entre Uruguay y Entre Ríos”; que “los procesos de consulta y divulgación relacionados con la aprobación de estos proyectos dan la impresión de haber sido apresurados y presentados como un fait accompli (hecho consumado) a aquellos a quienes se consultaba”; y que además “se ha puesto muy poco énfasis en la naturaleza transfronteriza de los posibles impactos de estos emprendimientos, y no ha habido suficiente reconocimiento de la legitimidad de las preocupaciones y temores de las comunidades localizadas en el área del proyecto”.

La oficina del ombudsman, que preside la abogada de Papúa y Nueva Guinea Meg Taylor, actualmente de visita en Montevideo junto a un equipo de técnicos, actuó a partir de un reclamo presentado con el respaldo de más de 39 mil firmas de ambos países.

El informe cuestiona asimismo que los estudios de impacto ambiental (EIA) de los inversores “no proporcionan suficiente evidencia de que se hayan atendido las preocupaciones relacionadas con impactos potenciales en el turismo y la agricultura”, y “no toman en consideración las consecuencias sobre la tenencia de la tierra y la equidad social como resultado de las grandes plantaciones de eucalipto”.

La oficina del ombudsman expresó su discrepancia con los EIA presentados que sostienen que no se consultó a los vecinos del lado entrerriano porque posiblemente éstos no reciban ningún impacto. El informe preliminar dice textualmente: “La CAO no está de acuerdo con esta opinión. La complejidad y sensibilidad de estos enormes proyectos, en un área transfronteriza y sobre una cuenca de río compartida, hace que sea esencial la consulta con personas potencialmente afectadas”.

Sin embargo, la oficina sostiene que aún “existen oportunidades para llegar a un acuerdo”, y para ello es vital que la CFI actúe de forma decisiva para asegurar a los ciudadanos argentinos y uruguayos “que ha emprendido un proceso creíble de diligencia debida con respecto a la evaluación de los impactos acumulativos de ambos proyectos”. Finalmente propone una serie de medidas separadas de consulta y divulgación antes de la consideración de los proyectos por parte del directorio del banco.

Alegría y disgustos

Del lado argentino no se ocultó que el informe cayó bien. “Es la conquista más firme que hemos tenido en los últimos tiempos; ha sabido reflejar las preocupaciones de los vecinos y reconoce el impacto fronterizo de las obras. Si no hubiera sido por la intervención de la ombudsman, el Banco Mundial ya daba por hecha la asistencia financiera”, dijo a Página 12 Horacio Melo, integrante de la Asamblea de Gualeguaychú. “Expresa la opinión de la cancillería”, señaló escuetamente el canciller argentino Rafael Bielsa.

Mientras aún están semiabiertas las heridas que provocó el reciente enfrentamiento diplomático entre ambos países a propósito del mismo tema, Vázquez dijo en el Consejo de Ministros del lunes 14 que no se debería seguir contestando al gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti. El gobernador había vuelto a la carga reprochando al mandatario uruguayo haber dicho una cosa en sus discursos de la campaña electoral respecto a las cuestiones ambientales y estar haciendo otra en el gobierno.

En rigor, si bien como candidato Vázquez hizo referencias genéricas a la defensa del ambiente frente al embate de las multinacionales, en la práctica evitó todo contacto con los militantes contrarios a las plantas de celulosa y hasta ahora no ha encontrado tiempo para recibirlos. Este estado de cosas ha provocado una situación crítica en el fa de Río Negro.

El hecho de que hoy, viernes, el presidente viaje a Buenos Aires para recibir un premio relacionado con su actividad médica activó las especulaciones de una minicumbre Vázquez-Kirchner para abordar el delicado asunto. Sin embargo, fuentes del gobierno dijeron a BRECHA que por ahora no habrá tal reunión y que existe total tranquilidad en el entorno del presidente respecto a que finalmente se otorguen los créditos. Directivos de las empresas implicadas también se manifestaron en la línea de seguir esperando.

Para los ambientalistas, ahora se trata de profundizar en la brecha que dejó abierta el informe de Taylor, quien a su vez se dispone a contratar dos nuevas consultoras, una estadounidense y otra canadiense, para que repitan parte de los estudios.

En el ámbito turístico, durante la presentación de la próxima temporada en Piriápolis, los operadores, además de la cuestión cambiaria y el precio del combustible, llamaron la atención sobre el riesgo real de un bloqueo en el puente que une Fray Bentos y Puerto Unzué como protesta por la construcción de las plantas de Botnia y ENCE.

Si la temporada turística en el este se resiente, entonces los gobernantes uruguayos no tendrán otro remedio que ser más razonables, parece ser la estrategia de los ambientalistas argentinos compartida también por uruguayos. Aunque desde Montevideo no se percibe el problema en su verdadera dimensión, la promesa de un verano al rojo y un deterioro de las históricamente amistosas relaciones entre entrerrianos y uruguayos existe.

El ambientalista entrerriano Melo, que el viernes 25 participará de la próxima reunión de la comisión binacional en Montevideo, dijo a BRECHA que, como las posiciones están tan enfrentadas, seguramente el asunto tendrá que ser decidido finalmente por el Tribunal Internacional de La Haya, aunque también tienen esperanzas en una conversación pendiente con el ministro de Ganadería, José Mujica. Cualquier gestión vale, porque es posible que el informe de Taylor -aunque demostró que los motivos de preocupación tenían fundamento- no tenga la misma receptividad entre los directivos del BM que entre los opositores a las plantas.

Sergio Israel

Convenio Brecha/Rel-UITA

22 de Noviembre de 2005