El gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Jorge Busti, anunció que a mediados de mes viajará a Washington para denunciar al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por permitir la instalación de dos grandes plantas de celulosa en la costa enfrentada a su territorio.

Busti dijo que la presentación “surge de nuestra condición de damnificados y en representación de unos 300.000 entrerrianos que resultarán perjudicados si ello se concreta” e informó que hará también una petición de medidas cautelares ante el ombudsman en Derechos Humanos y Ambientales del Banco Mundial.

La decisión de Busti cuenta con el aval del presidente Néstor Kirchner, quien recibió una semana antes en la sede del gobierno federal a una delegación de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú y autoridades de la Provincia de Entre Ríos, en un gesto de apoyo a la movilización contra las plantas de celulosa.

“[El presidente] fue muy contundente en sus instrucciones al Canciller [Rafael Bielsa] para utilizar todos los medios jurídicos y constitucionales para frenar la construcción de las plantas”, comentó a la salida de la Casa Rosada, el coordinador del Foro Ecologista de Paraná, una de las organizaciones presentes.

Y al día siguiente, en un acto político en la ciudad de Concordia, Kirchner volvió sobre el tema de las plantas de celulosa. “No tengo dudas que así como con los hielos continentales estuve donde tenía que estar, con las papeleras voy a estar en el lugar donde tenga que estar”, dijo el primer mandatario argentino.

Las denuncias ante la CIDH y el Banco Mundial no son las únicas acciones litigiosas previstas, ya que también se planea una presentación ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, para lo cual se ha constituido un equipo técnico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Duelo verbal indirecto

Mientras tanto, Bielsa y Gargano tuvieron una nueva oportunidad de encuentro en la Reunión Extraordinaria de Cancilleres del Grupo Río, realizada en Bariloche a fines de agosto, pero sólo sirvió para que continuara el duelo verbal indirecto que vienen manteniendo ambos, en donde reafirman las posiciones respectivas.

Hablando frente a los periodistas, sin haber tratado nuevamente el tema, Gargano dijo que la concreción del proyecto “no tiene marcha atrás porque es una decisión soberana”(sic) de su gobierno y Bielsa le respondió que, si las plantas que pretende poner en marcha Uruguay contaminan, “no se van a construir”(sic).

El gobierno argentino había solicitado formalmente a su par uruguayo la suspensión de las obras iniciadas hace dos meses en los terrenos de las empresas Botnia y Ence hasta tanto una comisión binacional se expidiera sobre los posibles impactos ambientales de la operación de las plantas de celulosa proyectadas.

En respuesta, los representantes oficiales uruguayos reafirmaron una y otra vez la decisión de autorizar las obras. La única concesión de Montevideo fue aceptar el funcionamiento de una comisión con delegados de ambos gobiernos, que ya tuvo algunas reuniones, pero sólo con fines de intercambio de información.

También fue una concesión de Buenos Aires, que obligó al canciller Bielsa a viajar inmediatamente hacia la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, a dar explicaciones ante la Asamblea Ciudadana Ambiental y las autoridades locales sobre la táctica y la estrategia del gobierno nacional en este proceso.

Todo indica que los gobiernos de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez quisieran evitar la confrontación, si esto fuera posible. Del lado uruguayo se viene apostando a una salida que permita proseguir los proyectos, especulando con un afloje al término de la campaña electoral y el peso de intereses similares del lado argentino.

Un convidado de piedra

El ex-presidente argentino Eduardo Duhalde, rival político de Kirchner dentro del peronismo, abonó esa expectativa al decir a la prensa uruguaya que las posturas oficiales "No pasan de ser una serie de declaraciones mediáticas, en el marco de una campaña electoral que se vive en mi país... y eso no debería pasar".

Casi simultáneamente, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) de Argentina, Rafael Gaviola, calificó de "confuso" el diferendo con Uruguay y dijo que "no hay porqué rechazar las papeleras de este país, ya que el gobierno de Tabaré Vázquez aprobó estudios de impacto ambiental".

Pero han aparecido nuevos actores sociales, que no están dispuestos a delegar tales decisiones. La población de Entre Ríos luchó, en el apogeo del menemismo, contra la construcción de la represa del Paraná Medio y logró, además de anular la obra, una ley que declara a la provincia "libre de represas hidroeléctricas".

El coordinador del Foro Ecologista de Paraná explica que este movimiento no tuvo, en su proceso de construcción social, influencia de grupos partidarios y advierte que es la primera vez que la casi unanimidad de partidos políticos de la provincia se oponen a la construcción de megaproyectos de estas características en solicitadas conjuntas: "Apostamos a que la única y más fantástica manera de debatir sobre lo que queremos para nuestros territorios y sus ecosistemas es con las mayorías, con las mayorías organizadas en la fortaleza de su diversidad y sus saberes, con los saberes populares y académicos integrados y fortalecidos".

Enlazado a ambos lados del río por la Red de Organizaciones Socioambientales de Entre Ríos y Organizaciones Ecologistas del Uruguay, este movimiento resulta ser el "convidado de piedra" en esta situación. Parece difícil que la suerte de esas plantas pueda sellarse –incluso en tribunales internacionales– sin su participación.

Víctor L. Bacchetta

©Rel-UITA

7 de setiembre de 2005