Eucaliptos y plantas de celulosa
Negocio para pocos, desarrollo para nadie
“El fraude de la
celulosa” es el título de un nuevo trabajo de investigación de Víctor Bacchetta,
que se presentó el 26 de septiembre en Montevideo.
En una declaración conjunta en ocasión del Día Internacional
contra los Monocultivos de Árboles el 21 de septiembre, las organizaciones
firmantes1 expresaron su
rechazo al actual modelo forestal, que el Estado uruguayo ha estado impulsando
desde la década de 1980. Se pronunciaron contra la “creciente concentración y
extranjerización de la tierra”, el “vaciamiento del campo y la desaparición de
pequeños agricultores”, la “disminución en la producción de alimentos” debido a
la reasignación de suelos a plantaciones de árboles y soja, la “grave afectación
de los principales recursos naturales” (agua y suelo), una “escasa generación de
empleos” -a destajo, mal remunerados, sin seguridad laboral, mediante
subcontrataciones y escasa sindicalización- y la “escasez y el encarecimiento de
madera para leña y para el abastecimiento de aserraderos locales”.
A continuación, propusieron la “suspensión inmediata de los
permisos para plantaciones de pinos y eucaliptos” en gran escala, la “revisión
de la actual legislación forestal”, una “evaluación de los impactos sociales y
ambientales de las áreas actualmente forestadas”, el restablecimiento de la
soberanía del país sobre el sector forestal mediante la aplicación del Artículo
47 de la Constitución, siguiendo el ejemplo de la gestión de los recursos
hídricos, “un marco legal que impida la concentración de la tierra” en pocas
manos, y la “adopción de políticas nacionales para garantizar la permanencia y
mejora de calidad de vida del productor familiar”. Plantearon, en resumen, la
necesidad de reconocer formalmente la función social de la tierra y de actuar en
conformidad con este principio.
En el mismo sentido, “El fraude de la celulosa”2
pone de manifiesto los efectos ambientales y sociales negativos de la expansión
de los monocultivos forestales, fundamentalmente de eucalipto. Cuestiona
asimismo los orígenes y la implementación de una política que fomenta
sistemáticamente las inversiones multimillonarias de algunas transnacionales de
la celulosa, que lejos de contribuir al desarrollo productivo y social del país,
crean fuentes de trabajo de mala calidad, contaminan el ambiente y atentan
contra la producción familiar.
Junto al autor, el periodista Víctor Bacchetta,
intervinieron en la presentación del libro el ingeniero agrónomo Ricardo
Carrere, director de la oficina regional del Movimiento Mundial para la
Protección de los Bosques Tropicales (WRM), el demógrafo y productor
Guillermo Macció, responsable de un proyecto único en el país de
reforestación con especies indígenas, y el sociólogo Marcelo Carazans,
coordinador de la Federación de Organismos para la Asistencia Social y
Educacional (FASE) del estado federado de Espíritu Santo,
Brasil.
En sus palabras introductorias Carrere se refirió al
Día Mundial contra los Monocultivos de los Árboles, destacó la amplitud de la
adhesión institucional a la declaración pública, y abogó por la modificación de
la legislación forestal vigente. Seguidamente, Macció presentó un resumen
de su evaluación de los Diarios de Sesiones de las Cámaras de Representantes y
de Senadores desde el 4 de noviembre de 1985 hasta el 28 de diciembre de 1987,
fecha en que se terminó de sancionar la Ley Forestal, que ha servido de base
para la sistemática ampliación de los monocultivos de árboles y que prevé
generosas exoneraciones impositivas para quienes planten eucaliptos en gran
escala para su posterior procesamiento en las plantas de celulosa.
En su exposición, Macció destacó la casi unanimidad
del apoyo parlamentario (56 en 58 votos en la Cámara de Representantes) al
proyecto de fomento de la forestación presentado por el Poder Ejecutivo, que
parecía reflejar un acuerdo entre los partidos previo a la votación
parlamentaria. Finalmente, observó que la superficie declarada de prioridad
forestal por la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca (MGAP) -un millón de hectáreas ya está siendo forestado para la
producción de celulosa, encontrándose la mitad en manos de tres empresas- ha
sido ampliada en varias oportunidades.
La intervención de Bacchetta confirmó esta
observación, señalando que desde la Sociedad de Productores Forestales de
Uruguay se prevé
una forestación muy superior a los 3 millones de hectáreas, para luego criticar
la posición del gobierno por no reconocer los daños ambientales evidentes. En
los cuatro años de preparación de “El fraude de la celulosa” el autor pudo
comprobar los efectos ambientales y sociales nefastos de los monocultivos en el
Interior del país, al tiempo que constató que la verdadera dimensión del
problema está siendo desconocida por los habitantes de la capital del país, en
parte porque desde los años ochenta el modelo agroexportador, incluyendo la
forestación y la producción de celulosa, se había convertido en una política de
Estado con el respaldo férreo del gobierno del presidente Tabaré
Vázquez. En consecuencia, la resistencia argentina contra las plantas de
celulosa sobre el río Uruguay, más específicamente de los habitantes de
la ciudad de Gualeguaychú, fue interpretada como una agresión contra las
decisiones soberanas del Uruguay, imposibilitando así una discusión seria
sobre el impacto ambiental de la forestación desenfrenada y la fabricación de
celulosa.
Cerrando la actividad, Marcelo Carazans informó sobre
la larga lucha de la población indígena del norte de Espíritu Santo
contra las tres fábricas de celulosa de la transnacional Aracruz y sus
plantaciones. Amparada por el régimen militar, Aracruz comenzó a
instalarse en 1968 e inauguró la primera fábrica en 1978. En el interín expulsó
unas 15.000 familias, fundamentalmente de afrodescendientes, y destrozó la
vegetación original. En la medida en que las plantaciones se extendieron a los
estados vecinos de Minas Gerais y Bahia, para satisfacer la
creciente demanda de madera de la industria celulósica, pero también de la
metalúrgica, aumentó la resistencia popular contra este modelo agro-depredador y
socialmente insostenible, cuyo diseño global no respeta fronteras nacionales ni
poblaciones tradicionales.
