Con Eduardo Gudynas

Cambiar la cabeza

para cambiar de modelo

 

Las características de los procesos de transformación

productiva que tienen lugar en los países del MERCOSUR, el papel central que tienen en ellos las empresas, el rol subalterno o negativo de los Estados y las dificultades para formular una estrategia de desarrollo alternativa son algunos de los temas abordados en la siguiente entrevista con el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES).

 

En la agropecuaria sudamericana están ocurriendo  procesos de transformación novedosos. En el pasado siempre se enfatizó como una cuestión central a discutir la propiedad sobre la tierra, sobre los recursos. Sin embargo, me parece que con la dinámica de la economía actual, especialmente de los mercados agroalimentarios, saber quién controla, quién maneja, y quién establece las normas sobre toda la cadena es aún más importante que saber quiénes son los dueños de la tierra. En países como Bolivia, Paraguay y Uruguay se discute mucho el tema de la extranjerización de la propiedad de la tierra, pero habría que atender también al tema de quién controla y maneja toda la cadena de un sector y para qué.

 

Hoy, independientemente de la forma de propiedad (comunitaria, cooperativa, estatal, mixta o privada) la mayoría de los gobiernos de la región terminan reproduciendo un cierto tipo de estrategia agropecuaria de alta maquinación, de monocultivos de amplia cobertura geográfica, de uso intensivo de agroquímicos y en algunos casos de variedades transgénicas. Todos apuestan a una fase agroindustrial y de exportación a los mercados globales, dejando en segundo lugar las demandas o intereses de cobertura alimentaria dentro de los propios países.

 

Ahí están los casos de Bolivia, Paraguay y Uruguay, donde sectores completos de la producción ya están en manos de capitales extranjeros. Al sector granos lo controlan capitales argentinos. En Uruguay, los principales frigoríficos son hoy brasileños, y los capitales de ese país han avanzado sobre el arroz y las proteínas animales. Quien es el dueño de la pradera donde pasta la vaca -o del ganado- pasa a un segundo lugar, porque toda la cadena frigorífica uruguaya está totalmente controlada por el capital brasileño.

 

-¿Los gobiernos progresistas han ofrecido alguna resistencia a este modelo?

-Justamente, el problema se agrava porque los gobiernos progresistas comparten la política de atraer e incentivar la inversión extranjera y no hay una presencia estatal de regulación sobre lo que hacen estos capitales. Y ésto también genera problemas en la integración. Como los gobiernos regionales fracasaron en coordinar políticas agropecuarias (el MERCOSUR no las tiene ni se plantea tenerlas) en los hechos está caminando en paralelo una integración empresarial, que además queda en manos de las propias empresas. En poco tiempo van a pasar cosas muy extrañas: cuando Paraguay y Uruguay tengan que negociar con Brasil ciertas características del comercio interregional en carnes o en granos, en realidad van a estar defendiendo a subsidiarias de los propios capitales brasileños.

 

Y hay otro asunto: el Estado brasileño está financiando la expansión del capital nacional en el sector agroindustrial en la región. Lo hace a través del Banco de Desarrollo Económico y Social, por ejemplo por medio de la creación de fondos de inversión que compran parte de los papeles que se necesitan para financiar adquisiciones o fusiones. La novedad es que de estos esquemas de inversión participan fondos de pensión que manejan dinero de los trabajadores. La internacionalización del capitalismo brasileño tiene entonces una pata de apoyo estatal y otra de apoyo sindical. El movimiento sindical del sector agroalimentario debería comenzar a reflexionar sobre cómo abordar esta problemática.

 

-¿Qué consecuencias acarrean estas estrategias de uso intensivo del capital sobre la pequeña producción familiar?

-Como esas estrategias necesitan de ciertas escalas para ser rentables, la agricultura del pequeño productor familiar, la agricultura campesina se hacen totalmente marginales. En Chile, por tomar un caso, el Estado asume que van a ser sectores condenados y los subsidia. Es lo que sucede con los pequeños agricultores criollos o mapuches del sur: se sabe que nunca van a entrar en esta economía de alta escala. El problema es que los gobiernos progresistas no pueden sostener una ola de protesta social, que contradice su propia idea de justicia social, y entran en una lógica de asistencialismo focalizado y sin perspectiva.

 

Sucede también en Uruguay, en Brasil y en menor intensidad en Argentina: los propios gobiernos incentivan esta agricultura exportadora y de alto impacto, reconocen que tiene efectos negativos, como el desplazamiento de pequeños productores, pero toman parte de los excedentes que genera ese "boom" de exportaciones y adoptan programas sociales para amortiguar y compensar esos impactos. La diferencia entre gobiernos progresistas y gobiernos tradicionales está en la captación de los excedentes.

 

-De los efectos ambientales de ese modelo pocos se ocupan…

-Todos los gobiernos progresistas tienen ese énfasis exportador: agroexportador en Uruguay y Argentina, minero y agrario en Brasil, minero en Chile, minero en Ecuador. Éste último, de todas maneras, presenta cosas positivas: su Constitución actual es de vanguardia en temas ambientales. Allí se está dando una discusión sobre la estrategia de desarrollo para salir de la dependencia del petróleo, y hay condiciones políticas para darla porque la Constitución tiene una sección dedicada a los derechos de la naturaleza. El derrame petrolero de Texaco de décadas atrás, que ha tenido impactos desastrosos de todo tipo, creó una sensibilidad especial a la contaminación generada por esa industria. En la otra punta está Bolivia, cuya Constitución, reformada bajo la gestión de Evo Morales, es la única que fija al Estado el deber de industrializar los recursos naturales.

 

-Según tu punto de vista, la formulación de estrategias de desarrollo alternativas encuentra hoy más dificultades que en el pasado reciente...

-Antes era más sencillo criticar a una transnacional, que tenía su casa central en el extranjero, pero ahora hay organizaciones nacionales, algunas de base popular, totalmente volcadas a este tipo de desarrollo agropecuario, gobiernos progresistas que apoyan este modelo y hasta sindicatos de base industrial que lo ven bien. La presión social sobre los gobiernos es, en buena medida, en favor de una mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales, pero no hay discusión sobre la cualidad de ese uso. Desde los gobiernos de signo progresista se utiliza repetidamente la excusa de la pobreza, que si no seguimos ese modelo “vamos a ser pobres”, lo que impide que se haga un abordaje más fino, más serio sobre los programas para combatir la pobreza y cómo salir de la pobreza. Se genera así el círculo vicioso de que las propias corrientes exportadoras financian parte de los programas de atención a la pobreza que ellas mismas crean.

 

Por otra parte, también en la academia ha habido un retroceso. Los temas de desarrollo están en caída, los de desarrollo rural son una pequeñísima fracción y los de desarrollo con una visión alternativa son minúsculos. En la agropecuaria, los vínculos entre las empresas y el sector académico son muy importantes…

 

-¿Qué pistas de salida propondrías?

-Repensar las estrategias de coordinación productiva agropecuaria; abandonar la competencia entre los distintos países, todos por el mismo producto y por los mismos mercados; orientar la producción a resolver los problemas de insuficiencia alimentaria con una lógica regional. Es increíble que en esta zona haya países que sean exportadores netos de alimentos y que tengan enormes problemas alimentarios dentro de fronteras.

 

En su forma tradicional la soberanía alimentaria implica que todos los países produzcan de todo, pero eso también generaría un impacto ambiental muy fuerte. No tiene sentido que Argentina produzca bananas, o Uruguay azúcar, sí lo tiene que haya una complementación productiva y alimentaria, lo que lleva a establecer cadenas de producción compartidas y a tener una política comercial del bloque hacia afuera. Ahí sí habría una política de Estado y no de empresas, como sucede ahora.