La Policía Federal lanzó el jueves la "Operación Curupira",
y ese mismo día ya había detenido a más de 80 personas,
entre ellas el secretario de Medio Ambiente del estado de
Mato Grosso, Moacir Pires, y el director Forestal del
Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), Antonio
Carlos Hummel.
Ibama es el brazo ejecutor del Ministerio de Medio Ambiente.
Su gerente ejecutivo en Mato Grosso, Hugo José Werle, y
muchos funcionarios locales también están presos,
involucrados en una mafia que vendía autorizaciones para el
transporte y la "legalización" de madera clandestinamente
extraída, incluso en áreas indígenas y de protección
ambiental.
De las 89 personas con prisión decretada por la justicia, 47
son funcionarios del Ibama, ocho de ellos en cargos de
confianza, es decir nombrados por los gobernantes, informó
el Ministerio de Medio Ambiente, que determinó la
intervención por 60 días de las oficinas del organismo en
Mato Grosso, en el centro de Brasil. La intervención es
comandada por el fiscal Elielson Ayres de Souza, que
encabezó las diligencias sobre la corrupción, iniciadas en
setiembre de 2004. La emisión de autorizaciones para
productos forestales fue suspendida por un mes, para
reconstituir el servicio sin sus vicios.
La investigación hecha por órganos superiores del Ibama, la
Policía Federal y la Fiscalía estimó en 1,9 millones de
metros cúbicos la madera ilegalmente extraída de Mato Grosso,
el equivalente a la carga de 76.000 camiones que, en cola,
ocuparían 1.100 kilómetros de carretera.
La cuadrilla operaba desde hacía 14 años en el estado,
admitieron las autoridades.
Los demás presos o buscados por la policía son empresarios
que pagaban el equivalente a 800 dólares por cada
autorización, según el comisario Tardelli Boaventura, jefe
de la Operación.
Mato Grosso es el actual campeón de la deforestación en
Brasil. Del área amazónica deforestada en el período de
agosto de 2003 a agosto de 2004, en un total de 26.130
kilómetros cuadrados, 48,16 por ciento le corresponde a ese
estado, gobernado por un gran agricultor y comerciante de
soja, Blairo Maggi.
En Mato Grosso la deforestación aumentó 20,3 por ciento en
relación con el período anterior. Junto con Rondonia fueron
los dos únicos estados, de un total de ocho, en que se
registró un incremento, según las mediciones publicadas hace
dos semanas.
Buena parte de esa devastación "se debe a la corrupción en
Ibama y la FEMA", sostuvo el comisario Boaventura.
FEMA es la Federación Estadual de Medio Ambiente de Mato
Grosso, la autoridad ejecutora, acusada de autorizar
fraudulentamente la tala de bosques amazónicos.
El organismo abría paso a la deforestación calificando esos
bosques como "del Cerrado", una especie de sabana en que la
ley permite talar hasta la mitad de cada propiedad. De
acuerdo con las normas, solo se puede talar 20 por ciento de
los predios amazónicos.
"Los órganos nacionales están cumpliendo su parte, ahora le
toca al gobierno estadual asumir sus responsabilidades y
adoptar también medidas contra la deforestación", reclamó
Serys Slhessarenko, representante de Mato Grosso en el
Senado.
La senadora reveló, en el Congreso Iberoamericano sobre
Desarrollo Sustentable concluido el jueves en Rio de
Janeiro, que desde julio del año pasado empresarios
interesados en escapar al cobro de comisiones ilegales
exigidas por funcionarios le informaron sobre la corrupción
en el Ibama.
Ninguno se atrevía a formalizar las acusaciones, ante el
temor a ser asesinados o de ver a sus empresas sometidas a
represalias, indicó Slhessarenko. Pero la legisladora elevó
las acusaciones a la ministra de Medio Ambiente, Marina
Silva, y a través de ésta al presidente Luiz Inácio Lula da
Silva.
Así comenzó la investigación de la Fiscalía y la Policía
Federal.
El secreto de las pesquisas permitió desatar la "Operación
Curupira" sorpresivamente y detener a casi todos los
acusados. La Policía Federal movilizó 450 agentes, a los que
se sumaron 31 del Ibama.
En las leyendas populares del interior de Brasil, Curupira
es un indígena cuyos pies apuntan hacia atrás y que protege
los bosques. La acción se extendió a otros estados
brasileños, sumando 129 órdenes de prisión en todo el país,
según la Policía Federal.
Mato Grosso "no es un caso aislado", advirtió Paulo Adario,
coordinador de la Campaña Amazonia de la organización
ambientalista Greenpeace Internacional. La extracción ilegal
sigue impune en otros estados, como Pará y Rondonia, y
corresponde a 72 por ciento de toda la madera producida en
la Amazonia.
La presencia del Estado es débil en la región, por lo que
resulta indispensable fortalecer sus órganos y librarlos de
la corrupción para combatir con eficacia la actividad
maderera ilegal, la deforestación, los incendios forestales
y la violencia en las comunidades locales, acotó.
La organización recordó que en 2001 ya había denunciado el
intento de fraude de uno de los funcionarios de Ibama ahora
detenido, Randolf Zuchow, quien intentó liberar una partida
ilegal de madera de caoba retenida en Estados Unidos. Fue
necesaria la repercusión negativa, nacional e internacional,
de la deforestación del año pasado para llevar el gobierno a
desbaratar una "mafia verde" ya ampliamente conocida, según
Roberto Smeraldi, director de la organización no
gubernamental Amigos de la Tierra/Amazonia Brasileña.
La ministra Marina Silva anunció que nuevas operaciones
similares serán desplegadas y que investigaciones internas
en el Ibama, en los últimos 20 meses, ya habían descubierto
431 falsas empresas usadas en fraudes en Mato Grosso, donde
también se descalificaron 319 proyectos de manejo forestal,
con que se buscaba legalizar la extracción maderera.
Mario Osava
Especial IPS para La Republica
4 de junio de 2005
