Costa
de Marfil
La muerte
ambulante
El
tráfico ilegal de desechos tóxicos desde los países
ricos a los pobres continúa dejando un tendal de
víctimas y de severas consecuencias ambientales.
Empresas transnacionales que lo practican intentan a
toda costa deslindar responsabilidades. A veces no
tienen más remedio que asumirlas.
Los mil euros por cabeza que la transnacional holandesa
Trafigura aceptó este septiembre pagar a 31 mil
habitantes de Costa de Marfil que la demandaron
por el derrame de 528 toneladas de desechos tóxicos, en
2006, parecen de risa vistos los daños causados, pero
son una confesión de parte.
La solución llegó tras negociaciones entre los
representantes de la compañía con sede en Inglaterra y
los abogados de las víctimas, y pocas semanas antes de
que el caso comenzara a ser tratado por la Alta Corte de
Londres. Y llega sobre todo luego que se conocieran
detalles del episodio.
Trafigura
es una de las principales empresas del mundo en
transporte de hidrocarburos y metales. Tres años atrás,
en julio de 2006, 528 toneladas de desechos tóxicos que
transportaba el barco de bandera panameña Probo Koala,
alquilado por la firma europea, fueron abandonados al
aire libre en varios puntos de Abiyán, la capital de
Costa de Marfil. Al menos 15 personas murieron y
cerca de 108 mil debieron asistirse en centros médicos
locales por intoxicaciones de diverso grado, quemaduras,
vómitos de sangre luego de haber entrado en contacto con
las sustancias.
En febrero de 2007 la trasnacional pactó con el gobierno de
Costa de Marfil pagar algo más de 152 millones de
euros por concepto de indemnizaciones por el vertido del
material tóxico. Pero no asumió responsabilidad alguna
por las lesiones causadas a seres humanos. “A lo sumo
puede haberse producido alguna gripe”, minimizó uno de
sus ejecutivos. Y esa versión fue mantenida por la firma
hasta hace muy poco.
Los 33 millones de euros que aceptó dar ahora a quienes la
denunciaron ante tribunales británicos fueron
–según los
directivos de Trafigura– “un gesto de buena
voluntad”, ya que “nada prueba que haya habido relación
de causa efecto” entre el accidente de 2006 y el
fallecimiento de personas.
Pero no
fueron esas las conclusiones a las que llegó
Okechukwu Ibeanu, relator especial del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las
consecuencias del transporte y derrame de desechos y
productos tóxicos. Ibeanu viajó varias veces
tanto a Holanda como a Costa de Marfil.
“No conocemos, y tal vez nunca sepamos a ciencia cierta,
los efectos del derrame de más de toneladas de productos
tóxicos en Costa de Marfil, pero ya a simple
vista parece haber pruebas suficientes de que las
muertes y las consecuencias sanitarias que padecieron
marfileños están ligadas al desastre del barco Probo
Koala”, dijo el experto.
Las
cosas comenzaron a complicarse demasiado para
Trafigura luego que se conoció la correspondencia
interna de la trasnacional en aquellos años. Se supo,
por ejemplo, que el director de Trafigura,
Claude Dauphin, estaba al tanto del alto nivel de
toxicidad de la carga que transportaba el Probo Koala,
una mezcla resultante del refinado (ilegal) de gasolinas
en alta mar. "No reveles ni repitas a nadie que llevas
esa carga a bordo. Di simplemente que se trata de aguas
del lavado de los tanques", exhortaron en abril de 2006
al capitán del cargo los ejecutivos de la firma. Los
barriles, ahora se sabe, contenían una combinación de
soda cáustica, gasolina y sulfuro de mercaptano,
producto del proceso de depuración de un tipo de
gasolina sin refinar que Trafigura compró a la
mexicana Pemex. Ese proceso de depuración,
realizado a bordo del barco a muy bajo costo, genera
residuos peligrosos y por ello muchos países lo han
prohibido.
Ya en
2006 la asociación ecologista Greenpeace alertaba
sobre la composición de los desechos químicos. “Creemos
que se trata de un lodo rico en hidrocarburos,
contaminado al menos por tres elementos: sulfuro
de hidrógeno (muy tóxico por inhalación), mercaptano
(compuestos sulfúricos) y soda cáustica. Desde el punto
de vista sanitario, el sulfuro de hidrógeno puede
provocar irritaciones de las mucosas y las vías
respiratorias hasta la muerte por envenenamiento de la
sangre, pasando por nauseas y vértigos. Estos productos
presentan también una toxicidad muy alta para el medio
ambiente, que puede resultar catastrófica si alcanzan
las capas freáticas o el medio marino. Algunos expertos
señalan igualmente la presencia de organoclorados, lo
que haría esta contaminación todavía más grave (estos
contaminantes permanecen en el medio y penetran en la
cadena alimenticia)”.
Trafigura
buscó un destino de deposición de sus residuos. No podía
ser un país europeo, ni Estados Unidos, que
prohíben manipulaciones como las realizadas a bordo del
buque de bandera panameña, y por supuesto no aceptan
hacerse cargo de lo generado. Intentaron descargarlos
en Nigeria, en Túnez, y no pudieron.
Pasaron por España. Finalmente, una empresa
marfileña aceptó recibirlos, pero no tenía experiencia
alguna en el tratamiento de este tipo de desechos.
Terminó diseminándolos en una quincena de basurales a
cielo abierto en Abiyán, que habitualmente son revueltos
de pies a cabeza por marfileños pobres, niños y adultos,
en busca de algún alimento o cosa vendible.
"Como en el tráfico de armas o de drogas, en el ámbito
de la exportación de residuos tóxicos de los países
ricos a los países pobres hay un gran negocio ilegal",
dijo a la BBC de Londres Katherina Kummer,
secretaria ejecutiva del Convenio de Basilea, el acuerdo
internacional que desde 1992 controla los movimientos
internacionales de residuos peligrosos. "El origen de
este 'negocio' se encuentra en que hay países con leyes
estrictas que hacen más cara la gestión de residuos y
otros que no tienen las leyes o carecen de los recursos
para hacer que se cumplan”, señaló.
El Convenio de Basilea, ratificado hasta ahora por 172
países –uno de los que no lo hizo es Estados Unidos–
prohíbe este tráfico norte-sur, pero el caso del Probo
Koala, entre muchos otros, prueba que está lejos de ser
respetado.
África
y Asia han ido desplazando a América Latina
como zonas receptoras de estos desechos. Sin embargo, la
interceptación, en julio, en Brasil de un buque
procedente de Gran Bretaña con 1.400
toneladas de basura tóxica prueba que el sub continente
continúa siendo buscado como lugar de destino de estas
sustancias a pesar de que todos los países del área han
suscrito el Convenio de Basilea y algunos de ellos han
adoptado leyes complementarias.
Trafigura
no es por otra parte una debutante en estas lides. La
transnacional, que tiene un capital cercano al billón de
dólares y está presente en 36 naciones de Europa,
América y Medio y Lejano Oriente,
ha sido denunciada por prácticas ilegales en varios
países, entre ellos Ecuador, donde se la
investiga por presuntas irregularidades en el suministro
de gas licuado.
En 2007 figuró entre las tres “finalistas”, sobre una
lista de 40, de candidatas al título de “empresa más
irresponsable” otorgado por “Public eye on Davos”, una
red de organizaciones no gubernamentales que pretende
“escrutar” a los empresarios de todo pelo y color que
cada año se dan cita en el Foro Económico Mundial
organizado en la ciudad suiza de Davos.
Varias organizaciones sociales europeas, entre ellas
Greenpeace, aspiran a que el tema no quede enterrado con
el acuerdo extrajudicial alcanzado entre los abogados de
la trasnacional y los de algunas de las víctimas.
El diario The Independent observa, además, que ese pacto
sólo concierne a quienes fueron afectados en los días
siguientes al derrame. Quedan expresamente afuera, por
ejemplo, las marfileñas que semanas o meses después
sufrieron abortos espontáneos o dieron a luz niños con
malformaciones. “En nombre de ellas y para que estos
atentados a la vida, la salud y el ambiente no se sigan
produciendo este caso no debe quedar así”, dijeron
responsables de Greenpeace España.
