El costo ambiental
de un desarrollo
arcaico
La
Amazonia brasileña en el umbral de una nueva era
La Amazonia brasileña
se encuentra en una situación límite. El gobierno de
Luiz Inácio Lula da Silva debe decidir si desea liderar
la transición hacia nuevos parámetros de desarrollo
global o prefiere continuar avalando la sobreexplotación
de los activos sociales y ambientales
en beneficio de
una minoría.
Varios estudios recientes han expuesto diferentes
facetas del modelo económico arcaico y predatorio que
todavía predomina en la Amazonia brasileña. A pesar de
los esfuerzos realizados en los últimos años por el
gobierno federal, las administraciones estatales y
municipales, y la sociedad civil -lo que dio como
resultado una reducción continua de los índices de
deforestación desde 2005-, el hecho es que el 17 por
ciento del bosque tropical brasileño ya ha sido
consumido; y los mecanismos y prácticas que destruyen la
biodiversidad, perjudican los servicios ambientales,
generan conflictos sociales, empobrecen la cultura,
marginan poblaciones, agravan el calentamiento global y
comprometen la imagen de Brasil, continúan vigentes.
La
edición de junio de 2009 de la revista Science incluye
un estudio sobre el tema, firmado por investigadores del
Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia
(IMAZON), que bautiza este modelo como "boom-colapso",
en alusión al efecto "sube y baja" que caracteriza la
economía de la región: grandes ganancias financieras
para un pequeño grupo al principio, seguidos de pérdidas
y perjuicios para la sociedad en general.
Los
investigadores constataron que, en el corto plazo,
mejoran los indicadores socioeconómicos, como por
ejemplo el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Sin
embargo, los beneficios duran alrededor de una década y
media, agotándose cuando se terminan la explotación de
madera y la productividad de la ganadería. En ese
momento, entonces, los municipios pasan a presentar
índices de calidad de vida parecidos a los del período
anterior a la deforestación, con una diferencia
fundamental: perdieron la oportunidad de hacer un uso
adecuado de los activos naturales y de crear una
economía sostenible con una distribución de la renta más
ecuánime. Sumado a eso, heredan suelos degradados,
desempleo, concentración agraria, éxodo rural, miseria
urbana y, por supuesto, el fin de los bosques y de los
recursos naturales disponibles.
El
año pasado se publicaron asimismo otros importantes
trabajos realizados por Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) que describen las prácticas
deletéreas de poderosos grupos empresariales y sus
negocios globales, lo que causó un fuerte impacto en la
opinión pública.
En
octubre de 2008, la ONG Repórter Brasil redactó una
lista de las empresas establecidas en San Pablo que se
benefician con el avance predatorio de la actividad
agropecuaria y maderera ilegal sobre el bosque, además
de mantener relaciones comerciales con propietarios e
inversores rurales que explotan el trabajo esclavo. La
divulgación del trabajo, titulado "Conexiones
sustentables San Pablo-Amazonia: quién se beneficia con
la destrucción de la Amazonia", dio como resultado la
firma de tres pactos empresariales para el control de
las cadenas productivas de la madera, la ganadería y la
soja oriundas de la Amazonia.
La
organización Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña
publicó, en abril de 2008, el informe "La hora de la
cuenta - Ganadería, Amazonia y coyuntura", en el que
explica que la Amazonia se consolidó como una importante
región productora de carne debido a la instalación de
megafrigoríficos, financiados con recursos públicos
subsidiados por el Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (BNDES) de Brasil del
orden de los 6.000 millones de reales en 2008, un récord
histórico. De ese monto, casi nada se destinó al aumento
de la productividad y la recuperación de tierras
degradadas o abandonadas. El informe muestra incluso que
uno de los factores centrales para la viabilidad de la
ganadería en las principales regiones productoras de la
Amazonia es la invasión y la posesión ilegal de tierras
públicas, acompañada de deforestación irregular.
A
comienzos de este mes, Greenpeace Brasil divulgó por su
parte, después de tres años de estudios, el informe "La
farra del buey". Allí, la organización ambientalista
revela que la destrucción de la Amazonia se debe
mayoritariamente al sector ganadero, responsable de una
de cada ocho hectáreas de bosques tropicales destruidas
en el planeta. Ese trabajo analiza las fuertes
inversiones gubernamentales destinadas a ese sector, con
el objetivo de consolidar el liderazgo de Brasil en la
exportación de carne bovina y duplicar su participación
para alcanzar los dos tercios del mercado mundial de
aquí a 2018. El informe hace también una lista de varias
empresas nacionales e internacionales que se abastecen
de productos de esa cadena productiva ilegal y antiética,
y acusa al BNDES de contribuir a la devastación
ambiental, en la medida en que financia a los
frigoríficos sin exigir contrapartidas ambientales.
La
novedad que introdujo el estudio de Greenpeace fue su
sociedad con el Ministerio Público Federal para iniciar
acciones civiles públicas en el Estado de Pará contra
los frigoríficos y las redes de venta minorista citados
en el texto. La medida generó diferentes reacciones:
grandes cadenas minoristas, como Wal-Mart,
Carrefour y Pão de Açúcar, suspendieron las
compras a los frigoríficos involucrados, exigiendo a los
proveedores trazabilidad y garantías socioambientales
confiables para los productos provenientes de la
Amazonia. Las entidades ruralistas ya intentaron
descalificar el estudio e intimidar a sus autores con
procesos judiciales, en lugar de adoptar técnicas
productivas sustentables que favorezcan la ganancia de
productividad, trazabilidad y recuperación de las áreas
degradadas.
A
pesar de las evidencias recabadas en los estudios
citados y de importantes resultados alcanzados en el
ámbito del Programa de Prevención y Control de la
Deforestación en la
Amazonia, la ideología y las fuerzas que sustentan el
modelo predatorio continúan en plena forma debido,
especialmente, a la postura equivocada de algunos
sectores del gobierno federal y del Congreso Nacional.
Teniendo en cuenta las urgencias de nuestro tiempo
-sintetizadas por la confluencia del agravamiento del
calentamiento global y la situación dramática de las
poblaciones pobres en todo el planeta- la persistencia
de un patrón de desarrollo arcaico en Brasil
-país clave para iniciar el viraje necesario hacia un
modelo de base sustentable- es muy preocupante.
Desde los ministerios que definen políticas vitales para
la Amazonia llegan discursos y medidas que aumentan esa
preocupación, al converger en el desmantelamiento de la
legislación ambiental y la defensa de facilidades
económicas para sectores que especulan con tierras en la
región, y al negarse a asimilar métodos que eviten
nuevas deforestaciones. Esos sectores fueron premiados
recientemente con una regularización agraria que
distribuyó más de 60 millones de hectáreas de tierras
públicas, buena parte de ellas a personas y grupos que
las invadieron y promovieron su deforestación a gran
escala. O sea, las autoridades responsables de las
políticas de desarrollo tratan a los bosques como un
obstáculo y no como un beneficio para la nueva economía
del siglo XXI.
La voz del pueblo
Tal
postura, no obstante, está siendo confrontada por las
constantes alertas tanto de respetados formadores de
opinión como de la propia sociedad. En una investigación
realizada por el Instituto DataFolha en mayo pasado, el
96 por ciento de la población brasileña defendió la
legislación ambiental y dio un mensaje claro a los
productores rurales: pide respetar los límites
establecidos por la ley para la protección de bosques,
ríos, suelos y biodiversidad. Ya no se acepta la
justificación de la producción de alimentos a costa de
la destrucción ambiental.
Se
ha llegado así, a un umbral. El gobierno brasileño
necesita hacer una elección clara: liderar una
transición que convierta a Brasil en una
referencia mundial en la búsqueda de nuevos parámetros
de desarrollo, o seguir siendo fiador del pasado,
garantizando sobrevida a una concepción de mundo ya
superada, que se basa en otorgar privilegios y permitir
la sobreexplotación de los activos sociales y
ambientales para usufructo de algunos pocos, sin medir
las consecuencias.
La
investigación de Datafolha mostró que los brasileños
quieren empleo, renta y acceso a bienes de consumo, pero
no a cualquier precio. Quieren también seguridad
ambiental, compromiso ético y visión a largo plazo para
crear hoy las condiciones para un salto civilizatorio
indeclinable.
En
la Amazonia ese dilema se plantea de varias maneras. La
explotación ganadera y maderera irregular es sólo uno de
los aspectos. Otro, de igual importancia, es la puesta
en marcha de obras de infraestructura. El conocimiento
acumulado sobre las debilidades del bioma amazónico
recomienda cuidados especiales en ese tipo de proyectos,
comenzando por el imprescindible proceso de
licenciamiento ambiental, hecho en forma y tiempo
adecuados. Frente a eso, las maniobras para evitar o
flexibilizar los procedimientos exigidos por la
legislación con el objetivo de acelerar la aprobación de
las obras, como se intenta, por ejemplo, con la ruta BR
319, son inaceptables. La historia enseña que,
realizadas en discrepancia con las contingencias
ambientales, esas obras son inductoras de procesos
económicos y sociales que pueden redundar en verdaderas
catástrofes sociales, culturales, ecológicas y
económicas en toda el área de influencia del
emprendimiento, en vez de generar los beneficios
esperados.
Brasil
vive un momento crucial, que exige, para que sea posible
prosperar, elecciones valientes en pos de un cambio de
rumbo y de patrones. Las alternativas ya existen, tienen
fuerte base tecnológica, una concepción política e
institucional innovadora y sectores de punta dispuestos
a superar sus límites adoptándolas. Se trata de un
desafío que no es sólo de los brasileños. Se impone a
toda la comunidad global. Evidentemente, el país que
detenta un patrimonio tan significativo como la Amazonia
tiene una misión especial que cumplir.
Una
misión domesticadora, en términos del siglo XXI. Si
antes, en la historia de la humanidad, domesticar
significaba dominar, sojuzgar e imponer, hoy quiere
decir tener la capacidad de reinventar la civilización,
sumando el ambiente natural como parámetro para la
superación de los excesos y equívocos de la sociedad de
consumo, en una perspectiva anticipatoria de la sociedad
sustentable que se pretende consolidar.
Brasil
es candidato natural a ser una gran nación para navegar
el futuro y no puede continuar preso de las peores
amarras de su historia, sin utilizar plenamente lo que
ésta le ofrece como herramienta liberadora: los
excepcionales recursos naturales y la igualmente
excepcional diversidad social y cultural. A lo largo de
las últimas décadas, esta opción ya fue realizada por
crecientes contingentes sociales en los espacios
académicos, comunitarios, empresariales, de
organizaciones de la sociedad civil y en nichos de
excelencia del sector público. De esa nueva cultura han
emanado continuas demostraciones de que dar el salto
cualitativo es posible y viable. Falta la opción
decidida de aquellos que tienen mucho poder en el
proceso decisorio del país y en la implementación de
grandes políticas, es decir, los gobernantes y los
sectores empresariales de peso.
Le
Monde Diplomatique
18 de
agosto de 2009
