La presentación de
un informe técnico sobre el posible impacto ambiental de las plantas de
celulosa cosechó fuertes rechazos tanto en el gobierno como en la interna
universitaria. La discusión deja al descubierto las resistencias que
despierta el posicionamiento político y crítico de la Facultad de Ciencias
en temas considerados clave para el desarrollo nacional.
En un principio la Universidad de la República (UR) miró de
afuera. En las trincheras de la celulosa estaban las empresas, los gobiernos
y los grupos ambientalistas de ambos márgenes del río afirmando costos y
beneficios de los emprendimientos.
Cuatro meses atrás una carta firmada por 60 químicos
vinculados al Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) se
convirtió en una de las primeras manifestaciones universitarias en torno al
tema. Allí los científicos esgrimieron argumentos para afirmar que la
tecnología que emplearán tanto Botnia como Ence no son contaminantes. La UR
dejó en esa oportunidad bien claro que la opinión de los técnicos no
comprometía a la institución. Además unos meses antes otra carta, esta vez
de bioquímicos y biólogos de la Facultad de Ciencias, había afirmado
exactamente lo contrario (véase BRECHA, 10-III-06).
Pero ahora la cosa es diferente. El informe* presentado el
martes 4 en la Facultad de Ciencias fue solicitado a los investigadores en
forma unánime por el Consejo de la facultad. Y también por unanimidad el
Consejo decidió hacerlo suyo y darle difusión. Pero el respaldo
institucional que recibió suscitó una serie de cuestionamientos en la
interna de este centro de estudio sobre el purismo de la ciencia y la
pertinencia de apoyos políticos a informes técnicos que deberían valerse por
sí mismos. No está mal la opinión política si no se liga a los informes
científicos, señalan algunos universitarios. Mientras que para otros el
"exceso de purismo" responde a la dificultad que tiene la UR de
comprometerse y expresar libremente opiniones en temas trascendentes, sobre
todo si mete en un apuro al gobierno del FA.
HACIENDO SUYO
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Los iracundos
Otro
ámbito donde no cayó
bien el informe es el
del gobierno. El trabajo
presentado es categórico
en cuanto al impacto de
la forestación en la
productividad de los
suelos nacionales, y
deja sentadas sus dudas
sobre las consecuencias
que podrían generar los
efluentes de las
fábricas; entre otras
cosas porque las
empresas "aún no han
explicado en detalle el
tipo de tratamiento de
efluentes que
utilizarán" (véase
BRECHA, 30-VI-06).A la
directora de la
Dirección Nacional de
Medio Ambiente (Dinama),
Alicia Torres, el
informe no la sorprendió
y aseguró que "nosotros
tenemos las mismas dudas
que plantean ellos,
estamos estableciendo
desde ya un proceso de
monitoreo de la biota
del río, desde ya, antes
de que prendan las
plantas, para saber qué
está pasando hoy y
entonces poder analizar
cuáles son los cambios
que se introducen con
las plantas de celulosa"
(El País 1-VII-06).
Danilo
Antón, geógrafo a cargo
del Departamento de
Medio Ambiente de la
Intendencia de Río
Negro, arrasó con lo
científico y lo
político. En un
documento tildó a los
autores de "grupito de
ciencias" que hace
"militancia antiforestal"
y manifestó su
convicción de que el
informe es "una jugada
política dirigida a
presionar en los niveles
políticos nacionales y
argentinos y tal vez a
influir en las
decisiones de los jueces
del Tribunal de La
Haya". Para el geógrafo
"sería absolutamente
irrelevante si no fuera
por la presencia
mediática que obtuvo
inmediatamente en
Uruguay y su
reproducción instantánea
en los medios de
difusión, interesados y
nada imparciales, de la
República Argentina,
particularmente de los
militantes
autoproclamados
ambientalistas".
Por su
parte, el subsecretario
de Medio Ambiente, Jaime
Igorra, dijo a Últimas
Noticias que compartía
todos los conceptos
vertidos por Antón.
Igorra además consideró
que los investigadores
de Ciencias hicieron
este planteo porque
desean ser contratados
para los trabajos de
monitoreo. El último
capítulo del informe,
titulado "Aspectos
éticos", señala que "la
Dinama debe tener en
cuenta la independencia
de los evaluadores y
esto sólo se garantiza a
través de un organismo o
institución de
reconocida
independencia, como la
Universidad de la
República, que asegure
la transparencia del
proceso. Los técnicos y
científicos que
participen en el
programa de monitoreo
independiente y con
validez jurídica, deben
firmar una declaración
jurada de no tener
vinculaciones actuales y
pasadas con las
empresas". |
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Cuando las autoridades del Ministerio de Vivienda y Medio
Ambiente (MVOTMA) tomaron conocimiento por la prensa de algunos párrafos del
informe se molestaron notoriamente (veáse recuadro). El subsecretario Jaime
Igorra, consultado por el diario El País, dejó planteada su sospecha de que
el trabajo fuera encomendado hace tan sólo un mes y medio a pesar de que
"desde el año 2003 se vienen haciendo estudios", y agregó que si el trabajo
surge "en el marco del conflicto con Argentina y en el del futuro fallo de
la Corte de la Haya, es inaceptable".
La difusión en los medios -aun antes de que el trabajo fuera
presentado públicamente- como un informe contrario a los emprendimientos
motivó una reunión entre las autoridades del MVOTMA y de la facultad. Allí
concurrió la comisión encargada del informe y el consejero Eduardo Mizraji,
titular de la Cátedra de Biofísica de la Facultad de Ciencias, quien ejerce
estos días como decano interino. Según fuentes de la facultad, Mizraji no
trasmitió la postura de la institución sino que argumentó su desacuerdo con
la posición adoptada por el Consejo. La actitud fue cuestionada fuertemente
en el Consejo de la facultad y la discusión desembocó en la renuncia del
docente a su cargo de consejero. Mizraji había pedido la revisión de la
resolución de "hacer suyo" el informe, algo que fue votado negativamente.
BRECHA intentó conversar con el docente pero éste prefirió no
hacer declaraciones. Tampoco quisieron hacerlas los encargados de elaborar
el informe, hasta tanto no regrese el decano titular, Julio Fernández. De
todas formas en Ciencias no parece existir mucho acuerdo sobre el alcance
del término "hacer suyo". Para Walter Ferrer, consejero del orden docente,
significa "que el trabajo refleja la opinión seria y autorizada de un
conjunto de técnicos. No quiere decir que apoye en todo su detalle todos los
aspectos del trabajo, pero sí los aspectos generales". Para Nicolás Fervenza,
consejero estudiantil, es el aval a la rigurosidad científica, la seriedad y
la idoneidad de quienes trabajaron. Los suspicaces podrían igual cuestionar
el sentido de que el Consejo avale la calidad técnica de un grupo que él
mismo designó.
Rodolfo Gambini, físico grado 5 y director del PEDECIBA, dijo
a BRECHA no estar de acuerdo con la decisión del Consejo. "Entiendo que los
consejos son órganos de carácter político, en el caso de la Facultad de
Ciencias en muchos casos se hace política científica pero ciertamente no se
hace ciencia. Hacer suyo un informe científico implica juicios de carácter
científico. En este caso me parece que también hay una toma de posición con
respecto a las conclusiones. Si no se podría haber dicho que la facultad
deja constancia de que los profesores que participan tienen la mayor
idoneidad, así la declaración sería diferente."
También en ese sentido se pronunció Rafael Guarga. Para el
rector la emisión de posturas políticas es legítima, "ahora, que sea
acertada, oportuna, es un juicio personal que les cabe a los integrantes del
Consejo que levantaron la mano. ¿Qué le agrega a un informe técnico una
opinión de un consejo académico? Nada".
A PURA CIENCIA
¿Se equivoca el Consejo al dar un espaldarazo político a un
informe técnico? Cuando esta facultad se pronunció explícitamente a favor de
la reforma del agua nadie puso el grito en el cielo, recuerda Fervenza,
quien afirma que el disgusto de varios viene por, justamente, las
discrepancias políticas existentes en el seno del Consejo.
¿Por qué no avalar políticamente basándose en argumentos
técnicos? Si bien los directamente involucrados optaron por el silencio, la
discusión generada en la Facultad de Ciencias deja entrever discrepancias
sobre cómo posicionarse a la hora de involucrarse en uno de los temas más
escabrosos para el gobierno y la sociedad uruguaya. ¿La Universidad debe
argumentar científicamente, políticamente, o ambas cosas? Quienes discrepan
con el apoyo político dado al informe técnico señalan que lo importante es
que no se mezclen los argumentos, aunque no consideran desacertado que la
Universidad se pronuncie políticamente. Sin embargo hasta ahora los dos
pronunciamientos institucionales han sido técnicos. Atrás quedó el tiempo en
que los pronunciamientos políticos universitarios eran seguidos y esperados
con atención por su contundencia y legitimidad.
Guarga recordó a BRECHA que la Asociación de Universidades
Grupo Montevideo** redactó una carta abierta a los presidentes de Argentina
y Uruguay en la que considera que desde ese ámbito académico "es posible
llevar adelante una evaluación técnico-científica detallada de los temas
ambientales involucrados en la instalación de las plantas industriales
referidas. Esta evaluación comprendería el análisis del impacto ambiental de
acuerdo con la experiencia y el conocimiento más avanzado en el contexto
internacional así como la elaboración de recomendaciones sobre las medidas
necesarias dirigidas a precaver y reducir los perjuicios ambientales
emergentes, al grado que hoy se admite por las normativas modernas más
aceptadas y exigentes". También se constituyó un ámbito de encuentro técnico
donde especialistas de todas las universidades del grupo intercambian
material científico y técnico sobre el tema. Según Guarga, "la Universidad
no ha sido pasiva. Estamos a la espera de lo que decidan los ámbitos
responsables políticamente, pero de este problema se sale gracias al
conocimiento científico-técnico. No es un problema diplomático insuperable".
Para Gambini en este caso es más que necesaria la información
objetiva y precisa. "Si de algo sirve la ciencia es para orientar con la
mayor certeza posible. La política es la esfera de lo opinable, la ciencia
es la esfera de la máxima certeza que es capaz de conseguir el ser humano.
Si lo mezclamos hace daño, en este o en cualquier otro tema."
Para otras fuentes de la facultad no es la discusión
académica la que se puso en juego con el diferendo. Hasta que no exista un
informe académico de la misma envergadura que demuestre lo contrario "no hay
polémica académica. Lo que sí existen son diferentes posiciones políticas.
En el Consejo hay heterogeneidad, como existe en el resto de la sociedad en
su conjunto". Esas discrepancias políticas personales serían las que llevan
a no querer avalar políticamente el proyecto. La tibieza de parte de los
docentes para manifestarse políticamente, aun cuando existan datos
objetivos, sería el motivo del conflicto. La "oportunidad" a la que alude
Guarga está íntimamente relacionada, después de todo, con valoraciones
netamente políticas: la relación con Argentina, la cercanía del fallo del
Tribunal de La Haya y el enojo que puede suscitar en el gobierno un
cuestionamiento del ámbito académico nacional, aunque sea a través de un
trabajo que, técnicamente, no ha recibido objeciones.
Mariana Contreras
Convenio Brecha / Rel-UITA
11 de julio de 2006
*
Síntesis de los efectos ambientales de las plantas de celulosa y del modelo
forestal en Uruguay. A cargo de Daniel Panario, Néstor Mazzeo y Gabriela
Eguren (Maestría en Ciencias Ambientales), Claudia Rodríguez y Alice Altesor
(Departamento de Ecología), Ricardo Cayssials y Marcel Achkar (Departamento
de Geografía). Fernando Zinala, del Instituto de Química Biológica, renunció
por encontrarse en año sabático, según informaron a BRECHA.
** Grupo
que reúne a 17 universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y
Uruguay.
