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¡VETÁ TODO DILMA!

¿Por qué Dilma debe vetar todo el Código Forestal?

 

La aprobación del nuevo Código Forestal Brasileño, que tuvo lugar la semana pasada, fue una verdadera afrenta al sentido común y la racionalidad. A pesar de varias advertencias de la comunidad científica acerca de los peligros de la aprobación de la nueva ley y de que sea innecesaria en cuando a la manutención de la productividad y la competitividad de la agricultura nacional, los parlamentarios decidieron aprobarla de todos modos, a fórceps, imponiendo la voluntad de sector rural sobre el deseo de la gran mayoría de la población.

 

Hay varias razones, jurídico, técnico y políticas, que podrían respaldar una eventual decisión de la presidente Dilma Rousseff de vetar el autógrafo aprobado por los diputados.

 

En el aspecto jurídico, se puede levantar la incompatibilidad del texto aprobado en la Cámara con la inteligencia del art. 225 de la Constitución Federal, que elevó el medio ambiente a la tutela del derecho difuso, asegurando a todos el equilibrio ambiental necesario para una sana calidad de vida para las generaciones presentes y futuras. La Carta Magna brasileña le asigna la responsabilidad de la conservación del medio ambiente al gobierno y a toda la sociedad. En caso de que el nuevo Código sea sancionado, varias de las determinaciones constitucionales relativas al medio ambiente serán inviabilizadas, caracterizando por lo tanto la constitucionalidad de este nuevo ordenamiento.

	La Carta Magna brasileña le asigna la responsabilidad de la conservación del medio ambiente al gobierno y a toda la sociedad. En caso de que el nuevo código sea sancionado, varias de las determinaciones constitucionales relativas al medio ambiente serán inviabilizadas, caracterizando por lo tanto la constitucionalidad de este nuevo ordenamiento.

 

Otro aspecto de carácter jurídico se vincula a un nuevo principio del derecho ambiental que empieza a tomar forma en la doctrina, que es el “principio del no-retroceso ambiental”. De acuerdo con este principio, el legislador no podría retroceder imponiendo parámetros de calidad ambiental inferiores a aquellos ampliamente establecidos. Sería la garantía de que no perderán derechos consolidados extremamente necesarios a la colectividad, como es el caso del derecho al equilibrio ecológico necesario para el sustento de la vida con calidad.

 

En cuanto a los aspectos técnicos, se torna desnecesario enumerarlos en esta oportunidad, ya que se debatieron ampliamente en diversos foros. Ya han sido objeto de otros artículos publicados en este espacio. Sobre ellos, conviene destacar el consenso académico acerca de la impropiedad de este nuevo código.

 

Las diversas manifestaciones de investigadores vinculados a instituciones de excelencia científica en las áreas ambientales y agrícolas fueron el sustento del movimiento ambientalista en la lucha emprendida a lo largo de toda la tramitación del código y siguen siendo la base de la argumentación a favor del veto presidencial.

Es en el ámbito político donde se abre una nueva trinchera para la lucha. Hasta el momento, en el proceso que se dio hacia la adopción del nuevo código, ha prevalecido la lógica de garantía de la sustentabilidad política del gobierno en el Congreso. Si bien el actual gobierno sigue una línea desarrollista, no se percibe un intenso deseo del Poder Ejecutivo en desmontar el código existente. Por el contrario, existe una clara preocupación por preservar la imagen de un gobierno que es una continuación del anterior, aunque sin mérito, conquistó para el país la imagen de líder ambiental global. Sin embargo, no fue la voluntad del Planalto que dio la tónica en la manera en cómo se llevaron a cabo las negociaciones. Lo que más tuvo peso fueron los intereses fisiológicos de segmentos dentro del parlamento. Diputados y senadores comprometidos con el ruralismo más atrasado empezaron a condicionar la aprobación de los proyectos más importantes y estratégicos para el país para satisfacer así sus demandas, derivadas de compromisos económicos que se oponen al interés público.

 

El gobierno ha cedido

más de lo que debería

 

Fue entrando en el juego, tratando de garantizar la gobernabilidad sin ensuciarse las manos. Quería hacer una tortilla sin romper los huevos. Cuando se dio cuenta, había ya perdido el control de la situación. El acuerdo que condujo a la aprobación del código en el Senado nunca ha habido un consenso entre ambientalistas y ruralistas según informaron.

 

El Ejecutivo creyó ingenuamente que podría estar de acuerdo con el texto altamente nocivo que salió de la primera votación en la Cámara de Diputados, creyendo que tendría una mayoría en el Senado para reformarlo. La reforma lograda fue casi nula.

 

Es un gran retroceso en relación con la legislación vigente, pero no lo suficiente para complacer a los ruralistas y sus despachantes disfrazados de mandatos legislativos. Tanto fue así que la Cámara tomó la decisión de empeorar el texto del Senado, retomando algo muy cerca de lo que había sido aprobado en la primera votación, el año pasado. El gobierno no aceptó. Puso a sus diputados en una situación inusual. Manifestándose sobre en un texto muy similar al que había sido enviado para su revisión en el Senado, los diputados fieles a la base de la Presidente tuvieron que votar de forma diferente a como habían votado la primera vez.

	El acuerdo que condujo a la aprobación del código en el Senado nunca ha habido un consenso entre ambientalistas y ruralistas según informaron.

 

El PT, por ejemplo, partido de la presidente da República, votó de forma masiva contra los cambios en el texto del Senado, cuando la mitad de sus diputados había votado a favor de estos mismos dispositivos el año pasado. Fue derrotado principalmente por un partido, el PMDB, que se dice aliado y que ocupa la Vicepresidencia de la República, pero que vive con la daga en el cuello de la presidente.

 

Dilma no tiene nada que perder. También ya se sabe que no sirve ofrecer cargos a los "aliados", ceder o negociar, porque ellos siempre van a querer más. La sed de poder no tiene fin. Sí existe el riesgo de que el veto sea derrumbado por el Congreso, lo cual no sería una derrota mayor que la que ya se dio. Por lo tanto, la presidente debe demostrar su fuerza, sostenida en sus altísimas tasas de aprobación por la población, para golpear este modo insano de hacer política. Hay que romper la columna vertebral del modelo de articulación con los partidos que pone a los “negociados” como prioridad en detrimento de las necesidades de la nación.

 

Es hora de denunciar ampliamente a través de los medios de comunicación la forma sucia en que el PMDB y otros partidos políticos de menor expresión, pero igualmente atrapados en el atolladero, hacen política. Para ello debemos movilizar a la sociedad en defensa de una política ética.

La discusión sobre el Código Forestal puede ser una oportunidad para empezar a hacerles frente. El veto no puede ser parcial, debe ser total. Debe ser total, en primer lugar por la impropiedad general de las alteraciones en pauta. Además, vetar cuestiones puntuales, significa seguir alimentando la máquina del fisiologismo partidario. Esto es lo que se espera, considerando la confianza de que los votos del PT por el rechazo al código, la semana pasada, sean una señal de arrepentimiento, de quien ha permitido dejar la situación llegar tan lejos.

 

Si este no es el camino elegido por la presidente, tendremos que llegar a la conclusión de que todo solo fue una escena teatral, con el fin de pintar al gobierno con un barniz ambiental, arrojando al Congreso la responsabilidad política, a cambio de servir a los intereses comunes, no del pueblo, sino de los poderes.