La acción de empresas transnacionales como en este
caso el Ingenio San Antonio -ya tristemente famoso
por los daños causados en Chichigalpa a las miles de
personas que han muerto y se han enfermado de
Insuficiencia Renal Crónica (IRC)-, destruye la
relación entre la naturaleza y el ser humano.
Algunos sectores de la comunidad indígena de
Sitiaba, al occidente de Nicaragua, se han
organizado para defender su territorio y, sobre
todo, el acceso al agua, fuente vital para su
supervivencia.
La comunidad indígena de Sutiaba se encuentra en el
departamento de León, y abarca un territorio muy
extenso que llega hasta el Océano Pacífico. Para las
poblaciones antiguas y para sus descendientes, la
tierra representa “la madre”, y su vientre es el
origen de la vida, del entorno que permite la
existencia del ser humano. La defensa del medio
ambiente y de los recursos naturales representa para
ellos la única posibilidad de supervivencia, en un
mundo que ya no reconoce la importancia de un
equilibrio armónico entre el ser humano y la
naturaleza en su conjunto.
Pablo Centeno es el secretario del Comité “Sí
a la Vida – No a la destrucción del medio ambiente”.
SIREL conversó con él y con otros compañeros y
compañeras que luchan para defender su derecho a una
vida digna.
-¿Cómo nació el Comité y por qué?
-Nació en 2003 a raíz de la llegada de la caña de
azúcar a nuestras comunidades que forman parte del
territorio indígena de Sutiaba-León. Fue una idea
propia de las comunidades al ver los efectos de la
invasión de tierra por parte del Ingenio San
Antonio, propiedad de la Famila Pellas, una de
las más poderosas de Nicaragua y de Centroamérica,
que ese año tomó posesión de la finca San José la
Montaña donde vivían aproximadamente 250 personas.
Eran personas afectadas por el Huracán Mitch de 1998
y trasladadas a esta zona porque habían perdido
todo. El Ingenio las desalojó por la fuerza.
Llegaron los hombres de la empresa y frente a la
resistencia de las personas que no tenían adónde ir,
les lanzaron encima los tractores derrumbando sus
casas. La gente tenía miedo y cedió porque sabía que
se enfrentaba a un monstruo poderoso.
Claro que no tenían un titulo de propiedad, porque
fueron colocados allí por la necesidad, y nunca se
imaginaron que algún día los iban a desalojar de
esta manera tan brutal. En toda esa zona ahora hay
cañaverales. Al ver estas barbaridades y a tanta
gente quedándose sin un lugar donde ir, la gente de
Sutiaba se reunió en asamblea y decidió organizarse,
eligiendo a sus representantes. En aquel tiempo
existía el Comité “León por la Paz”, y fue la
primera organización que respaldó esta lucha.
-¿Cuáles son sus objetivos y sus actividades?
-Nuestro objetivo es denunciar todo lo que está
pasando, organizar a las comunidades y luchar para
que nos escuchen y paren las barbaridades que se
están cometiendo. La población reaccionó bastante
bien, aunque hay cierta parte que no entiende
todavía lo que está pasando y lo peligroso que es
para nuestro futuro.
Nos enfrentamos a un monstruo poderoso como es el
Ingenio San Antonio y sabemos que está comprando
voluntades y las conciencias de la gente que está en
el campo. A veces es difícil motivarla, y por eso
nos reunimos con las comunidades, llevamos
actividades culturales sobre las problemáticas e
intensificamos las actividades cuando vemos que hay
necesidad de aumentar la presión.
Nuestro trabajo se está difundiendo. Otras
comunidades se están sumando a nuestras iniciativas
y nos están pidiendo apoyo para que sensibilicemos a
la ciudadanía sobre los peligros que conlleva la
extensión indiscriminada del cultivo de caña. Hemos
tratado también de mantener relaciones con los
trabajadores del Ingenio, para darles a conocer los
peligros que acompañan el mal manejo del cultivo de
la caña que hace la empresa.
-¿Cómo está conformado el Comité?
-Hay una Junta Directiva y cada miembro tiene un
cargo específico. Todos trabajamos de forma
voluntaria.
Gran parte de las comunidades se dieron cuenta de
que era necesario organizarse, porque la presencia
de la caña no sólo estaba afectando al medio
ambiente, sino también a la vida humana. Organizarse
fue la manera para contrarrestar a ese mal. Estamos
hablando de varias comunidades de Sutiaba: Abangasca
Central, Norte y Sur, Goyena, Troilo, Poneloya y
muchas más.
-¿Cuáles son los efectos dañinos de la caña?
-Para plantar la caña, el Ingenio está arrasando con
toda la naturaleza. Están arrancando bosques para
cultivar, y sobre todo siguen aplicando grandes
cantidades de pesticidas con avionetas, y todos
estos productos llegan a nuestras comunidades ya que
vivimos muy cerca de los cañaverales.
Muchas veces las comunidades están rodeadas por los
cañaverales, porque el Ingenio San Antonio
compró terrenos que pertenecían a terratenientes
locales que eran parte de las mismas comunidades.
Algunas de nuestras casas están apenas a dos metros
de los cañaverales y ahí la contaminación es total.
En la zona de Goyena Norte se infligió un enorme
daño a la producción de hortalizas,
una de las actividades locales más importantes.
Allí, la fumigación aérea de plaguicidas provocó la
pérdida de toda la cosecha y la quiebra de 15
productores. Después del daño, los agricultores
denunciaron el hecho al Ministerio de Agricultura
(Magfor), que emitió una resolución en contra del
Ingenio San Antonio, pero han pasado tres años y
todavía no han pagado.
Pero el problema principal es el agua. Con la
avanzada de la frontera agrícola de la caña, el
Ingenio San Antonio comenzó a perforar nuevos
pozos para el riego de los cañaverales y para el
proceso industrial del azúcar y del ron. Al bombear
grandes cantidades de agua, los pozos de las
comunidades se estaban secando. Era suficiente un
invierno un poco menos lluvioso que lo normal para
crear graves problemas en el abastecimiento de agua
a las familias de las zonas.
El Ingenio comenzó a perforar doce nuevos pozos y
esto nos preocupó mucho porque además del consumo
humano, la gente vive sobre todo de la agricultura y
la ganadería, para las cuales el agua es esencial.
En estas zonas tenemos un manto freático muy
extenso, pero el problema es “el abatimiento”.
-¿Qué quiere decir eso?
-Los pozos del Ingenio están a 200 pies de
profundidad, pero la bomba no la ponen a esta
profundidad porque gastarían mucho más para sacar el
agua, así que la dejan donde llega la primera capa
impermeable y de esa manera, extraen toda el agua
superficial. Provocan una succión de toda el agua
que se encuentra a 600 metros alrededor del pozo y
con un potencial de extracción de hasta 3.800 litros
por minuto. Los pozos están a 100 metros de
distancia entre ellos, los caseríos están a pocos
metros de esos pozos y el resultado es que se quedan
sin agua.
Un estudio hecho por un hidrólogo italiano nos
brindó las informaciones sobre este abatimiento, y
ahora cada mes medimos el nivel del agua en los
pozos de las comunidades. Se ha confirmado que
cuanto más cerca están de los pozos del Ingenio
menos agua tienen.
Cada vez el manto subterráneo se aleja más de la
superficie. El Ingenio podría utilizar métodos muy
sencillos para devolver el agua al manto durante el
invierno, pero no le importa, se aprovecha de que no
existe ninguna disposición legal sobre el uso del
agua. Abrió 15 nuevos pozos sin pedir permiso a la
Alcaldía.
Comenzamos a denunciar lo que estaba pasando al
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
(Marena), al Ministerio de Agricultura (Magfor), a
Inafor, a la Procuraduría del Medio Ambiente, a la
Alcaldía y también a nivel internacional, pero por
el momento hemos logrado muy poco. Finalmente, el
Marena emitió una resolución, pero hasta el momento
el Ingenio San Antonio no la ha cumplido.
Investigación legal
Jacqueline Torres y José Chavarría Ruiz
son dos jóvenes recién egresados de la
Facultad de Derecho. Junto a otros compañeros y
compañeras de estudio se han sumado al esfuerzo del
Comité “Sí a la Vida – No a la destrucción del medio
ambiente” para darle seguimiento a la resolución
emitida por el Marena en contra del Ingenio.
-¿Qué reveló la tarea que realizaron?
-En
Nicaragua existe la Ley 217 -Ley General de Medio
Ambiente y Recursos Naturales- y una serie de
cuerpos normativos que rigen lo relativo al medio
ambiente.
En la Constitución del 1987 se reguló la protección
al medio ambiente y en
1996 se creó el Marena, que es el encargado de la
protección, conservación y restauración de los
recursos naturales.
El caso específico tiene que ver con la denuncia
presentada por la comunidad y que se puede resumir
en tres puntos.
El primero es la extracción del agua con una
tecnología avanzada, que puede bombear hasta 3.800
litros por minuto y que deja sin agua a las
poblaciones cercanas que la extraen manualmente. El
segundo es la quema de los cañaverales antes de la
cosecha. Esta práctica está perjudicando a la
población, ya que la ceniza cae en las viviendas, en
la comida, en los pozos y el humo afecta las vías
respiratorias. El tercer punto es la contaminación
del manto acuífero.
Fueron a buscar ayuda ante el Procurador del
Ambiente, encargado de velar sobre el medio ambiente
en León-Chinandega, y a una asesora legal. Se abrió
un juicio administrativo con todos los documentos y
testimonios necesarios. El Ingenio rechazó las
acusaciones, planteando que todas sus obras estaban
sustentadas por estudios previos como dicta la ley
(estudio de exploración para explotar el recurso).
El problema que se presentó es la falta de una Ley
de Agua que yace todavía en la Asamblea Nacional.
Por el momento, lo que se le cobra al usuario es el
uso de la estructura para llevar el agua hasta las
casas o sea el alcantarillado y acueductos, pero no
se habla de cómo se debe explotar el recurso. Se
apeló al hecho de que el artículo 75 de la Ley 217
dice que todos tenemos derecho a utilizar y tener
acceso al agua, pero que no se debe de explotar de
una forma que pueda perjudicar a un grupo de
personas que necesitan el mismo recurso. Por eso hay
que hacer una exploración previa.
-¿Qué dictaminó el Marena?
-Condenó al Ingenio a tomar una serie de medidas
reparatorias, como enviar planes de siembra y
aplicación de agroquímicos en la siembra, realizar
análisis físico-químicos en los ríos y quebradas en
la propiedad, un drenaje para las aguas que salen de
las obras del cultivo de la caña, la construcción de
un plan de reforestación que prevea una cortina
rompeviento para no afectar a los caseríos durante
la quema, fumigación sólo por vía terrestre y a 50
metros de la población.
Lastimosamente, el Marena no incluyó el tema de la
extracción de agua, el aspecto más importante para
la población, y aplicó una multa de 10 mil córdobas
(unos 580 dólares) que es muy poco, pero que dejó
sentado que el Ingenio San Antonio está
incumpliendo y es un precedente muy importante.
En los próximos meses entrará en vigencia la Ley de
Delitos Ambientales y será un instrumento para
demostrar que se está cometiendo un delito.
-¿Cuál fue la reacción del Ingenio San Antonio?
-El Ingenio cumplió con sólo el 40% de lo resuelto
por el Marena.
No aplicó el drenaje. Sembró eucaliptos para
realizar la cortina rompeviento y las cosas
empeoraron, ya que estos árboles extraen mucha agua
superficial y secan aún más los pozos de los
campesinos.
Respecto a los análisis del agua se realizaron en
doce puntos. No se pudo realizar un análisis para
detectar la presencia de plaguicidas -que es lo que
actualmente estamos exigiendo-, sino sólo
físico-químico, y reveló un nivel elevado de
contaminación. Pero el Ingenio argumentó que el agua
ya estaba contaminada desde ante de su llegada.
Suspendieron las fumigaciones aéreas en las zonas
muy pobladas, pero siguen con ellas en los
cañaverales más antiguos y con menos gente, porque
saben que están acostumbrados y que nunca se van a
quejar. Muchas veces están rociando agrotóxicos con
mochila y con gotitas finas, y en temporada de
vientos estas gotas van a parar de todos modos a los
caseríos.
La posición del Ingenio sigue siendo que esa tierra
ya está contaminada y que no importa si se contamina
un poco más; mientras que nuestra posición es que
contaminando más se va a empeorar la situación.
Un vaciamiento
planificado
Pablo Centeno retoma la palabra para explicar
cuáles son las otras consecuencias que sufre la
población a causa de las políticas del Ingenio
San Antonio.
-¿Cómo está afectando a la población esa situación?
-Un problema que está surgiendo es que ningún banco
o financiera quiere dar crédito a los campesinos que
viven en los alrededores de los cañaverales, y esto
provoca que se vuelvan mucho más pobres. Así se ven
obligados a vender la tierra, y siempre es el
Ingenio el que la compra. Es una táctica para
apoderarse de la tierra y hacer desaparecer el
caserío. De esta manera ya han vaciado por lo menos
10 caseríos, tierra que se ocupa inmediatamente con
nueva siembra de caña.
Lo más alarmante es que no sólo ha desaparecido la
tierra, sino la vida de la gente que se ha enfermado
de Insuficiencia Renal Crónica (IRC).
La IRC se ha extendido en todos los municipios de
Occidente y se está transformando en una epidemia.
Según el Ministerio de Salud (Minsa), la mortalidad
por IRC en Occidente es cuatro veces superior a la
que se registra en el resto del país.
A las viudas
cuyos maridos murieron por IRC –todos ex
trabajadores en los cañaverales- el Ingenio les da
una indemnización miserable.
Los padecen la muerte del padre y la miseria de la
madre, que no sabe cómo darles de comer. Es una
situación muy dura; incluso a veces las viudas se
van y abandonan a los niños.
No estamos pretendiendo lo imposible, sino apenas la
dignidad de comer nuestros frijoles con la sonrisa
en la cara, sin enfermedades, sin maltrato o dolor
porque el pozo se te secó. No queremos las
provisiones que el Ingenio viene a distribuir entre
la gente, porque es limosna. Lo que queremos es
respeto, trabajo, dignidad.
Es urgente hacer una consultoría social en la misma
empresa, porque el cultivo de la caña no es malo en
sí; nosotros no estamos en contra del progreso, de
la producción y del desarrollo, pero aquí lo dañino
son las malas prácticas en el cultivo del Ingenio
San Antonio. Nosotros hemos hecho muchas
propuestas, pero el Ingenio no quiere escucharnos.
-¿Tuvieron respaldo por parte de las instituciones?
-Esto es otro gran problema, la falta de voluntad
política de las autoridades nacionales y locales
para cumplir con las leyes que están para defender
al medio ambiente. Estamos hablando de 14 municipios
afectados por la caña y del Occidente de Nicaragua,
que se ha vuelto una zona de desechos humanos. La
misma Alcaldía nunca dictaminó una prohibición para
el cultivo de la caña en las zonas próximas a León.
También nos preocupa que la Asamblea Nacional y el
gobierno hayan firmado y aprobado un Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos (TLC/CAFTA) que va
a abrir las puertas a otras transnacionales. Nuestro
país no está preparado para un intercambio comercial
con Estados Unidos y sus transnacionales.
Si una transnacional nicaragüense como el Grupo
Pellas/Ingenio San Antonio ha hecho ese
desastre en todo Occidente, ¿qué podemos esperar de
las transnacionales extranjeras? Nos vamos a
convertir en el primer desierto de Centroamérica,
porque crece cada vez más el cultivo de la caña y no
se habla nunca de medidas de control.
La
tierra, el río, y también el mar
Un ejemplo muy claro y dramático es lo que se vive
en la zona de Poneloya, en la costa del Océano
Pacífico. Juan Carlos Chévez es el presidente
de una cooperativa de pescadores artesanales y
miembro del Comité “Sí a la Vida – No a la
destrucción del Medio Ambiente”.
-Tenemos serios problemas con el Ingenio y con su
camaronera que vende larvas de camarones de
laboratorio. Al comienzo el Ingenio intentó instalar
la camaronera cerca de los cañaverales, pero no le
resultó porque la gran contaminación del lugar
mataba a las larvas de camarones. Así que se
trasladó en una zona de mangles, donde dejó una gran
área sin sembrar caña e instaló unas piletas para
criar camarones. Taló más de 2 mil hectáreas de
mangles, donde se reproducían las conchas, punches
(cangrejos) y otras especies marinas.
Nuestra población vive de eso, y ahora se encuentra
en una situación muy difícil porque han destruido la
zona y ya no tienen acceso a estos lugares. Cerraron
los caminos y las caletas para que la gente y
nuestros botes no pudieran entrar, pusieron rótulos
de “Propiedad Privada” y conectaron la electricidad
a los alambrados, arriesgando la vida de la
población. También pusieron cuidadores armados que
comenzaron a chantajear a los campesinos, dejándolos
entrar a sacar conchas y a pescar a cambio de una
parte de lo que obtengan.
Hubo momentos en que nos dispararon, y hasta los
filmamos para que quedara como prueba.
-¿A qué otros problemas se están enfrentando?
-Otro gran foco de contaminación son los desechos
que salen del proceso de producción del Ingenio. Del
proceso del ron sale la “vinaza”, mientras
que del azúcar sale lo que se llama la “cachaza”.
Ellos dicen que todo lo que sale del ron pasa por un
biodigestor y es procesado. Después pasa por las
tuberías de desagüe y por un tratamiento que le
hacen a las aguas.
La cachaza la ocupan para regar los
cañaverales y la que sobra va para el río. Todo
huele a fermento y sigue hacia el mar. El lugar
donde desembocan todos estos desechos es inmundo y
hay una gran mortalidad de peces.
Debido a esta situación, decidimos organizarnos y se
llamó a la población a una asamblea donde se eligió
una Junta Directiva. Introdujimos varias denuncias
al Ministerio de Agricultura (Magfor), al Ministerio
de Gobernación, a la Procuraduría del Medio
Ambiente, a la Alcaldía, a la Policía y a las
organizaciones de Derechos Humanos para que
intervinieran, pero hasta la fecha no hemos tenido
respuestas.
Como Comité tratamos de sensibilizar a la población.
Contactamos a un colegio de Poneloya y a las
universidades para que los estudiantes se
involucraran en la preservación de los recursos
naturales, y en ellos encontramos una buena
disposición. Pero estamos enfrentando a un monstruo
que está acostumbrado a corromper a los líderes
ofreciéndoles prebendas, comprando conciencias.
Nosotros no estamos en venta.
En
Nicaragua, Giorgio Trucchi
© Rel-Uita
5 de
mayo
de
2006 |
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