Según datos proporcionados por la organización no gubernamental Guyrá Paraguay (Aves del Paraguay), de los 8 millones de hectáreas que existían en la zona denominada Bosque Atlántico del Alto Paraná, sólo perduran 1.300.000 hectáreas, lo que implica una enorme pérdida de fauna y flora autóctonas.

Pero a pesar de esta preocupante situación, aquellos que detentan el poder en el país son quienes más incurren en negocios ilegales con el fin de lucrar a expensas del deterioro del ecosistema, como fue el reciente caso del diputado colorado Julio Colmán, quien fue desaforado para ser sometido a la justicia por tráfico ilegal de rollos y desacato a la autoridad judicial. 

La creciente deforestación que sufre el Paraguay poco parece importar a ciertos sectores oficialistas. Quienes deberían velar por la defensa y la conservación del medio ambiente como si se tratara de una misión patriótica, son quienes más frecuentemente incurren en los delitos de deforestación y extracción ilegal de rollos de especies forestales nativas, arropados por la protección que el poder y la impunidad les otorga al formar parte del Partido Colorado, en el gobierno desde hace 58 años. 

Sin embargo, en un fallo considerado sin precedentes, el diputado colorado Julio Colmán perdió sus fueros para ser sometido a la justicia por haber liberado una carga ilegal de rollos de madera, que la fiscal ambiental María Bernarda Álvarez había ordenado decomisar durante una intervención en el Departamento de Canindeyú, en la zona de Curuguaty, de donde es originario el desaforado parlamentario.

Para tener una idea de la gravedad del delito cometido por Colmán, la deforestación provocó entre 2002 y 2004 la pérdida de 130 mil hectáreas anuales de bosques, un dato que debería ser manejado por un parlamentario de cualquier país. Pero parece que para Colmán las estadísticas no cuentan cuando se trata de enriquecerse ilícitamente.

Desde 1989 la destrucción masiva de bosques se aceleró a pasos agigantados, hasta llegar al triste récord de la tala de 300 mil hectáreas de árboles en un solo año. Pero para el ahora ex diputado, esto tampoco pareció muy importante y siguió aportando su granito de arena en el proceso de deforestación masiva de la mermada floresta nativa.

Durante 1981 y 1990 los organismos internacionales ubicaban a Paraguay en los primeros lugares del ranking de los países donde más bosques se talaron en América Latina, llegando a una devastación del 2,4% anual, sólo superado por Jamaica, República Dominicana y Costa Rica, según los datos proporcionados por la organización no gubernamental Guyrá Paraguay.

Técnicos ambientalistas de esta misma institución sostienen que la actual situación del país es crítica, pues cuenta con los índices más elevados de deforestación a escala mundial, cuya recuperación requerirá fuertes inversiones que el gobierno no tiene voluntad de asumir, por lo menos por ahora. Al respecto, el biólogo Alberto Yanosky señaló que los propietarios de tierras con bosques son los grandes responsables de la deforestación que afecta al país, porque el 90% de los recursos forestales que se hallaban en manos privadas han desaparecido y sólo subsisten aquellos bosques que forman parte de los parques nacionales o de las áreas de reserva forestal.

Pero estos graves problemas ambientales tampoco fueron obstáculos para el diputado Julio Colmán, quien sin un atisbo de cargo de conciencia seguía contribuyendo hasta hace sólo algunos meses con la depredación de los pocos bosques que persisten en el país, para dedicarse a la comercialización ilegal de especies nativas en peligro de extinción.

Escándalo y desafuero

El pedido de desafuero e imputación a Colmán fue presentado en enero pasado ante la Cámara de Diputados por el fiscal Rafael Ojeda, apenas unos días después de que el parlamentario protagonizara un escándalo durante la intervención de la fiscal ambiental María Bernarda Álvarez, quien durante un procedimiento realizado a pocos kilómetros de la ciudad de Curuguaty, de donde es originario el diputado, ordenó la incautación de un cargamento de madera que presumiblemente pertenecía a Colmán.

Este trató de evitar con agravios e insultos de todo tipo que Álvarez se incautara del gran cargamento de rollos, amenazándola con destituirle del cargo y calificándola de "plaga", "fiscalucha", "mujerzuela" y "loca". También la acusó de querer “transar” (en ese término) con el diputado Agustín Perdomo, del Partido Liberal Radical Auténtico, quien se encontraba también recorriendo la zona junto a la Comisión Permanente del Congreso.  

El hecho probablemente hubiera pasado desapercibido si unos periodistas que se encontraban con la fiscal Álvarez no hubieran denunciado el atropello del diputado Colmán en sus respectivos medios de comunicación. Las grabaciones captadas por los hombres de prensa en el lugar de los hechos que reproducen los improperios lanzados por el ex diputado contra Álvarez, resonaron una y otra vez en los medios de prensa de todo el país.

La coordinadora “Ciudadanos contra la Impunidad”, conformada por 99 organizaciones no gubernamentales de todo el país, cumplió un papel protagónico en la lucha por lograr el desafuero de Colmán. Fue esta coordinadora que en un par de meses reunió 20 mil firmas de ciudadanas y ciudadanos para que el caso fuese llevado a una Audiencia Pública, durante la cual las organizaciones sociales exigieron el desafuero del diputado colorado. Para atraer a los firmantes y concientizarlos sobre los graves delitos ambientales cometidos por el parlamentario, incluyendo el desacato a la autoridad pública, los miembros de “Ciudadanos contra la Impunidad” realizaron una serie de actividades callejeras que incluyó obras de teatro, captación de firmas y manifestaciones contra el diputado “rollero”.

Estas actividades podrían ser apenas un hecho anecdótico más, pero cuando se trata de la sociedad paraguaya, caracterizada por la apatía y la falta de compromiso social con una causa en particular, el logro alcanzado resulta más que destacable.

Siendo Colmán diputado por el Partido Colorado, pensar en su desafuero parecía casi una utopía, pues como ya había pasado en otras ocasiones con pedidos similares que afectaban a parlamentarios oficialistas, probablemente el pedido caería en saco roto. Pero esta vez no fue así por una simple razón: el presidente Nicanor Duarte Frutos tuvo mucho que ver con el desafuero. Él, personalmente, solicitó a Colmán que pusiera a disposición sus fueros parlamentarios, acorralado por la presión ciudadana que puso al mandatario entre la espada y la pared.

A pesar de la interferencia del Presidente de la República, cuyo pedido pesó en el voto de la bancada colorada de la Cámara de Diputados para desaforar a Colmán, uno de los coordinadores de “Ciudadanos contra la Impunidad”, Carlos Barreiro, manifestó que se sienten satisfechos con el resultado porque Duarte Frutos se vio obligado a ceder ante la presión ciudadanía.

Insultos y agravios

La conducta de Colmán fue calificada de impropia, maleducada y fuera de lugar por la ciudadanía, no sólo por que éste insultó y maltrató a la fiscal Álvarez cuando ésta detuvo el cargamento de rollos, calificándola de “prostituta” y “borracha”, sino también porque la  deshonesta actuación del legislador afectó directamente la lucha por la conservación del medio ambiente, impulsada por diversos grupos ambientalistas e, incluso, por el sector gubernamental.

El fiscal Rafael Ojeda, quien imputó a Colmán, señaló que la conducta del ahora ex diputado se enmarca en cuatro tipos de delitos: “Frustración a la persecución penal, resistencia, coacción grave y usurpación de funciones públicas”.

Ojeda también imputó a tres policías que desobedecieron las órdenes de Álvarez en el momento de la intervención, por temor a una reacción adversa de Colmán, quien usualmente actúa como si fuera el “amo y señor”, el caudillo máximo y la autoridad absoluta en Curuguaty. 

Sin embargo, no todo salió a pedir de boca para los miembros de la coordinadora ciudadana, pues los correligionarios de Colmán votaron en masa, haciendo gala de la “aplanadora colorada” que logró que el parlamentario no fuera sometido al Código de Ética de la Cámara de Diputados y siguiera cobrando la dieta que percibía como si aún ejerciera sus funciones.

En busca de justicia

Para Carlos Bareiro, de “Ciudadanos contra la Impunidad”, la lucha no termina aquí: Silvio Flores, el Juez de Garantías de Curuguaty, el pequeño poblado donde reside Colmán, resolvió otorgar la libertad ambulatoria al legislador en vez de la reclusión domiciliaria solicitada por el fiscal de Ciudad del Este, Rafael Ojeda. Este magistrado dispuso también prohibir a Colmán la salida del país, comunicarse con la fiscal del Ambiente, María Bernarda Álvarez, le fijó una fianza y le impuso la comparecencia obligatoria ante el juzgado cada 30 días, hasta agosto, cuando será nuevamente llamado a declarar.

Barreiro es consciente de que el acuerdo entre Duarte Frutos y Colmán podría haber consistido en que éste entregara sus fueros a cambio de impunidad durante el proceso judicial. Esta sospecha parece ir cumpliéndose, más aún si se tiene en cuenta que el diputado se negó a comparecer ante el Juzgado y recibió el beneficio de la libertad ambulatoria de parte del juez de Curuguaty, donde todas las autoridades públicas le rinden pleitesía, y el juez Flores no podía ser menos.

El activista social expresó que para la coordinadora ciudadana la lucha no acaba con el desafuero de Colmán. Afirmó que seguirán insistiendo hasta lograr que el diputado sea juzgado y pague por el delito ambiental que cometió y por el desacato a la autoridad del Ministerio Público, faltas que podrían llevarlo a la cárcel por varios años. Pero la lucha que se avecina se presenta dura y difícil para las organizaciones que conforman la coordinadora “Ciudadanos contra la Impunidad”, por el gran poder que aún detenta el Partido Colorado en todos los ámbitos de la sociedad paraguaya y, en especial, en el judicial, en donde tres de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia ocupan el cargo gracias al apoyo del oficialismo. Ante esto, aún está por verse si Julio Colmán recibe el ejemplar castigo que se merece por los delitos que cometió o, como es tradicional en Paraguay, esto se resuelva nuevamente “entre amigos” y todo quede en el “opareí” (palabra en guaraní que expresa que todo termine en la nada, sin condena alguna).

Rosalía Ciciolli

© Rel-UITA

 2 de mayo de 2005