Dos instituciones que luchan por la  protección de los recursos naturales depositaron  querella

ante el tribunal contra el secretario y subsecretario de Medio Ambiente, Frank Moya Pons y René Ledesma respectivamente, a quienes acusan de autorizar el depósito de los desechos peligrosos en la bahía de Samaná y en Manzanillo.

El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y el grupo Mundo Ecológico pidieron a la Suprema Corte que independientemente de las sanciones penales de que sean objeto los acusados se condene a la compañía Transdominicana de Desarrollo y Multigestiones Valenza al pago de una indemnización de 500 millones de pesos dominicanos como reparación por los daños ambientales y humanos causados en Manzanillo y Samaná. Esas sumas serían destinadas a las comunidades afectadas.

Además, solicitaron el traslado inmediato de los desechos hacia su lugar de origen y que los costos de esa operación corran por cuenta de las empresas depositantes.

Mientras la secretaria de Medio Ambiente afirma que los depósitos no son tóxicos, el Instituto de Química de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y senadores de la República tienen una opinión opuesta.

El senador por Samaná Ramiro Espino, quien fue el primero en denunciar el caso, estima que existen demasiados intereses económicos particulares en relación al asunto. Ello explica, agregó, que quienes deben velar por la protección del medio ambiente desde el aparato del Estado defiendan a la empresa que trajo los desechos.

Funcionarios de esa cartera, sostuvo el legislador, elaboraron “un mamotreto” en el que difunden supuestos análisis realizados en el exterior según los cuales el "rockash" (como se denomina al material depositado) no es tóxico ni contaminante. Esos tests desconocen de hecho los resultados a los que llegaron los laboratorios de la Universidad Autónoma y del Instituto Dominicano de Tecnología Indotec, comentó.

El coordinador de investigación del instituto de química de la UASD, Conrado Depratt, para quien está probado que el "rockash" es tóxico, solicitó al procurador para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales que presente los informes técnicos de los laboratorios del exterior para comparar resultados.

Depratt advirtió que el material radiactivo debe ser sacado del país antes de que inicie la temporada ciclónica, para evitar que sea esparcido por las lluvias y el viento propios de ese período.

Recordó que el convenio de Basilea para el control del movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos establece que ningún país puede enviar ni recibir desechos tóxicos que no hayan sido tratados en el país de origen.

Ese convenio considera tóxicas a las cenizas volantes producidas por las centrales termoeléctricas, por lo cual República Dominicana lo habría violado al importar cenizas.

El ingeniero químico Ramón Pereyra, quien participó en investigaciones científicas realizadas con el fin de brindar un informe sobre este caso al Senado, advirtió: “Quizás en diez años comience una epidemia, por ejemplo de cáncer. Aquí pensamos en lo inmediato pero no en lo que podría pasar en el futuro”.

El sábado 8 de mayo todas las iglesias, las organizaciones y el pueblo de Samaná realizarán una gran manifestación en reclamo de que el "rockash" sea devuelto a Puerto Rico.