Estados Unidos

Un ejemplo de ciudadanía

 

Hanford (California). "¿Hace dos años que están planeando instalar una fábrica tóxica en mi vecindario y yo recién me entero?", exclamó indignada una vecina de Hanford, ciudad de aproximadamente 40.000 almas y ubicada a unos 70 kilómetros al sur de Fresno. Ésta y otras expresiones similares se escucharon el lunes 15 de noviembre durante una reunión comunitaria a la que asistieron unas 60 personas entre vecinos, representantes oficiales, empresarios y ambientalistas.

 

Durante meses, la agrupación Residentes Unidos por la Salud del Condado de Kings presionó a la empresa Plastic Energy para que explicara las consecuencias ambientales y para la salud de los residentes de la zona por la instalación de una planta generadora de combustible que utilizaría plástico como materia prima. Lo que podría haber sido un simple trámite burocrático se transformó en una lucha por clarificar las consecuencias para la salud de los residentes del Valle Central de California, reconocido por sus peligrosos niveles de contaminación del aire y escasas regulaciones para el sector agrícola.

 

Según Plastic Energy, el proceso en cuestión consiste en "regresar a sus fuentes" al plástico, transformándolo en combustible. Para esto, se utilizaría el proceso conocido como de descomposición térmica catalítica (catalytic cracking). La empresa asegura que es un proceso seguro sin emisiones tóxicas y se basa en dos fábricas existentes en Polonia y Corea del Sur. Sin embargo, la empresa no pudo entregar datos que confirmen estas declaraciones.

 

Curiosamente, la agencia del Distrito de Control del Aire de San Joaquín, con sede en Fresno, había otorgado el permiso respectivo, y la Agencia de Planeación del Condado de King –con sede en Hanford– le otorgó un espacio para la construcción de la fábrica. Todo habría salido de acuerdo a lo planeado, pero alguien metió las narices y el plan pasó a ser de dominio público.

 

"El problema es que no hay datos que sustenten que esta planta no sea tóxica", dijo Bradley Angel, activista de Greenaction, organización con sede en San Francisco y cuya participación fue crucial para el cuestionamiento de dicha construcción. "La empresa no presentó datos ni el diseño, luego dice que aquí construiría una fábrica con base a un nuevo diseño, del cual todavía no hemos visto nada." Según Angel, las declaraciones de la empresa, en el sentido de que no produciría emisiones tóxicas, son difíciles de sustentar. Además, comentó que activistas europeos le informaron que la planta de Polonia produce emisiones tóxicas; ante esta realidad, la empresa afirma que usará un nuevo diseño para su planta en Hanford.

 

"Cuando se trata de una materia como el plástico, se generan gases y residuos altamente tóxicos durante el proceso", dijo a la audiencia Jane Williams, especialista en el asunto y residente de Los Ángeles. Agregó también que el plástico tiene altos componentes de cloro y metales que podrían producir dioxina, reconocido por ser cancerígeno. "Aún cuando las emisiones fueran mínimas, la calidad del aire en el valle es tan mala que instalar este tipo de fábricas debería estar completamente prohibido".

 

El representante del Distrito de Control del Aire de San Joaquín, Rick McVaigh, declaró que efectivamente se había otorgado un permiso sin tener datos sobre el control de emisiones, pero que éste había sido revocado debido a las presiones de la ciudadanía; sin embargo, aclaró que el permiso original no constituía la aprobación final, pues ésta exige otra revisión previa del proyecto.

 

La empresa afirma que el proceso es seguro. "Se trata de derretir plástico para convertirlo en combustible –dijo George Larson, representante de Plastic Energy, a una audiencia desconfiada–. Si residuos tóxicos como el cloro pasan al combustible, no podríamos venderlo, por eso utilizaremos sistemas de filtrado especiales". Larson añadió que esta planta industrial ayudaría a eliminar gran porcentaje del plástico que hoy yace en los basureros tóxicos del valle.

 

Lo más significativo fue cuando el empresario reconoció que no se habían seguido los pasos necesarios para informar a la comunidad. "Ahora perdimos el permiso y tendremos que empezar de cero, y cuando esto ocurra, vendremos aquí a informarles y presentar los datos que piden."

 

"Las agencias oficiales reciben dinero de nuestros impuestos y me molesta que se use este dinero para aprobar proyectos que comprometen nuestra salud", dijo visiblemente alterada Deborah Weaver. Al finalizar la reunión, la indignación colectiva dio paso a la satisfacción por haber logrado un gran triunfo, ya que tanto la empresa como las agencias oficiales involucradas deberán presentar pruebas ante una comunidad vigilante.

 

 

Eduardo Stanley

23 de noviembre de 2004

 

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