Estados Unidos
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Un
ejemplo de ciudadanía |
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Hanford
(California).
"¿Hace dos años que están planeando instalar una
fábrica tóxica en mi vecindario y yo recién me
entero?", exclamó indignada una vecina de Hanford,
ciudad de aproximadamente 40.000 almas y ubicada a
unos 70 kilómetros al sur de Fresno. Ésta y otras
expresiones similares se escucharon el lunes 15 de
noviembre durante una reunión comunitaria a la que
asistieron unas 60 personas entre vecinos,
representantes oficiales, empresarios y
ambientalistas. |
Durante meses, la agrupación Residentes Unidos por la Salud
del Condado de Kings presionó a la empresa Plastic Energy
para que explicara las consecuencias ambientales y para la
salud de los residentes de la zona por la instalación de una
planta generadora de combustible que utilizaría plástico
como materia prima. Lo que podría haber sido un simple
trámite burocrático se transformó en una lucha por
clarificar las consecuencias para la salud de los residentes
del Valle Central de California, reconocido por sus
peligrosos niveles de contaminación del aire y escasas
regulaciones para el sector agrícola.
Según Plastic Energy, el proceso en cuestión consiste en
"regresar a sus fuentes" al plástico, transformándolo en
combustible. Para esto, se utilizaría el proceso conocido
como de descomposición térmica catalítica (catalytic
cracking). La empresa asegura que es un proceso seguro
sin emisiones tóxicas y se basa en dos fábricas existentes
en Polonia y Corea del Sur. Sin embargo, la empresa no pudo
entregar datos que confirmen estas declaraciones.
Curiosamente, la agencia del Distrito de Control del Aire de
San Joaquín, con sede en Fresno, había otorgado el permiso
respectivo, y la Agencia de Planeación del Condado de King
–con sede en Hanford– le otorgó un espacio para la
construcción de la fábrica. Todo habría salido de acuerdo a
lo planeado, pero alguien metió las narices y el plan pasó a
ser de dominio público.
"El problema es que no hay datos que sustenten que esta
planta no sea tóxica", dijo Bradley Angel, activista de
Greenaction, organización con sede en San Francisco y cuya
participación fue crucial para el cuestionamiento de dicha
construcción. "La empresa no presentó datos ni el diseño,
luego dice que aquí construiría una fábrica con base a un
nuevo diseño, del cual todavía no hemos visto nada." Según
Angel, las declaraciones de la empresa, en el sentido de que
no produciría emisiones tóxicas, son difíciles de sustentar.
Además, comentó que activistas europeos le informaron que la
planta de Polonia produce emisiones tóxicas; ante esta
realidad, la empresa afirma que usará un nuevo diseño para
su planta en Hanford.
"Cuando se trata de una materia como el plástico, se generan
gases y residuos altamente tóxicos durante el proceso", dijo
a la audiencia Jane Williams, especialista en el asunto y
residente de Los Ángeles. Agregó también que el plástico
tiene altos componentes de cloro y metales que podrían
producir dioxina, reconocido por ser cancerígeno. "Aún
cuando las emisiones fueran mínimas, la calidad del aire en
el valle es tan mala que instalar este tipo de fábricas
debería estar completamente prohibido".
El representante del Distrito de Control del Aire de San
Joaquín, Rick McVaigh, declaró que efectivamente se había
otorgado un permiso sin tener datos sobre el control de
emisiones, pero que éste había sido revocado debido a las
presiones de la ciudadanía; sin embargo, aclaró que el
permiso original no constituía la aprobación final, pues
ésta exige otra revisión previa del proyecto.
La empresa afirma que el proceso es seguro. "Se trata de
derretir plástico para convertirlo en combustible –dijo
George Larson, representante de Plastic Energy, a una
audiencia desconfiada–. Si residuos tóxicos como el cloro
pasan al combustible, no podríamos venderlo, por eso
utilizaremos sistemas de filtrado especiales". Larson añadió
que esta planta industrial ayudaría a eliminar gran
porcentaje del plástico que hoy yace en los basureros
tóxicos del valle.
Lo más significativo fue cuando el empresario reconoció que
no se habían seguido los pasos necesarios para informar a la
comunidad. "Ahora perdimos el permiso y tendremos que
empezar de cero, y cuando esto ocurra, vendremos aquí a
informarles y presentar los datos que piden."
"Las agencias oficiales reciben dinero de nuestros impuestos
y me molesta que se use este dinero para aprobar proyectos
que comprometen nuestra salud", dijo visiblemente alterada
Deborah Weaver. Al finalizar la reunión, la indignación
colectiva dio paso a la satisfacción por haber logrado un
gran triunfo, ya que tanto la empresa como las agencias
oficiales involucradas deberán presentar pruebas ante una
comunidad vigilante.
Eduardo
Stanley
23 de
noviembre de 2004
