Sr. José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno de España
Montevideo, Barcelona, Madrid, 14 de abril
de 2008
Mientras en Uruguay organizaciones sociales, ambientales y
productores rurales -rechazan la
instalación de una planta de celulosa de la
empresa española ENCE en Punta Pereira
(Colonia, Uruguay), en el Estado español,
varias entidades financieras autorizaron
créditos apoyando el nuevo proyecto de ENCE.
En efecto, para el financiamiento de esta
planta, ENCE firmó a principios del mes de
abril de 2008 un crédito sindicado con el
BBVA, la Caja Madrid, el Banco Sabadell, el
Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Banesto.
Estas entidades participan como directoras y
aseguradoras, mientras que la Caixa General
de Depósitos actúa como mandatario. El
crédito tiene un importe de 1.075 millones
de euros, de los cuales 690 millones de
euros serán destinados a la construcción y
el abastecimiento de la planta de ENCE en
Uruguay. Por otra parte, la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la
Exportación (CESCE) evalúa desde el mes de
octubre apoyar el proyecto con fondos
públicos.
Se trata de un financiamiento totalmente irresponsable debido
a los importantes impactos sociales,
económicos y ambientales que representa el
proyecto de ENCE. Cabe recordar que
organizaciones de distintos puntos de
Uruguay se presentaron el 1 de abril en una
Audiencia Pública --organizada por el
gobierno uruguayo para que la empresa
española presentase su proyecto a la
población-- para manifestar su total
oposición a la instalación de una fábrica
de celulosa. En efecto, tras un exhaustivo
examen del estudio de impacto ambiental
presentado por ENCE, las organizaciones y
grupos uruguayos concluyeron que éste era no
solamente incompleto, pero que además
contaba con graves errores metodológicos, al
considerar únicamente aspectos positivos sin
evaluar los impactos de la forestación.
Entre las razones que motivan esta oposición se debe
mencionar los impactos ambientales ya
constatados desde hace varios años de los
monocultivos de eucaliptos a gran escala y
de los que ENCE ya dispone en Uruguay. La
aprobación de la planta de celulosa
implicará sin lugar a dudas, el aumento de
estas plantaciones. Sin embargo, la empresa
aún no ha comunicado el plan de forestación
necesario para alimentar la fábrica. Este
hecho inquieta particularmente a los
productores rurales. De acuerdo con los
productores, el proyecto de forestación en
la zona amenaza su permanencia en el medio
rural, al agotar sus fuentes de agua y
afectar gravemente la calidad de sus suelos.
Por otra parte, el número de empleos fijos
generados tampoco representa posibilidades
de desarrollo en la región puesto que una
vez terminado el periodo de construcción de
la fábrica de celulosa serán únicamente de
300. Además, toda la cadena productiva está
exonerada de impuestos, instalando la
fábrica en zona franca y puerto franco. La
fabricación de celulosa conlleva, además, la
ocupación de grandes superficies de
territorios, la pérdida de soberanía
nacional por la concentración de la tierra
en manos de empresas extranjeras y la
destrucción de ecosistemas (en el caso
uruguayo básicamente la pradera),
desplazando de manera irreversible otras
actividades agropecuarias.
Estamos frente a un mega-emprendimiento
industrial que va a producir más de un
millón de toneladas al año, el doble de
celulosa de lo que produce la empresa en sus
fábricas instaladas en España. El tema de la
escala del emprendimiento no es menor ya que
cualquier posible accidente va a tener
impactos de consideración sobre la región.
Otro de los puntos que genera preocupación
entre las organizaciones y productores
uruguayos es la falta de información sobre
la fabricación y manipulación de productos
químicos necesarios para la producción de
celulosa. Por último, la empresa ENCE se
considera -según su sitio web- líder mundial
en la producción de celulosa blanqueada con
tecnología TCF (totalmente libre de cloro),
pero contradictoriamente a esto para Uruguay
anuncia que utilizará la tecnología ECF
(libre solamente de cloro elemental)
justificando su propuesta por la demanda del
mercado y no por las consecuencias
ambientales de las técnicas empleadas.
Por estas razones, las organizaciones sociales de
Uruguay y el Estado español transmiten una
carta de protesta al Presidente José Luis
Zapatero, considerando:
§
Que el Gobierno español no puede consentir el apoyar con fondos
públicos españoles (mediante el ICO y CESCE)
un proyecto que no solamente implica graves
daños sociales y ambientales, pero además
genera la oposición de la población local
potencialmente afectada.
§ Que el Gobierno español debe velar por la responsabilidad social y
ambiental de las empresas y entidades
financieras españolas, tanto en el
territorio español, como en el exterior, y
particularmente en los países del Sur.
FIRMAN:
En Uruguay:
Accionar entre Mujeres - Guyunusa, AFESSOR
(Asociación de Funcionarios de Enseñanza
Secundaria se SORIANO), APODU (Asociación de
Productores Orgánicos de Uruguay), Asamblea
Ambiental del Callejón de la Universidad,
Asociación Agropecuaria de Tarariras
(Colonia), Asociación Civil La Cotorra
(Radio La Cotorra F.M.), Casa Pueblo
Arcoiris - Tarariras (Colonia), CAX Tierra,
Charrúas de ATALA, Comisión de Productores y
Vecinos de Conchillas, Comisión Nacional en
Defensa del Agua y la Vida, Coordinadora
Mercedes contra las Plantas de celulosa y
los Monocultivos forestales, Grupo
Eco-Tacuarembó, Grupo Guayubira , Grupo
Pirí, Iniciativa Nacional por la Suspensión
de la Forestación, Movimiento de Chacreros
del Ejido de Mercedes, Movimiento de
Productores de Colonia, Movimiento Mundial
por los Bosques Tropicales, MOVITDES
(Movimiento Vida, Trabajo y Desarrollo
Sustentable), Plataforma DESCAM - Uruguay,
Plenario de Cooperativas de Viviendas de
Propietarios y Conjuntos Habitacionales (COVIPRO-CH),
Primer Centro de la Ecología, Rapal-Uruguay
(Red de Acción en Plaguicidas en América
Latina), Red Alternativas y Solidaridad, Red
Uruguaya de ONGs Ambientalistas,
REDES-Amigos de la Tierra Uruguay,
