Organizaciones ecologistas españolas se anotaron una victoria al lograr que plantaciones forestales de dos filiales de la Empresa Nacional de Celulosa Española (ENCE) perdieran una preciada certificación que habían obtenido de manera irregular años atrás.

La medida, decidida a comienzos de mes, afecta a las empresas Norfor y Silvasur, que controlan, junto a otras del mismo grupo, gran parte de las plantaciones de eucaliptos españolas, destinadas a la industria papelera.

Ambas firmas perdieron la certificación que concede el Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental internacional que apunta a una “utilización responsable de los recursos forestales en el planeta” a partir de la identificación de los productos de ese origen que hayan sido extraídos de bosques “bien gestionados” en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

Según Félix Romero, del programa de Bosques de la WWF, una de las mayores asociaciones globales que trabajan en la protección del ambiente, el FSC es “el único sistema de certificación forestal transparente que garantiza la participación equilibrada de representantes de todos los intereses en juego, y ha demostrado en todo el mundo ser una herramienta eficaz para la gestión ambiental y la conservación de la naturaleza”. Hasta ahora, el FSC ha certificado unas 100 millones de hectáreas de bosques en alrededor de 80 países.

Víctor Barro, de Amigos de la Tierra de Galicia, también alabó las garantías que el FSC otorga a los consumidores respecto a la proveniencia de determinado producto de un “espacio forestal sostenible”.

En 2004, decenas de miles de hectáreas de eucaliptos que Norfor y Silvanur poseen en las provincias de Andalucía, Galicia, Asturias y Cantabria, recibieron la certificación del FSC, pero luego se comprobó que habían ocultado información relevante.

La resolución de suspensión de la certificación a las firmas del Grupo ENCE fue tomada tras una intensa presión de organizaciones ambientalistas según las cuales ambas empresas tienen una gestión ambiental y social deficiente.

Norfor y Silvanur cuentan aún con el Certificado Forestal Paneuropeo (PEFC, por sus siglas en inglés), pero éste es fuertemente criticado por las asociaciones ambientalistas, tanto españolas como internacionales. El PEFC es avalado únicamente por organizaciones empresariales y algunas administraciones gubernamentales locales, pero en su proceso de certificación no intervienen representantes de la sociedad civil.

Alentados por este éxito, los grupos ecologistas españoles continuarán oponiéndose a la expansión de las plantaciones de eucaliptos, una especie de alto rendimiento económico considerada invasiva y depredadora.

“Es un cultivo muy rentable, tiene un período de corta de 15 años y puede llegar a medir hasta 80 metros, por lo cual es visto con muy buenos ojos por los empresarios del sector papelero. Pero a la vez el eucalipto favorece la pérdida de biodiversidad y de los usos tradicionales del suelo, y por su alto consumo de agua deseca los acuíferos”, estimó Víctor Barro.

El crecimiento de las superficies plantadas con eucaliptos ha sido exponencial en España en los últimos años. En 1987 había en Galicia tan sólo 40.000 hectáreas de ese cultivo. Diez años después se superaron las 170.000. Procesos similares se han vivido en Asturias y Cantabria.

Varios han sido los conflictos ambientales generados por la operativa de las empresas del Grupo ENCE en España. Entre los más recientes destaca la ampliación de la planta de fabricación de celulosa de Navia, en Asturias, cuyas obras han comenzado sin contar con la autorización ambiental correspondiente de las autoridades gubernamentales locales.

En América Latina, ENCE planea instalarse, con una megaplanta de celulosa, en la localidad uruguaya de Conchillas, muy cercana al río de la Plata. Productores y organizaciones sociales locales se oponen a ese proyecto, que ya ha sido avalado por el gobierno uruguayo.