El conflicto entre
Argentina y Uruguay por la instalación de dos
plantas de celulosa sobre el margen oriental del
compartido río Uruguay parece cada vez más lejos de
poder dirimirse por negociaciones bilaterales. Los
dos gobiernos anunciaron que recurrirán a tribunales
internacionales.
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Vista
de el puente internacional y la
proyectada
planta de Botnia (actualmente en
construcción) |
El fin de semana pasado jerarcas de las dos administraciones
cambiaron acusaciones e insultos y el diferendo que
estalló a fines del año pasado por el proyecto de
construcción de dos fábricas de pasta de celulosa en
la ciudad uruguaya de Fray Bentos, una de la
finlandesa Botnia y otra de la española ENCE, volvió
a agudizarse.
El ministro del Interior de Argentina, Aníbal Fernández,
llegó a sostener el viernes 7 que el presidente de
Uruguay, Tabaré Vázquez, “no tiene poder alguno”, al
no haber podido “convencer” a los directivos de
Botnia, la firma que más ha avanzado en su proyecto
(ENCE todavía no inició la construcción de su
planta), de que detuviesen los trabajos de
construcción durante noventa días, plazo pedido por
Buenos Aires para realizar una estudio de impacto
ambiental “serio e independiente”.
Los representantes locales de Botnia habían accedido en un
primer momento a esa exigencia, lo que había llevado
a que paralelamente los ambientalistas de la
provincia argentina de Entre Ríos que durante más de
dos meses cortaron los puentes binacionales sobre el
río Uruguay levantaran provisoriamente su medida.
Ambas decisiones habían hecho que se allanara el
terreno para que por fin se celebrara una cumbre
entre Vázquez y su par argentino Néstor Kirchner de
la cual se pensaba que surgiría un acuerdo de salida
del conflicto.
Sorpresivamente, el martes 4 la dirección de Botnia en
Finlandia comunicó que sólo paralizaría las obras
durante diez días. En esas condiciones, la cumbre se
suspendió y los ambientalistas de la ciudad
entrerriana de Gualeguaychú volvieron a cortar el
puente que los une a Fray Bentos. Resultado: no se
ve otra perspectiva de salida, a uno y otro lado del
río, que el recurso a los tribunales
internacionales.
Uruguay ya elevó una queja ante el Tribunal de Controversias
del Mercosur, denunciando a Argentina por el bloqueo
de los puentes internacionales sobre el río Uruguay
por organizaciones sociales argentinas que protestan
contra la contaminación que generarán las dos
usinas.
De acuerdo a la administración del socialista Tabaré Vázquez,
esos cortes, que ni el gobierno provincial de Entre
Ríos ni el gobierno federal argentino han querido
reprimir, costaron hasta ahora a la economía
uruguaya (por pérdidas fundamentalmente en los
sectores turístico, de servicios y de transporte de
carga y pasajeros) unos 300 millones de dólares.
Montevideo notificará de esta situación también a la Corte
Internacional de La Haya, anticipándose a la
denuncia que, a más tardar en mayo, presentará
Buenos Aires ante ese mismo tribunal. Según explicó
el canciller Jorge Taiana, Argentina elevará a la
Corte dos planteos, uno de fondo, en el que
intentará probar que Montevideo violó el tratado
binacional del río Uruguay por no consultar a su
vecino cuando decidió autorizar la implantación de
las dos fábricas, a comienzos de 2005. El segundo
planteo consistirá en pedir que se tome una medida
cautelar “de rápida resolución” para paralizar de
inmediato la construcción de las plantas debido a
que “Uruguay se negó a presentar un estudio del
impacto ambiental acumulativo” de ambas.
Para Aníbal Fernández de nada serviría que volviera a
proyectarse una cumbre Vázquez-Kirchner porque el
primero “no decide nada”. La reunión debería ser
“entre Kirchner y el presidente de Botnia”, ironizó
el ministro, ya que son “los finlandeses los que
mandan” en Uruguay. Fernández recordó que en virtud
de un tratado de protección de inversiones que
Finlandia firmó con el gobierno uruguayo que
precedió al de Vázquez, el del conservador Jorge
Batlle, las empresas de ese origen se aseguran una
protección “desmedida”.
Otro Fernández argentino, el jefe de gabinete de Kirchner,
Alberto Fernández, declaró a su vez que Uruguay
padece de una “preocupante falta de soberanía”.
Los dichos de “los Fernández” son “sólo tonterías”,
respondieron en Uruguay el vicepresidente Rodolfo
Nin Novoa y el ministro de Transporte y Obras
Públicas Víctor Rossi. “Los argentinos perdieron los
puntos de referencia”, agregó el primero.
En lo poco que en estos momentos coinciden los gobernantes
argentinos y uruguayos es en adjudicar cierto grado
de responsabilidad a Botnia por la nueva ruptura.
Un tercer Fernández, esta vez uruguayo, el secretario de la
Presidencia Gonzalo Fernández, se había mostrado
compungido, la semana pasada, por la falta de
“sensibilidad” demostrada por la firma.
En la primera toma de distancia entre un jerarca
gubernamental uruguayo y la transnacional finlandesa
(hasta entonces el frente común entre los políticos
uruguayos de todo pelo y los empresarios había sido
sin fisuras) el secretario de Vázquez sugirió que de
no haber sido por la actitud de Botnia el acuerdo
entre partes era un hecho y la cumbre presidencial
para refrendarlo también.
Argentina, según Fernández (el uruguayo), había admitido que,
de demostrarse que no son contaminantes, las
fábricas se levantaran donde estaban proyectadas, y
Uruguay que las obras de construcción de las mismas
se paralizaran mientras el estudio ambiental se
llevara a cabo.
Pero “obviamente” la decisión final de Botnia de detener los
trabajos apenas diez días fue considerada por los
argentinos “muy insuficiente para la realización de
un estudio de impacto ambiental serio”, tarea para
la cual exigían al menos 30-45 días, dijo Gonzalo
Fernández.
“No les vamos a pedir (a los directivos de Botnia) más nada,
salvo que recapaciten y que entiendan que cuando
existen conflictos internacionales o binacionales de
este tenor, amén del interés puramente comercial,
hay que mirar y pensar también un poquito en otros
aspectos. La Presidencia de la República lamenta
hondamente que la empresa no haya sido más generosa
en el otorgamiento de un plazo”, destacó entonces el
secretario de Tabaré Vázquez.
Y recordó igualmente que “si bien Botnia aporta una inversión
de mil millones de dólares al Uruguay, a raíz de los
bloqueos ilegítimos de los puentes Uruguay ya perdió
casi 300 millones de dólares”.
Pero las asperezas entre Botnia y el gobierno de Vázquez poco
duraron, pese a que los finlandeses se negaron a
rever su resolución. El clima de “unión nacional” en
defensa de los inversores (se calcula que Botnia
invertirá en Uruguay más de mil millones de dólares
y Ence otros 680 millones) se recompuso casi de
inmediato, más aun cuando da toda la impresión de
que ya no hay margen para negociaciones bilaterales.
En el sector empresarial uruguayo, en particular entre los
sectores más afectados por los cortes de ruta y de
los puentes por los ambientalistas argentinos, ganan
adeptos los partidarios de demandar al Estado
argentino.
Unos treinta empresarios de diversas áreas que se consideran
perjudicados por el bloqueo de los puentes
internacionales mantienen reuniones con bufetes de
abogados uruguayos y argentinos en función de esa
posibilidad.
A su vez la Intergremial del Transporte de Carga, que emplea
directamente a 30.000 personas, amenazó con
bloquear, “luego de Semana Santa, todas las
conexiones con Argentina. No vamos a dejar entrar ni
salir ningún producto”, advirtió su dirigente Diego
Valverde.
Los camioneros estiman que perdieron por lo menos seis
millones de dólares por el bloqueo de los puentes y
que “los piqueteros argentinos pusieron en peligro
miles de fuentes de trabajo en Uruguay”.
Las autoridades argentinas están intentando que los bloqueos
de los puentes en Entre Ríos cesen o no se reanuden,
debido a que piensan que de continuar se limitarán
sus posibilidades de éxito en los tribunales
internacionales, tal cual resumió el gobernador de
Entre Ríos Jorge Busti.
A todo esto se supo que a fines de abril llegará al Río de la
Plata la canciller de Finlandia, Paula Lehtomaki,
para entrevistarse con autoridades de los dos
países. “La de Botnia es una de las mayores
inversiones nacionales fuera de fronteras y queremos
conocer la situación de cerca”, dijo una diplomática
finesa a la agencia argentina de noticias Télam.
Mientras el conflicto binacional se agudiza al punto de
amenazar de muerte al propio Mercosur (el ex
canciller de Uruguay Sergio Abreu cuestionó incluso
a Brasil, por mantenerse “indiferente” y no estar a
la altura de su condición de “líder natural” del
proceso de integración subregional por ser el país
más poderoso del área) hay quienes se preguntan por
qué se ha llegado a este grado de enfrentamiento
entre dos gobiernos “progresistas” en principio
“amigos”.
“El problema esencial es que este conflicto binacional es el
emergente de un problema regional: el desembarco en
gran escala de las empresas de celulosa europeas en
América Latina”, comentó en Buenos Aires el director
político de la organización ambientalista
internacional Greenpeace Juan Carlos Villalonga.
“Hay que plantear una negociación coyuntural por el caso de
las plantas uruguayas, pero además hay que atender
el cuadro general de la instalación de fábricas de
este tipo, de enorme porte. El proceso comenzó en
Brasil y Chile, y ahora se extendió al resto de
América Latina”, subrayó.
Al tiempo que se acentuaba el conflicto por las fábricas de
Botnia y Ence se conocía en Uruguay la confirmación
por parte de otra transnacional, la sueco-finlandesa
Stora Enso, de su interés por construir una planta
de celulosa en las cercanías del río Negro, que
parte en dos horizontalmente al país. El presidente
de la firma llegará en mayo a Montevideo.
La inversión de Stora Enso sería superior a la suma de las de
Botnia y Ence, ya que se la estima cercana a los
1.800 millones de dólares, y su planta estaría entre
las mayores del mundo en el sector.
“La industria del papel tiene altos impactos. Necesitamos
convivir con ella porque se ha hecho imprescindible,
pero hay que forzarla a marchar hacia un sendero de
sustentabilidad”, señaló Villalonga. ¿Será posible?
Para el canciller argentino Jorge Taiana, no. “En
Finlandia Botnia respeta estándares ambientales que
en el Río de la Plata no respetará”, dijo.
Daniel Gatti
© Rel-UITA
11 de abril de 2006
FOTOS
Clarin.com , Lacalle-online.com, Greenpeace.
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