Un alarmante informe sobre la Argentina dio a conocer la
Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. El trabajo, de
más de 300 páginas, releva los problemas ambientales que
afectan al país: anuncia la probable pérdida de la mitad de
los bosques nativos en los próximos años, a causa de la
extensión de la frontera agrícola, con explotaciones basadas
principalmente en los cultivos de soja. Estos, además, “si
bien pueden generar rendimientos en los primeros años,
producen deterioros, a veces irreversibles, en las
propiedades de los suelos”. El informe señala también la
pérdida en la diversidad de la fauna autóctona, cuya
consecuencia es la expansión de especies que transmiten
enfermedades, y advierte sobre la contaminación de las
aguas, no sólo en los ríos sino también en los grandes
acuíferos subterráneos de la provincia de Buenos Aires. Sólo
el 42 por ciento de la población cuenta con desagües
cloacales, las aguas de los pozos ciegos contaminan las
napas y como resultado se registran enfermedades como las
hepatitis y la fiebre tifoidea. El documento examina
escenarios posibles a futuro y sostiene que “la ideología
neoliberal no es compatible con las tareas de regulación que
implica la puesta en marcha de una política ambiental”. El
informe, denominado “Geo Argentina 2004”, fue redactado por
un equipo de especialistas y está suscripto por Atilio
Sabino, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación. Se efectuó a partir de un convenio con el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Empieza con un desarrollo histórico de las cuestiones
ambientales en la Argentina (ver recuadro), que culmina en
la última década del siglo XX, cuando se hizo evidente que
“la ideología neoliberal no es compatible con las tareas de
regulación que implica la puesta en marcha de una política
ambiental estricta”.
De esa década, el informe señala “dos hechos sustantivos en
relación con los recursos naturales”. El primero se refiere
a la pesca marítima, para la cual “la apertura de la
Argentina a la economía mundial en los ‘90, la desregulación
y la estabilidad económica atrajeron inversiones externas
sin un marco interno claro y estable. La sobrecapitalización
del sector y la modernización de los puertos operaron sin
consideración alguna de la sustentabilidad del recurso, lo
cual dio lugar a una sobreexplotación”.
El segundo descalabro que empezó en los ‘90, y continúa, “es
la adopción de un nuevo modelo de producción agrícola”,
consistente en “un vuelco masivo a la producción de soja
transgénica, en muchos casos en detrimento de los bosques
nativos o de los cultivos tradicionales, facilitado a su vez
por el incremento de las precipitaciones (consecuencia del
cambio climático global) que extiende hacia el oeste la
factibilidad” de este cultivo. “La Argentina se encuentra en
estado de emergencia forestal”, según señala el informe al
advertir que, si se mantiene la meta de llegar a los cien
millones de toneladas de producción de granos, “tendría que
extenderse la frontera agropecuaria entre 12 y 15 millones
de hectáreas”, con lo cual “en los próximos años estaríamos
convirtiendo a la actividad agropecuaria el 50 por ciento de
la actual cobertura de bosques nativos”.
En rigor, se trata de la agudización crítica de un problema
de larga data y “aún hoy, muchas constituciones provinciales
promueven el desarrollo agropecuario a través de incentivos
para avanzar sobre los bosques”. Y, a nivel nacional, “no
existe un mecanismo eficaz tendiente a premiar el desarrollo
de prácticas de manejo sustentable en bosques nativos”. El
informe observa que “aunque la adaptabilidad de los cultivos
modificados genéticamente puede producir rendimientos
satisfactorios en los primeros años, las propiedades
morfológicas, físicas y químicas de los suelos sufren
deterioros, a veces irreversibles”.
Más en detalle, “los cultivos de granos, que eran propios de
la región pampeana central, se expandieron hacia las zonas
aledañas y a regiones del nordeste y noroeste del país”.
Esta “expansión de la frontera agropecuaria” se verificó
“sobre tierras con riesgo climático, elevada tasa de
mineralización y susceptibilidad a la erosión hídrica y
eólica”. Tales tierras “tienen costos atractivos para los
inversores” pero “se observa claramente su vulnerabilidad y
su escasa rentabilidad en el tiempo”. Además, “es notorio el
incremento en el uso de agroquímicos”: el empleo de
fertilizantes se triplicó en 10 años, entre 1991 y 2001, y
el de herbicidas se cuadruplicó en el mismo período. Así las
cosas, a la fauna autóctona no le está yendo bien. “Se
reduce la diversidad de especies animales”, en relación con
el mencionado avance de la frontera agropecuaria, más la
sobreexplotación forestal, más “obras hidroeléctricas como
Yacyretá y Urugua-í, que han provocado no sólo alteraciones
climáticas e hidrológicas sino también la desaparición de
amplias porciones de selva”. También afectan a nuestros
animalitos factores como “la contaminación con agroquímicos
y pesticidas, la introducción de especies exóticas, la
transmisión de enfermedades por el ganado doméstico y la
explotación minera”. El equilibrio entre esos animales
preservaba la salud de la gente: “La reducción de la
biodiversidad faunística produce impacto en los
ecosistemas”, permitiendo la proliferación de “reservorios o
transmisores de zoonosis o enfermedades graves como Chagas,
tuberculosis, lepra, mal de los rastrojos, mal de las
represas, entre otras”. Y “existen acciones humanas que
potencian estos transmisores, como la construcción de
grandes represas con reservorios acuáticos y de silos de
almacenamiento de alimentos”.
Si así están las tierras y sus animales, ¿cómo están las
aguas dulces argentinas? “El principal problema proviene de
los procesos de contaminación a que están sometidas sus
fuentes –contesta el informe GEO–, y precisa que “la
principal fuente de contaminación de las aguas es de origen
industrial”, especialmente “en el tramo litoral de casi 400
kilómetros que va desde la ciudad de Rosario a la ciudad de
La Plata”. Pero también los ríos se contaminan “por
productos usados en agricultura, como herbicidas, fungicidas
y fertilizantes”. En esas aguas, ningún pez puede ser feliz,
y el informe documenta “la desaparición o reducción de
especies de alto valor como el dorado, el surubí y el pacú”
por causa de “la contaminación, básicamente de origen
industrial”. Esa contaminación, además, “representa cierto
nivel de riesgo para el consumo de los peces por la
población. Una de las áreas más afectadas es el ‘arco
Rosario-Magdalena’ que involucra a las provincias de Santa
Fe y Buenos Aires”. Y, si algún pez intentara guarecerse en
el agua que circula bajo tierra, le sería inútil porque “la
utilización para riego de los acuíferos Puelche y Pampeano
generó importantes niveles de contaminación en este recurso
subterráneo”.
Si así anda el Puelche, ni qué hablar del Riachuelo: “En la
cuenca Matanza-Riachuelo se ha detectado alrededor de 3000
focos de probable contaminación, de los cuales la mayor
parte son industrias”. Es que “si bien la mayoría de las
industrias del Gran Buenos Aires cuenta con instalaciones de
tratamiento, sólo el 15 por ciento cumple con las
regulaciones y normativas sobre descarga”.
Y además la inundación: “Numerosas ciudades del litoral de
los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay se hallan sometidas a
procesos recurrentes de inundación”, vinculados “con el
incremento de las precipitaciones, en especial de tipo
tormentoso, motivadas por el proceso de cambio climático”
pero también con “la obsolescencia, insuficiencia y escaso
mantenimiento de la red de desagües pluviales”, la “alta
modificación del drenaje natural de las cuencas”, “la alta
impermeabilización del suelo urbano” y “el relleno y
ocupación de franjas costeras”. Así las cosas en los campos
y los ríos, ¿será mejor en la ciudad? “La gestión
urbanística de nuestras ciudades sufrió recientemente
dificultades derivadas de la casi inexistente planificación
de mediano y largo plazo y del recorte de las funciones
estatales.” El informe observa que las normas urbanas
terminaron por aplicarse sólo a la clase media: “El mercado
solía eludir o manipular el control normativo en la
producción de hábitat para los sectores socio-económicos
altos, en tanto los sectores bajos no podían cumplimentarlo
por su incapacidad económica”. El resultado fue “la baja
calidad ambiental de grandes sectores urbanos”, la “carencia
de espacios verdes” y “la inexistencia o mínima provisión de
servicios”.
El documento oficial reconoce que “para grandes sectores de
la población, la demanda insatisfecha de desagües cloacales
y agua potable obliga a la coexistencia de pozos ciegos y
perforaciones domiciliarias: las napas de las que se nutren
estas perforaciones son contaminadas por los propios
efluentes cloacales”. Y señala el “volcamiento sin
tratamiento previo de aguas” como un “problema generalizado
en las ciudades argentinas”. Sólo el 42,5 por ciento de la
población cuenta con desagües cloacales y sólo un 78,4 por
ciento tiene agua de red. El resultado son enfermedades, de
las cuales “las más habituales son las hepatitis virales, la
diarrea aguda, la fiebre tifoidea y paratifoidea”. El
informe solicita “asumir que los servicios de saneamiento
deben estar al alcance de toda la población,
independientemente de su capacidad de pago”. En el otro
costado de la brecha social, “es alarmante en los últimos
tiempos el desarrollo urbanístico de barrios cerrados en
plena pampa húmeda, sin ninguna evaluación de las
consecuencias en el largo plazo”.
