En 2004 se produjeron 18.617 incendios que destruyeron casi 150.000 hectáreas. El número de incendios registrados del 1 de enero al 31 de mayo de 2005 superan la media del decenio: 11.842 incendios y conatos en el periodo de referencia para el 2005, frente a los 7.114 de media del decenio 1995-2004, según los datos provisionales del Ministerio de Medio Ambiente.

En los últimos 14 años los incendios forestales han ocasionado la muerte de 62 personas, la mitad de las cuales eran profesionales de la extinción. En ese periodo, además, han ardido más de un millón setecientas mil hectáreas, y se han producido unas pérdidas económicas de casi 9.000 millones de euros.

Causas

Las causas estructurales de los incendios forestales son conocidas y predecibles: desde los factores ecológicos a los factores sociales o económicos y a la combinación de todos ellos. Las características del territorio y el tipo de vegetación son determinantes. La existencia en nuestro país de grandes masas forestales monoespecíficas y pirófitas sin discontinuidad favorece la extensión del fuego y los grandes incendios. Además, la desestructuración del mundo rural y la terciarización de su economía, con el consiguiente abandono de los bosques y la reducción de las practicas silvícolas, agrícolas y ganaderas que de forma secular han servido para controlar la dinámica y el estado de las masas forestales, acrecienta la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas forestales ante los incendios. Una actuación de fondo sobre estas causas debería contemplarse en cualquier estrategia preventiva.

Hay otras causas no estructurales o inmediatas. Entre ellas algunas que originan buena parte de los incendios forestales y que son muy conocidas: quemas agrícolas, quema de montes para pastos, cosechadoras, tendidos eléctricos, líneas de ferrocarril, etc. Pero incluso sobre estas causas inmediatas apenas se actúa preventivamente.

El modelo de estrategia adoptada para la lucha contra los incendios forestales se basa principalmente en la extinción del fuego en los meses de mayor riesgo a partir del uso del agua y de maquinaria pesada, y en menor medida en los trabajos de prevención durante todo el año. Además, la notable descoordinación entre los colectivos y administraciones que intervienen en la extinción de los incendios forestales determina una menor efectividad de los medios. Este modelo ha fracasado, la situación de Galicia es la más clara expresión de este fracaso. La falta de conocimiento de la causalidad de estos siniestros en un importante porcentaje, 19,15%, debido a la insuficiente inversión en personal y medios para la investigación, resta eficacia a la acción preventiva.

No obstante, se sabe que el 53,3% de los incendios fueron intencionados. Sorprende por ello la falta de actuaciones en la persecución del delito y la ausencia de condenas.

Por último, la privatización de muchas labores de prevención y extinción e, incluso, de investigación de la causalidad de los incendios forestales, redunda en un deterioro de la calidad de estas tareas.

Investigación de incendios forestales y prevención de delitos

Los datos oficiales sobre causalidad de incendios forestales son extremadamente preocupantes, e indican que sigue existiendo un elevadísimo número de incendios forestales cuyas causas se desconocen, lo que pone en evidencia el poco esfuerzo que se imprime para la investigación de las causas y la persecución del delito.

Según la distribución del número de siniestros en 2003, los incendios por causa desconocida constituyeron el 19.15%, y los intencionados, el 53,3%, y en 8 de las 17 Comunidades Autónomas la primera causa de los incendios forestales ha sido la acción criminal intencionada.

Las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje de incendios por causas desconocidas son la de Madrid (77,16%) y el Principado de Asturias (70,15%). En cuanto a las que tienen mayor porcentaje de incendios intencionados, nos encontramos con Galicia (81,5%), Castilla y León (59,88%), Canarias (58,6%) y Cantabria (56,20%).

Sólo un 1% de los incendios forestales acaba con alguna detención, sin que conste en ninguna estadística oficial el porcentaje que finalmente es acusado en los tribunales, ni cuántos de los imputados son encausados, lo que pone de manifiesto la necesidad de una mayor actuación fiscal y penal.

Hemos podido comprobar que la participación del cuerpo de agentes forestales en la investigación de la causalidad de los incendios forestales es muy baja, pese a que este cuerpo constituye un colectivo conocedor del terreno y formado en la materia en la mayoría de las Comunidades Autónomas. En pocas Comunidades existe colaboración entre los agentes forestales y las fiscalías (sólo en Castilla y León, Cataluña, Región de Murcia, y de manera parcial), mientras que hay casos en que esta colaboración se realiza de forma extra-oficial (Islas Baleares). En otras, se llega a prohibir a los agentes forestales acudir a la administración competente y a los juzgados (Comunidad de Madrid).

Modelos de silvicultura preventiva

La inversión en prevención es muy baja tanto en términos absolutos como comparada con la inversión en extinción.

El personal dedicado a labores forestales preventivas es claramente insuficiente y su situación laboral se caracteriza por la precariedad, asociada a carencias formativas, alta exposición a riesgos laborales y escasez de medios y equipamientos.

Los modelos de silvicultura preventiva siguen los "tratamientos clásicos", y continúan siendo en general muy agresivos para el medio ambiente, con gran impacto paisajístico y con la función principal de favorecer el modelo de extinción y ataque del fuego, el acceso a los montes y el uso de agua. Incluso al comparar las comunidades autónomas con vegetación atlántica con las de vegetación mediterránea, no existan diferencias significativas en cuanto a los modelos de silvicultura actualmente empleados.

Los trabajos de silvicultura preventiva más habituales consisten en la apertura y mejora de accesos y pistas, el seguimiento y quemas controladas y autorizadas, los desbroces y podas y la apertura de fajas cortafuegos. De forma relativa, las quemas autorizadas constituyen el tratamiento silvícola más común en aquellas Comunidades Autónomas en las que se realiza esta práctica. En cuanto a los residuos forestales, se eliminan, de forma generalizada, por trituración y quema controlada.

La continuidad de un número alarmante de incendios forestales en nuestro país cuestiona los modelos de silvicultura preventiva empleados, así como la bajísima inversión en prevención y la precaria situación laboral. Así, nos preguntamos si las labores de silvicultura preventiva que se vienen realizando no obedecerán simplemente a los esquemas de las empresas, tanto públicas como privadas, que de forma generalizada se encargan de estos trabajos, y que han adquirido a lo largo del tiempo tanto hábitos y rutinas de trabajo concretos como maquinaria y equipamiento para este modelo de silvilcultura.

Extinción de incendios forestales

Inversiones y medios

El presupuesto para la Defensa contra Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente para el 2005 es de 59.371.600 euros, lo que supone un incremento de apenas un 1,4% con respecto al del 2004. El presupuesto destinado a la prevención constituye el 33%, con un incremento del 4,3% respecto al año anterior, mientras que el presupuesto destinado a extinción es el 65,8% del total, con un incremento del 0,1% del total. En cuanto a las Comunidades Autónomas, en general también han incrementado el presupuesto para la lucha contra los incendios forestales, principalmente en medios materiales para la extinción, como sigue:

- Andalucía: 108,5 millones de euros (el 50,13% destinado a prevención), con un incremento del 6,89% con respecto al del año pasado;

- Aragón: 24 millones de euros, con un incremento del 29,72% respecto al presupuesto de 2004;

- Principado de Asturias, sólo para trabajos de gestión de montes: 10.739.000 € (el 70% está destinado a medidas de prevención de incendios forestales);

- Islas Baleares: 5,6 millones de euros;

- Canarias: unos dos millones de euros sólo en Tenerife y Gran Canaria - Cantabria: 5,286 millones de euros para actuaciones relacionadas con la prevención, extinción o regeneración en los montes;

- Castilla - La Mancha: 47 millones de euros (un nueve por ciento más que la pasada campaña contra los incendios forestales) distribuidos en los planes de prevención, detección y alarma y extinción;

- Extremadura: al menos 1,2 millones de euros para el convenio suscrito con las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres sobre coordinación y colaboración de las mancomunidades;

- Galicia: al menos 10,22 millones de euros en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales;

- Comunidad de Madrid:30 millones de euros, un 8% más que el año anterior.

- Región de Murcia: 6 millones de euros;

- Comunidad Valenciana: 76 millones de euros, un 3,75% más de lo que se destinó el año pasado.

- País Vasco: al menos 1,6 millones de euros entre Álava y Vizcaya, sólo para la gestión de los montes.

Aunque estas cifras parecen importantes, sin embargo, los agentes consultados consideran que sólo en Aragón y La Rioja los medios humanos son suficientes. También en el Principado de Asturias si estuvieran mejor distribuidos. En cuanto a los medios materiales disponibles para la vigilancia y extinción de incendios forestales, pese al incremento presupuestario de las Comunidades Autónomas, según los agentes consultados, estos medios en la mayoría de los casos son obsoletos, o inadecuados, o insuficientes, particularmente:
 

- Los medios de vigilancia aérea: en el Principado de Asturias, Canarias y País Vasco;

- Las aeronaves de extinción: en Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia y Región de Murcia;

- Las autobombas forestales en Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Galicia;

- Las unidades ligeras en Extremadura y Galicia;

- Los medios de comunicación en Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y País Vasco, y

- Las instalaciones en Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y País Vasco.

Coordinación

En cuanto a la coordinación de actuaciones, cabe destacar que por primera vez, el Gobierno Central ha puesto en marcha un dispositivo que engloba a 13 Ministerios para la lucha contra los incendios forestales, en coordinación con las Comunidades Autónomas. Se trata de una iniciativa muy positiva, de cuya real implementación habrá que hacer un seguimiento riguroso y una evaluación posterior para que no quede en meras buenas intenciones, y que sería conveniente generalizar en el ámbito autonómico.

Hasta ahora, hemos podido comprobar que existe una gran descoordinación en las labores de extinción de incendios forestales, debido a las siguientes razones:
 

- No todas las Comunidades Autónomas cuentan con un Protocolo de Actuación que establezca las normas para el funcionamiento y la organización correctos, eficientes y seguros en las tareas de extinción de todos los colectivos que participan en las mismas. Es el caso de Cantabria, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco (Álava) y Castilla - La Mancha. En el caso de las Comunidades que sí cuentan con este protocolo, su ejecución registra una serie de problemas comunes por la descoordinación y falta de contacto en el terreno entre distintos colectivos, la toma de decisiones por parte personal no cualificado, el no cumplimiento de la cadena de mando, la improvisación, o la competencia entre distintos cuerpos y jerarquías.

- Existe, a su vez, una gran descoordinación entre las Comunidades Autónomas que comparten superficies forestales o espacios naturales.

- No está generalizado el Mando Único

- Las comunicaciones no siempre se unifican, y los medios de comunicación adolecen de graves carencias en muchos casos.

Prevención de riesgos laborales en tareas de extinción

En general hemos podido comprobar que la situación en materia de prevención de riesgos laborales asociados a las tareas de extinción de incendios dejan bastante que desear en el caso de los agentes forestales, y más aún en el del personal contratado temporalmente por las empresas para las tareas de vigilancia y extinción a través de los retenes.

Por ejemplo, sólo se ha realizado el Mapa de Riesgos Laborales asociados a las labores de extinción para los agentes forestales en los Territorios Históricos de Vizcaya y Álava en País Vasco. En Madrid, existe pero no se ha aplicado. Además, los agentes no han recibido información ni formación en materia de prevención de riesgos laborales asociados a las tareas de extinción en las Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias, Madrid y País Vasco. En Extremadura los agentes han sido informados pero no han recibido formación específica en la materia.

También es muy preocupante que los agentes no dispongan de EPI (Equipos de Protección Individual) homologados y en perfectas condiciones en Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana, y Guipúzcoa y Álava en País Vasco.

Por otro lado, las contrataciones temporales del personal de las brigadas de extinción o retenes por parte de las empresas se vienen realizando demasiado a menudo sin convenios, sin apenas formación para los contratados, que carecen de la necesaria profesionalidad y eficacia, y a los que demasiado habitualmente no se les dota de equipamiento adecuado, lo que, sumado al elevado grado de desconocimiento de las normas y funcionamiento que sufren, condiciona una elevada exposición a situaciones arriesgadas para estas personas, que desarrollan un trabajo extremadamente peligroso.
 

ISTAS

España

21 de junio del 2005