ambiente

Uruguay

Plantas de celulosa sobre el río Uruguay Un conflicto creado por la industria papelera del Norte

 

Tradicionalmente, la producción de celulosa y papel se desarrolló en los países del Norte, en particular en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y Europa. Las razones eran fundamentalmente dos: la abundancia de materia prima barata (los bosques) y un enorme mercado consumidor

de papel y cartón.

 

 

Sin embargo, el crecimiento de la conciencia ambiental organizada en muchos de esos países comenzó a poner trabas a esta industria. Por un lado, la grave contaminación de lagos y cursos de agua vinculada a la producción de celulosa generó procesos de resistencia cada vez más fuertes, que obligaron finalmente a los gobiernos a imponer normas ambientales cada vez más estrictas a esta industria. Por otro lado, la paulatina desaparición de los bosques para su transformación en celulosa y papel fue el detonador para movimientos igualmente fuertes en contra de la destrucción de bosques resultante de esta industria, que también forzaron a los Estados a establecer límites a la explotación forestal.

 

Por su parte, la propia industria se había encargado de promover un creciente uso de papel y cartón en todos los sectores de la economía, en particular en embalaje y publicidad, por lo que todas las estimaciones sostenían que el consumo de papel y cartón continuaría creciendo.  Frente a ese aumento previsto de la demanda, la industria se enfrentaba a un futuro incierto en cuanto al abastecimiento de materia prima (que se volvería por ende más cara), en tanto que su operatoria industrial se tornaba más costosa por los condicionamientos en materia de cuidado ambiental.

 

La mudanza al Sur

 

En su búsqueda de alternativas, la industria enfocó hacia el Sur. En materia de contaminación, ya existía una tendencia en el Norte a comenzar a trasladar sus industrias contaminantes a países pobres dispuestos a aceptar cualquier tipo de inversión. La producción de celulosa entraba claramente en esa categoría.

 

La industria tenía asimismo un problema en cuanto al abastecimiento de materia prima. Si bien en principio muchos árboles son aptos para la producción de celulosa, se necesitaba materia prima homogénea, que no existe en los heterogéneos bosques tropicales y subtropicales, pero sí se logra en monocultivos de árboles.

 

Desde la década de los ‘50, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) venía impulsando plantaciones de eucaliptos, pinos y otras especies de rápido crecimiento en los países del Sur y ya en la década de los ‘60 se comenzaron a establecerse plantaciones en muchos países. La industria de la celulosa podía contar entonces con áreas plantadas y –más importante aún– con la experiencia acumulada sobre la adaptación de distintas especies a distintos tipos de ambientes y sobre su rapidez de crecimiento.

 

Si bien ya había plantaciones, lo que hacía falta era su expansión y concentración para hacer viable la instalación de grandes fábricas de celulosa. Es decir, se requería primero convencer a los gobiernos acerca de las ventajas de este tipo de emprendimientos, para luego lograr que estos adoptaran medidas de promoción.

 

Además de la FAO, en ese proceso intervinieron actores multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), empresas consultoras, agencias de cooperación, agencias de crédito a la exportación y la propia industria, a las que se sumó el apoyo casi irrestricto de la profesión forestal formada en la ideología de la FAO.

 

Todo ello con el objetivo de continuar abasteciendo un consumo excesivo de papel y cartón en el Norte. En efecto, el consumo anual per per en los países del Sur donde se instalan grandes plantaciones y se produce celulosa es mucho menor que el de los países del Nort: el de Chile es de 53 kilos, Sudáfrica 41, Uruguay 40, Brasil 38 e Indonesia 21, mientras el de Finlandia es de 430, Estados Unidos 331, Suecia 280, Canadá 263, Alemania 233 y Japón 250.¹

 

El caso uruguayo

 

Uruguay es un caso típico. En la década de los ‘50 la FAO envió dos misiones al país, que recomendaron las plantaciones. En los ‘60 se aprobó la ley forestal, centrada en la promoción de monocultivos de eucaliptos y pinos. La ley no tuvo los resultados previstos debido a que no recibió financiamiento del Estado. En los ‘80 llega al país una misión de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que elabora un “Plan Maestro” para la instalación de monocultivos forestales. En 1987 se aprueba una segunda ley forestal y el Estado adopta el Plan Maestro japonés como su propio plan forestal. El BM aporta los recursos financieros necesarios para la promoción. El Estado se encarga de definir tipos de suelos de “aptitud forestal” (aunque nunca estuvieron cubiertos de bosques) en los que se promueven plantaciones a expensas del ecosistema de pradera original. Las empresas reciben subsidios (se les devuelve al año el 50% del costo de plantación); exoneraciones impositivas totales y créditos blandos. En pocos años se llega así a una superficie plantada de 750.000 hectáreas.  Si bien el Estado uruguayo nunca elaboró una política específica en materia del aprovechamiento de la madera plantada, resultaba claro que el objetivo de las plantaciones de eucalipto era la producción de celulosa. Desde el principio, las exportaciones de madera sirvieron para abastecer plantas de celulosa en Europa, de las mismas empresas que tenían en Uruguay sus plantaciones: Ence (España) y UPM/Kymmene (Finlandia).

 

A partir del año 2000 comienzan los rumores acerca de la posible instalación de las fábricas de celulosa de Ence y Metsa Botnia, que había comprado la parte de la multinacional Shell en las plantaciones que ésta había desarrollado con UPM/Kymmene.

 

El proceso se acelera y ambas empresas reciben el apoyo total del gobierno del Partido Colorado. Primero se aprueba la evaluación de impacto ambiental de Ence y en los últimos días de ese gobierno se aprueba la de Botnia. En ambos casos se realizan audiencias públicas, en las que las múltiples objeciones de la sociedad civil son ignoradas. En los estertores de su gobierno, el presidente Batlle otorga una zona franca a cada una de las empresas para que instalen allí sus fábricas.

 

Oposición interna y externa

 

Desde 1997, el grupo ambientalista uruguayo Guayubira se venía oponiendo activamente al avance de los monocultivos forestales. Cuando surgen los proyectos celulósicos, es el primero en oponerse, tanto porque implicarían la consolidación y ampliación del modelo forestal cuestionado, como por los impactos específicos de la industria de celulosa sobre la sociedad y el ambiente. Pese a la copiosa y fundada información documentada y difundida por Guayubira, tanto el gobierno colorado como el actual gobierno del Encuentro Progresista optan por ignorar los impactos ambientales y continúan dando su apoyo al modelo foresto-celulósico.

 

La oposición argentina surge mucho más tarde, recién a principios de 2005. Si bien ya antes había algunos grupos ambientalistas opositores, es recién entonces cuando el pueblo de la ciudad de Gualeguaychú se organiza contra las fábricas de celulosa que se instalarían del otro lado del río compartido entre ambas naciones, con las consecuencias ampliamente conocidas.

 

La intervención argentina, si bien fortalece la oposición a la instalación de estas industrias, debilita en cambio a la oposición uruguaya, convirtiendo lo que inicialmente era un conflicto interno en una enfrentamiento entre dos países, y despertando así el sentimiento nacional, lo que condena casi ostracismo a la oposición interna en Uruguay.

 

Tanto las organizaciones uruguayas como las argentinas (y su gobierno) han llevado la lucha a distintos ámbitos. La corporación financiera internacional pensaba financiar  ambos proyectos, pero la presión ha evitado hasta ahora la aprobación de préstamos. Organizaciones españolas están ejerciendo presión para que su gobierno no financie a Ence. Otras de diversos países lograron que el ING Bank no financiara a Botnia. La organización argentina CEDHA ha presentado demandas formales ante varios organismos, en tanto que el gobierno argentino presentó una demanda ante el Tribunal de La Haya, parcialmente desestimada (ver Villalpando, esta página). Pese a que Botnia continúa construyendo su planta como si nada pasara, lo cierto es que –como ha reconocido Ence– el futuro de estas plantas es aún incierto. El panorama se agrava incluso más ante anuncios de nuevos proyectos celulósicos para el país, entre los que se cuentan el de la empresa sueco-finlandesa Stora Enso, así como de inversores japoneses y canadienses.

 

Para los opositores uruguayos, el problema va mucho más allá de los monocultivos de árboles y estas dos fábricas de celulosa. Lo que está en juego es un modelo de país. Argumentan que el pueblo votó al actual gobierno porque prometió el cambio y que el modelo foresto-celulósico  representa precisamente lo opuesto. Sostienen que la forestación concentra y extranjeriza la tierra, destruye los principales recursos del país (suelo, agua y biodiversidad) y genera menos empleo que cualquier otra actividad agropecuaria. A ello se suma que las fábricas de celulosa dan ocupación a muy poca gente, que destruyen fuentes existentes de empleo en los sectores de turismo, pesca, apicultura y agricultura orgánica, en tanto que los beneficios se van casi enteramente al exterior. Ese no es el modelo de país que el pueblo votó.

 

Ricardo Carrere

Coordinador Internacional

del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

18 de octubre de 2006*

 

 

* Publicado en Le Monde Diplomatique, Setiembre de 2006

1^-  FAO Statistical Databases 2001

FOTO: uruguay.indymedia.org

 

 

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