Los socios del ambiente
Estrategias diversas se siguen en el oriental
departamento uruguayo de Rocha para contrarrestar los
daños ambientales que causan la intensa actividad
agropecuaria, el monocultivo de soja, la forestación con
especies exóticas y el alto crecimiento del turismo.
Pero las dificultades abundan.
Autoridades nacionales y locales, agricultores,
pescadores, operadores turísticos y vecinos, en
colaboración con organismos internacionales, intentan
proteger áreas consideradas prioritarias a través del
uso sustentable de los recursos en este departamento
recostado sobre el océano Atlántico.
La apuesta es al fortalecimiento del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP), surgido en 2000, y a
la implementación de programas financiados por el
Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial, conocido como GEF, por sus siglas en
inglés.
El proyecto para el SNAP, que depende del
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, es ejecutado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Cuatro de las siete áreas nacionales ya protegidas de
Uruguay se ubican en Rocha, Se trata del Parque
Nacional Cabo Polonio, Paisaje Protegido Laguna de
Rocha, Potrerillo de Santa Teresa y Cerro Verde e Islas
de la Coronilla. Además, las autoridades tienen en
proceso de aceptación otras cuatro zonas nacionales y
han sido propuestas siete más.
El gran problema ambiental de Uruguay "es la
transformación de los pastizales templados naturales, el
principal ecosistema" del país, dijo a IPS Laura
García, coordinadora técnica del Proyecto de
Fortalecimiento del Proceso de Implementación del
SNAP.
Son
responsables de este fenómeno la forestación con
especies exóticas, principalmente pinos y eucaliptos, y
el avance de la soja, aseguró.
"La
soja no está para nada regulada", comentó García, para
luego explicar que "las empresas (transnacionales)
vinculadas a este cultivo ofrecen desde hace cinco o
seis años valores muy altos por el arriendo de tierras,
ni siquiera las compran, y después dejan todo
degradado", cuestionó.
Por su parte, el director del no gubernamental
Programa de Protección de la Biodiversidad y Desarrollo,
Gerardo Ebia, quien coordina las acciones
ambientales de los distintos actores en Rocha, dijo a
IPS que en este país
"el
cultivo de soja ha pasado de unos pocos miles de
hectáreas en los años 90 a cubrir unas 600.000 hoy".
En el caso específico de la Laguna de Rocha, conectada
al océano, las mayores amenazas son "la presión
turística por construir en las zonas costeras, la
conversión y fragmentación de ambientes por efecto de la
agricultura y el uso irracional de las zonas aledañas",
según Ebia.
Más de 200 especies de aves migratorias y residentes
habitan en el área de la laguna de 7.200 hectáreas,
entre rayadores, gaviotas, gaviotines, garzas y chorlos.
Otros, como el coscoroba o ganso blanco, están en
peligro de extinción.
Pero el SNAP cubre menos de uno por ciento de
todo el territorio nacional. Además de la Laguna de
Rocha, se destaca el Parque Nacional Cabo Polonio, donde
existen dunas móviles de hasta 20 metros de altura.
La
protección de estas zonas se complica si se considera
que 90 por ciento de las tierras de Uruguay están en
manos de privados.
"El gran desafío para la conservación es involucrar al
sector privado cuando paralelamente hay políticas que
promueven una intensificación de los sistemas
productivos", entre ellos el agroindustrial, reconoció
García.
Para que estas áreas protegidas no queden en el
territorio como "islas", "el nuevo ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre,
está tratando de buscar medidas de conservación, pero
asociados a la producción", indicó la coordinadora del
SNAP.
Una muestra de los esfuerzos para salvaguardar los
ecosistemas amenazados lo constituye un proyecto del no
gubernamental Grupo Palmar, beneficiado por el Programa
de Pequeñas Donaciones del GEF para recuperar la
palma Butiá capitata, endémica de la región y del sur de
Brasil.
"Esta palma tiene un gran problema de regeneración.
Tenemos 70.000 hectáreas de butiá, pero son todas
individuos adultos y el ganado de esta zona se come los
rebrotes pequeños", explicó a IPS Sandra Bazzani,
coordinadora nacional del Programa de Pequeñas
Donaciones en Uruguay.
"Pese a que hace años hay fondos del GEF en la
zona y estudios al respecto, es muy difícil convencer a
los productores que hagan exclusión de ganado", criticó.
"No se ha logrado todavía un sistema que compatibilice
el pastoreo y la protección de la planta", enfatizó.
El Grupo Palmar recibió 17.000 dólares del GEF
en 2006 para levantar en Rocha el Centro de
Interpretación, con un vivero y un pequeño parque de
palma butiá.
"Con los frutos de la palma se hacen mermeladas,
dulces, licor, salsas agridulces, y con la fibra de la
caña se confeccionan canastitos y cestas", comentó
Bazzani.
"La idea es promover que la gente vaya comprendiendo
que conservándola puede servirle como un recurso
económico", añadió.
El prepuesto del Programa de Pequeñas Donaciones del
GEF para todo el mundo será de entre 300 y 350
millones de dólares de 2010 a 2014, sumando las
asignaciones directas y las de los países, detalló a IPS
su gerente, Delfin Ganapin.
El asunto de los recursos fue analizado en la Cuarta
Asamblea del GEF realizada formalmente a fines de
del mes de mayo en la sudoriental ciudad turística de
Punta del Este.
En Uruguay se ejecutan 59 proyectos financiados
por el Programa de Pequeñas Donaciones y hasta ahora se
han invertido 1,2 millones de dólares, especificó
Bazzani.
El fortalecimiento de los sistemas de áreas protegidas
y la adopción de prácticas más amigables con el ambiente
por parte los sectores productivos son grandes desafíos
en América Latina, destacó a IPS Helen
Negret, asesora técnico regional para biodiversidad
y ecosistemas del PNUD en América Latina y el Caribe.
Precisamente en octubre, en el marco de la 10
Conferencia de las Partes del Convenio de las Naciones
Unidas sobre la Diversidad Biológica, en Japón, el
PNUD presentará un estudio sobre la sostenibilidad
financiara de los sistemas nacionales de áreas
protegidas en 20 países de la región y otro sobre el
valor económico de la biodiversidad
