-¿Cuáles son las razones del actual incremento de las ocupaciones de tierras?

Marcial Gómez y Carlos Amorín

-Uno de los principales problemas que tenemos en Paraguay es que el 80 por ciento de la tierra está acaparado por el 1 por ciento de la población, y hay miles de trabajadores y de campesinos sin posibilidades productivas. Por eso nosotros planteamos desde hace años un “Programa de reactivación nacional” que no se puede concretar sin una redistribución de la tierra. Hasta ahora, el único medio que tiene el campesino para conseguir tierra es la ocupación. Es una medida de presión para provocar una decisión en el gobierno. Nuestra definición es que se puede ocupar los predios de más de 3 mil hectáreas porque consideramos que a partir de ese tamaño se trata claramente de un latifundio, y actualmente discrepamos con algunos grupos que están ocupando sitios de 200 o 300 hectáreas porque bien se puede tratar de pequeños productores sin recursos para trabajar. También proponemos una reestructura de la banca pública que debería orientarse hacia la financiación del sector productivo, y también exigimos que se procese la materia prima en el país para poder desarrollar una industria nacional y generar empleos en este momento tan necesarios como escasos.

-¿A qué categorías representa la Federación?

-Está constituida por pequeños y medianos productores agrícolas, y por campesinos sin tierra. En Paraguay, hasta ahora, hay muy pocos asalariados rurales. Últimamente, inclusive la sojización del campo emplea muy poca mano de obra.

-¿Cómo se expresa esa llamada “sojización”?

-Actualmente hay cerca de dos millones de hectáreas plantadas con soja. Esto es un problema gravísimo, porque además de ampliar la producción de soja –90 por ciento transgénica– están concentrando aún más la propiedad de la tierra porque arrasan con las comunidades campesinas, utilizando masivamente agrotóxicos, les impiden seguir produciendo de manera tradicional porque fumigan con glifosato, al que llamamos “matatodo”, eliminando fundamentalmente la mandioca, el maíz que son el consumo esencial básico de los campesinos. Allí entonces los aprietan para que vendan su tierra. Esta es una política sistemática que se está aplicando en varias regiones del país. Ellos contaminan todo, eliminan los bosques y crean un enorme problema social y económico del cual nadie se hace cargo.

-¿Cuántos son los campesinos afectados?

-Decenas de miles, porque ya están entrando prácticamente en todos los departamentos. Están arrasando verdaderamente en todas las regiones, eliminan comunidades enteras que se trasladan a las grandes ciudades sumándose a los cordones de miseria. Y si no te vas y quieres resistir, te mueres de hambre o intoxicado.

-¿La FNC está entonces promoviendo ocupaciones?

-Sí, porque es la única vía que vemos en este momento capaz de lograr tierra para el campesino. En este momento el gobierno nacional tiene un compromiso con nuestra federación de distribuir 5 mil hectáreas en el departamento de San Pedro, otras 4 mil en Caaguazú, y 2 mil hectáreas en Misiones. En todas las comunidades donde hay organizaciones afiliadas a la Federación estamos también organizando una resistencia contra el avance de la soja, en primer lugar para preservar la organización social, económica y cultural de las comunidades campesinas, amenazadas por la política agroexportadora. La persecución en nuestra contra es grande, tenemos varios compañeros y compañeras con procesos judiciales, hace poco tuvimos dos compañeros muertos en Caaguazú que iban a apoyar a una comunidad en lucha contra la fumigación aérea. Fueron interceptados por la policía local y asesinados.

-¿A cuánta gente representa la FNC?

-No tenemos padrón de afiliados. La gente se organiza en las asambleas comunitarias, luego en los distritos, luego en los departamentos y así hasta el nivel nacional. Igualmente, normalmente movilizamos unas 30 mil personas.

-¿Qué dificultades encuentran los grupos después que recibieron tierra?

-Es un tema que venimos discutiendo en todos los niveles porque es muy importante. Históricamente el gobierno ha ofrecido lotes de unas 10 hectáreas por familia y separados entre sí, de forma de no generar organización y dificultar el acceso a los servicios. Tampoco hay asistencia inicial para los asentamientos. Nosotros ahora estamos promoviendo un modelo llamado “asentamiento nuclear”, esto es respetando las formas comunitarias tradicionales lo que facilita el acceso a la educación, y los servicios. Pero el gobierno no acompaña los asentamientos en cuanto a créditos, asistencia técnica, traslado de tecnología, mucho menos en garantizar la venta de la producción que se rige estrictamente por las condiciones que impone el mercado.

-¿Cuál es el criterio con el que se distribuye la tierra una vez obtenida?

-Tenemos tres tipos de asentamiento. Uno colectivo que implica un título único de propiedad. Otra modalidad es semicolectiva porque cada familia tiene su lote individual, pero también existe un predio colectivo dentro del asentamiento, y después está el modelo que promueve el gobierno que es estrictamente de propiedad individual. En este momento nosotros impulsamos el asentamiento semicolectivo como forma de ir experimentando la generación de una renta colectiva, lo que implica una discusión y acuerdo de qué hacer con ella. Lamentablemente, sin considerar algunas ayudas puntuales, el gobierno no transfiere recursos ni tecnología a los asentados, y los bancos exigen garantías para otorgar créditos. Los asentamientos nuevos recién están comenzando a pagar su tierra, por lo cual no tienen aún título de propiedad.

-¿Qué responden a quienes afirman que las ocupaciones son un atentado a la propiedad privada y un ataque al orden legal?

-Esas acusaciones siempre existieron y en general provienen de la Asociación Rural del Paraguay que reúne a los latifundistas. Pretenden confundir a la sociedad, influencias a la Justicia y la Policía para reprimirnos con impunidad. Las leyes deben estar al servicio del pueblo, y hasta este momento la garantía constitucional de la propiedad privada es también un freno al desarrollo del país, fundamentalmente condena a las mayorías al hambre y la miseria. Las leyes deben adaptarse a las necesidades de los pueblos.

-¿Cómo preparan a los grupos que ocuparán tierras?

-Eso ocurre en las comunidades, hay asambleas de base y se discute el problema agrario y social que tenemos. Se hacen planteos al gobierno y si no hay respuesta nos movilizamos de muchas maneras, entre ellas, los compañeros sin tierra se preparan para ocupar. No es algo oculto. Se hace a la luz del día sin un entrenamiento especial.

-¿Cuál es el papel de la mujer en esta lucha?

-Hay una participación muy activa e igualitaria, desde las asambleas de base hasta las ocupaciones y movilizaciones. Nuestra Federación tiene una secretaría de la mujer que se expresa en todos los niveles de organización para impulsar la participación política de las compañeras. Las mujeres expresan un interés creciente por participar como sujeto en todas las instancias organizativas.

Además, la represión que recibimos siempre es mayor contra la mujer que contra el hombre, por causa de su género. En los desalojos de las ocupaciones, por ejemplo, no es raro que ocurra alguna violación de compañeras, inclusive con bocas de fusiles. Hay mayor agresión y violencia contra la mujer por ser mujer. Esto nos obliga a consolidar una discusión interna y a hallar una expresión organizativa concreta para responder a esta situación.

Carlos Amorín

© Rel-UITA

7 de junio de 2004