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El megaproyecto
hidroeléctrico
Río Grande Matagalpa
Impactos
ambientales, sociales y económicos |
Nicaragua está
viviendo una de las más fuertes crisis energéticas de las últimas décadas.
La casi total dependencia del
petróleo y de las fluctuaciones de su precio en el mercado mundial, las
políticas desconsideradas de los gobiernos neoliberales que han administrado
el país en los últimos 16 años, el régimen de monopolio en que se rige la
distribución de la energía eléctrica (en manos de las transnacional española
Union Fenosa) y la privatización casi total de la generación de energía, ha
llevado Nicaragua al borde del colapso. Cada día, por todo el territorio
nacional, se repiten de manera exasperante los sistemáticos apagones y el
racionamento del agua, recurso que está siendo amenazado por medidas
camufladas de privatización.
Al aproximarse la contienda
electoral del próximo 5 de Noviembre, los diferentes actores de la política
pública y los candidatos presidenciales, han desarrollado una poco creíble
campaña para solucionar la crisis energética.
En los diferentes programas
de gobierno se habla mucho de “desarrollo de fuentes alternativas de
energía”, pero muy raramente se explica cómo lo van a hacer y sobretodo, de
que manera se van a enfrentar al monopolio de las compañias petroleras
presentes en el país o van a garantizar que el Estado sea partícipe directo
de la explotación de estas nuevas fuentes.
En la búsqueda de fuentes
alternativas de generación de energía, uno de los megaproyectos que goza del
respaldo de distintos sectores de la clase política y empresarial nacional e
internacional, es la construcción di un sistema de generación hidroeléctrico
en la Cuenca del Río Grande de Matagalpa (Copalar, Tumarín y Mojolka), en el
Norte de Nicaragua.
El proyecto es propuesto por
la Empresa ENERGIA S.A., con un 70 por ciento de capital extranjero y un 30%
nacional.
El megaproyecto se propone
construir embalses para generación de energía hidroeléctrica hasta lograr
una capacidad instalada de 980 MW, mediante la construcción de 3 represas,
en dos fases consecutivas.
En la primera fase se van a
construir dos represas (Copalar y Tumarín) con un potencial de producción de
860 MW y en la segunda se va a desarrollar la tercera represa (Mojolka),
para producir otros 120 MW.
Actualmente existe un
proyecto de ley en la Asamblea Nacional para la aprobación de ese proyecto.
La costrucción de estos
embalses contempla la inundación de aproximadamente 345 Km² en la
confluencia de los límites de la Región Autonoma del Atlántico Sur,
Atlántico Norte y los Departamento de Boaco y Matagalpa, afectando
gravemente a la población existente en la zona y a los recursos naturales.
SIREL
participó en una conferencia de prensa del Centro Humboldt de
Nicaragua, donde se dió a conocer el plantamiento de esta organización
frente a las repercusiones sociales, económicas y ambientales que la
dimensión de ese proyecto provocará.
Según el Ing. Víctor
Campos, Subdirector del Centro Humboldt, “la afectación principal que va
a tener este proyecto en términos sociales será el desalojo y reasentamiento
de aproximada-mente 20 mil personas. La inundación de casi 350 Km², donde
surgen numerosos poblados (el más afectado sería el Municipio de Bocana de
Paiwas), provocaría el desarraigo de la población con consecuencias muy poco
cuantificables, pero seguramente graves, por la pérdida de valores de
identidad local y cultural, por la desaparición de escenarios importantes
ligados a la vida de esta gente.
Se va a inundar una zona que
ha sido, desde el punto de vista del patrimonio cultural, arqueológico,
paleontológico y de biodiversidad, muy poco estudiada y sin que el país
tenga en el futuro la posibilidad de valorar estos aspectos.
Otro efecto social que tendrá
el proyecto es el desencadenamiento de migración de los habitantes afectados
por el desalojo hacia los poblados más importantes de los alrededores.
Creo que se debería hacer un
estudio de costo-beneficio del proyecto en los términos de qué es lo que más
le conviene al país: si la generación hidroeléctrica en estos términos
planteados o la producción agropecuaria, el desarrollo y el aprovechamiento
de los recursos naturales de otra manera de la que está planteada en el
megaproyecto Río Grande Matagalpa”.
En su presentación, Víctor
Campos tocó también temas más amplios, explicando como estudios
internacionales han demostrado que la construcción de grandes embalses han
traido consecuencias negativas para el medio ambiente. En ese caso, el
Centro Humboldt comenzarà un estudio preliminar para poder estimar el daño
que se causarà, detectando ya desde ahora que “durante el proceso de
construcción y llenado, se va a cortar el flujo de agua y se va a causar una
gran baja en el caudal ecológico del río, agua abajo de la represa,
afectando directamente a las comunidades étnicas y pueblos indígenas de la
zona. Sabemos perfectamente – continuó Campos – que las plantas eléctricas
pueden ser una solución para el problema energético, pero hay que hacerlo
con mucho cuidado y tacto.
Nuestra posición es que se
debe diversificar la matriz energética del país, balanceando las diferentes
fuentes de producción energética para no vernos en los niveles de
dependencia que actualmente estamos sufriendo. En el caso de ese
megaproyecto, cuyo objetivo es producir energía para subsanar el déficit de
energía nacional (actualmente Nicaragua necesita di aproximadamente 450 MW
diario), pero sobretodo para venderla en el mercado regional
centroamericano.
La promoción de este proyecto
sacrifica nuestras condiciones ambientales, para favorecer los intereses de
empresas transnacionales y de un grupo reducido de empresarios locales. Su
magnitud contradice la voluntad nacional de reducir nuestro márgen de
dependencia y no es consistente con las proyecciones de cambio en la
composición de fuentes de la matriz energética nacional, sometiendo al país
a un nuevo tipo de monopolio de generación”.
Además de los costos
ambientales y sociales, hay también costos económicos.
Según Tania Osejo,
coordinadora del Área de Incidencia del Centro Humboldt, “nuestra posición
es que hay que aprovechar de las fuentes renovables con que cuenta el país.
La magnitud del Proyecto Río Grande Matagalpa trae también consecuencias
económicas. La disminución del caudal ecológico del río va a traer como
consecuencia una reducción significativa de la disponibilidad de agua en la
población agua abajo.
Eso implica una afectación a
las actividades agropecuarias y también impedirà la navegación y la pesca de
subsistencia, que son fundamentales en la vida de estas poblaciones. No nos
resulta que se esté contemplando que se va a garantizar el caudal mínimo
ecológico necesario, tanto para consumo humano como para estas actividades
de subsistencia.
Una inversión de tal magnitud
podría convertir ese proyecto en un objetivo de seguridad nacional,
comprometiendo la independencia de nuestras Fuerzas Armadas, como ya ha
occurrido en otras inversiones de menor monto, donde actúan como cuerpos de
protección física de una inversión privada, quebrantando lo establecido en
nuestra Constitución.
Otro aspecto tiene que ver
con lo jurídico. Si dejamos que se apruebe este proyecto, sin previa
aprobación de la Ley General de Agua, se podría convertir en un factor para
que los propietarios del proyecto no paguen en concepto de canon por el uso
y explotación del agua. Esto significaría la concentración de la tenencia y
propiedad de las áreas afectadas en manos de la empresa privada que lo
ejecute, lo cual significaría la privatización del recurso agua, tras la
concesión del uso exclusivo para generación de energía”.
El Centro Humboldt hizo
también algunas propuestas concretas frente a la intención de aprobar este
megaproyecto.
Pidió que se revisara la
formulación técnica del proyecto con base en las nuevas condiciones
naturales, como resultado de la crisis ambiental y global, redimensionandolo
para cubrir la demanda insatisfecha y las perspectivas de crecimiento para
los próximos 10 años.
Condicionó el proyecto a la
aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales y pidió que el Estado sea
el principal accionista (mayoritario) en cualquier actividad de generación
de energía, que se aproveche directamente de la base de los recursos
naturales nicaraguenses.
Planteó también la
diversificación de la producción de energía para no ser nuevamente
dependientes de una sóla fuente y favorecer el desarrollo de pequeñas
centrales hidroeléctricas, para encontrar soluciones locales a los problemas
de abastecimiento de energía y asegurando excedentes para la exportación al
mercado regional.
Considerar con seriedad el
estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en
que Nicaragua presenta un potencial de 40 mil MW de energía eólica.
Cualquier construcción de
embalses para la generación de energía debe contar con la aprobación de las
comunidades que van a ser afectadas y con un plan de ordenamiento de la
cuenca hidrográfica que la alimente.
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En Managua,
Giorgio Trucchi
© Rel-UITA
18
de octubre de 2006 |
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