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El
20 de diciembre de 2006 la Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró a 2011 como el Año
Internacional de los Bosques. En nuestra región lo
conmemoran talando árboles y con la irrupción
descontrolada de la minería.
En América Latina se deforestó en 30 años una
superficie similar a la de Colombia. Entre
1980 y 2010, el continente pasó de tener 992
millones de hectáreas de bosques a solo 884
millones.
Colombia
todavía es un país verde cuyos bosques cubren el
53,5 por ciento de su territorio continental, pero
su destrucción avanza vertiginosamente.
Un estudio realizado por el
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas
destaca que entre 2002 y 2007 la deforestación de la
Amazonía colombiana ha pasado de 35.700 kilómetros
cuadrados a 41.790 kilómetros cuadrados (aproximadamente
5,7 millones de canchas de fútbol).
En el Foro por Urabá que se desarrolló el
pasado viernes 3, del cual la Rel-UITA fue
convocante, el ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar,
manifestó que la deforestación anual en Colombia
alcanza a unas 350 mil hectáreas.
Otro dato socializado por el ministro señala que
“solamente en la región de Urabá existen títulos
mineros otorgados sobre 1,9 millones de hectáreas,
de las 2,4 millones que tiene la citada región”.
Además de la ganadería y el avance de los
monocultivos de caña de azúcar y palma africana para
la producción de agrocombustibles, la minería
ejercerá una presión brutal y decisiva sobre la
sustentabilidad de los bosques naturales.
La minería en Colombia recibe hoy más del 30
por ciento de la inversión extranjera directa. Tiene
mínimas cargas tributarias y serían aún menores en
el futuro; la normativa ambiental es deficiente; las
condiciones laborales son muy precarias y con una
sindicalización en el país que en el sector privado
no supera el 5 por ciento. Un escenario muy
atractivo para las transnacionales.
La deforestación y la minería están provocando
gravísimos impactos ambientales y sociales en
Colombia. Ambas actividades se desarrollan en
una matriz de corrupción y severas fallas de control
estatal.
Datos recientes
revelan que la tala ilegal en Colombia
alcanza un 42 por ciento de la producción total de
madera. El sector minero, por su parte, tiene lo
suyo y para todos los gustos: hoy se sabe que en el
Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) -que
se autodefine como una Administración eficiente y
responsable del recurso minero colombiano-
“había una red dedicada al tráfico de títulos
mineros en todo el país, con asignaciones de
derechos de explotación en zonas prohibidas y hasta
en suelo venezolano”.
(El Tiempo, 5│05│11)
Como lo documentó la Revista Poder, letreros
como el siguiente abundan en las carreteras: “Vendo
título minero en Boyacá 1.500 hectáreas…”
Según el El Espectador, en su edición digital
del 2 de junio,
“en solo ocho años el número de títulos otorgados se
multiplicó por 33, pero los controles no se
multiplicaron por 33. Se puede aceptar, siendo
generosos, que tal crecimiento -se pasó de 187
títulos otorgados en el gobierno Gaviria, 172
en el gobierno Samper y 221 en el gobierno
Pastrana, a 7.397 en el gobierno Uribe-
obedece a la llamada confianza inversionista y al
importante incremento de los precios mundiales de
hidrocarburos. Lo que no se puede perdonar es la
piñata que se permitió”, enfatiza el periódico.
Los bosques son los ecosistemas que más agua
producen, y en Colombia están siendo
destruidos. “La explotación de megaminería de oro en
alta montaña requiere mil litros de agua por segundo
para la obtención de un gramo de oro. Eso quiere
decir que en un día de explotación se necesita la
misma cantidad de agua que demanda por día una
ciudad de 600 mil habitantes.* No es difícil
anticipar entonces que la sed castigará a
Colombia en un futuro no muy lejano.
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